Así es el proyecto de ley que radicó el gobierno contra la minería ilegal
La iniciativa penaliza el uso del mercurio para las actividades de minería y el comercio, transporte y el beneficio de minerales extraídos ilegalmente.
El Gobierno Nacional radicó ante la Comisión Primera de Semana un proyecto de ley que busca dar más herramientas a las autoridades en sus actividades en contra de la exploración y explotación ilícita de minerales en el país. La iniciativa legislativa crea nuevos delitos para abarcar a todos los eslabones de la cadena y así poder judicializar no solo a quienes hacen la extracción, sino también a quiénes comercializan y se benefician de minerales extraídos ilegalmente. Y, como asunto clave, se penaliza el uso de mercurio.
El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, explicó que el proyecto de ley es necesario pues con las reglas de juego actuales las autoridades deben demostrar la gravedad del daño ambiental producido para que la actividad sea considerada explotación ilícita, no se castiga el uso del mercurio a pesar de que está prohibido y no hay relación entre estos actividades ilegales con los delitos de lavado de activos o de financiación al terrorismo.
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En ese sentido, el proyecto de ley que deberá hacer su curso en el Congreso busca que se pueda judicializar solo por explotar minerales sin permiso de la autoridad competente y la pena mínima del delito pasa de 2 a 5 años. La explotación ilícita de minerales se usará como fue del delito de lavado de activos y tendrá más penas cuando financie al terrorismo. Además, se crea el delito de “comercialización, beneficio y transporte de minerales con origen ilegal”, se penaliza el uso del mercurio y se endurecen penas en todas estas conductas, incluido cuando se realicen en parques naturales o zonas protegidas.
Se considerará como un agravante para estas actividades ilegales, además, que se afecte la capa vegetal o se destruyan cauces y rondas hídricas; cuando se genere daño a los recursos naturales o al medio ambiente; y cuando se realice por medios mecanizados o con explosivos. El proyecto de ley busca igualmente que se pueda vender o subastar los bienes asociados a estas actividades, luego de su sanción, como la maquinaria. Y que el dinero pueda ser utilizado en la restauración de las áreas degradadas.
El proyecto de ley permite que caduquen los títulos mineros para quiénes contraten menores de 18 años en actividades de minería y crea sanciones para explotadores mineros que excedan los volúmenes que establece la autoridad minera, para comercializadores que compren minerales a quiénes no tienen título. Además, la iniciativa obliga al Gobierno a reglamentar y establecer mecanismos para determinar procedencia y trazabilidad de los minerales.
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El ministro de Minas, Diego Mesa, aseguró que “la minería ‘con todas las de la ley’ cumple con altos estándares técnicos, sociales y ambientales, y genera recursos que se traducen en obras y beneficios para el país y las regiones. Por el contrario, la explotación ilícita de minerales atenta contra el medio ambiente, se apropia de recursos de todos los colombianos y es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”.
Mesa aseguró que a partir de 2016, cuando iniciaron los controles sobre la comercialización de oro, se habría dejado de reportar una producción de este mineral de 30 toneladas año, que tienen un valor comercial de $3,6 billones. “Esto representa aproximadamente $140 mil millones de pesos en regalías dejadas de percibir durante el año 2019, con lo cual se podrían haber construido unas 1.400 viviendas de interés social”, dijo.
El Ministro de Defensa, carlos Holmes Trujillo, dijo que el proyecto de ley tiene el visto bueno del Consejo de Política Criminal. “El narcotráfico y la explotación ilícita de minerales se han convertido en los principales destructores de nuestros recursos naturales, pues están entre las principales fuentes de financiación de los Grupos Armados Organizados. A los criminales no les importa usar sustancias tan tóxicas como el mercurio y el cianuro, que causan daños irreversibles a nuestros ecosistemas, a nuestra fauna y a nuestra flora”, dijo.
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Según Holmes Trujillo, la explotación ilícita de minerales es la cuarta causa de deforestación de acuerdo con el informe del IDEAM 2019. explotación ilícita de oro ascendió a 65.000 hectáreas en 2018. Afecta, principalmente, a los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca, sur de Bolívar y Chocó, con reportes en tres Parques Nacionales Naturales: Puinawai, ubicado en territorios de los departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá; Paramillo, ubicado en Antioquia y Córdoba; y Farallones, en el Valle del Cauca.
El Gobierno dijo que el sector minero genera alrededor de 350.000 empleos, que representa el 21% de las exportaciones, el 15% de la Inversión Extranjera Directa y el 20% de las regalías. También explicó que la minería ilegal es la cuarta causa de deforestación, afectando principalmente en la Serranía de San Lucas, en la zona del río Atrato, y en el Litoral del Pacífico entre Cauca y Nariño, según el Reporte de Deforestación del IDEAM 2019.
El Gobierno Nacional radicó ante la Comisión Primera de Semana un proyecto de ley que busca dar más herramientas a las autoridades en sus actividades en contra de la exploración y explotación ilícita de minerales en el país. La iniciativa legislativa crea nuevos delitos para abarcar a todos los eslabones de la cadena y así poder judicializar no solo a quienes hacen la extracción, sino también a quiénes comercializan y se benefician de minerales extraídos ilegalmente. Y, como asunto clave, se penaliza el uso de mercurio.
El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, explicó que el proyecto de ley es necesario pues con las reglas de juego actuales las autoridades deben demostrar la gravedad del daño ambiental producido para que la actividad sea considerada explotación ilícita, no se castiga el uso del mercurio a pesar de que está prohibido y no hay relación entre estos actividades ilegales con los delitos de lavado de activos o de financiación al terrorismo.
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En ese sentido, el proyecto de ley que deberá hacer su curso en el Congreso busca que se pueda judicializar solo por explotar minerales sin permiso de la autoridad competente y la pena mínima del delito pasa de 2 a 5 años. La explotación ilícita de minerales se usará como fue del delito de lavado de activos y tendrá más penas cuando financie al terrorismo. Además, se crea el delito de “comercialización, beneficio y transporte de minerales con origen ilegal”, se penaliza el uso del mercurio y se endurecen penas en todas estas conductas, incluido cuando se realicen en parques naturales o zonas protegidas.
Se considerará como un agravante para estas actividades ilegales, además, que se afecte la capa vegetal o se destruyan cauces y rondas hídricas; cuando se genere daño a los recursos naturales o al medio ambiente; y cuando se realice por medios mecanizados o con explosivos. El proyecto de ley busca igualmente que se pueda vender o subastar los bienes asociados a estas actividades, luego de su sanción, como la maquinaria. Y que el dinero pueda ser utilizado en la restauración de las áreas degradadas.
El proyecto de ley permite que caduquen los títulos mineros para quiénes contraten menores de 18 años en actividades de minería y crea sanciones para explotadores mineros que excedan los volúmenes que establece la autoridad minera, para comercializadores que compren minerales a quiénes no tienen título. Además, la iniciativa obliga al Gobierno a reglamentar y establecer mecanismos para determinar procedencia y trazabilidad de los minerales.
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El ministro de Minas, Diego Mesa, aseguró que “la minería ‘con todas las de la ley’ cumple con altos estándares técnicos, sociales y ambientales, y genera recursos que se traducen en obras y beneficios para el país y las regiones. Por el contrario, la explotación ilícita de minerales atenta contra el medio ambiente, se apropia de recursos de todos los colombianos y es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”.
Mesa aseguró que a partir de 2016, cuando iniciaron los controles sobre la comercialización de oro, se habría dejado de reportar una producción de este mineral de 30 toneladas año, que tienen un valor comercial de $3,6 billones. “Esto representa aproximadamente $140 mil millones de pesos en regalías dejadas de percibir durante el año 2019, con lo cual se podrían haber construido unas 1.400 viviendas de interés social”, dijo.
El Ministro de Defensa, carlos Holmes Trujillo, dijo que el proyecto de ley tiene el visto bueno del Consejo de Política Criminal. “El narcotráfico y la explotación ilícita de minerales se han convertido en los principales destructores de nuestros recursos naturales, pues están entre las principales fuentes de financiación de los Grupos Armados Organizados. A los criminales no les importa usar sustancias tan tóxicas como el mercurio y el cianuro, que causan daños irreversibles a nuestros ecosistemas, a nuestra fauna y a nuestra flora”, dijo.
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Según Holmes Trujillo, la explotación ilícita de minerales es la cuarta causa de deforestación de acuerdo con el informe del IDEAM 2019. explotación ilícita de oro ascendió a 65.000 hectáreas en 2018. Afecta, principalmente, a los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca, sur de Bolívar y Chocó, con reportes en tres Parques Nacionales Naturales: Puinawai, ubicado en territorios de los departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá; Paramillo, ubicado en Antioquia y Córdoba; y Farallones, en el Valle del Cauca.
El Gobierno dijo que el sector minero genera alrededor de 350.000 empleos, que representa el 21% de las exportaciones, el 15% de la Inversión Extranjera Directa y el 20% de las regalías. También explicó que la minería ilegal es la cuarta causa de deforestación, afectando principalmente en la Serranía de San Lucas, en la zona del río Atrato, y en el Litoral del Pacífico entre Cauca y Nariño, según el Reporte de Deforestación del IDEAM 2019.