Investigan por explotación sexual de niños indígenas a 118 militares en Guaviare

Niñas indígenas de la etnia jiw en el muelle del río Guaviare. (Imagen de referencia)

Foto: NATALIA PEDRAZA BRAVO

Los horrores que se vivieron, al menos durante tres años, en una zona de tolerancia de San José del Guaviare tienen a las autoridades de todo el país en máxima alerta. Las denuncias apuntan a que niños, niñas y adolescentes indígenas de las poblaciones Jiw y Nukak son explotados sexualmente a cambio de comida, drogas o dinero. Y, para agravar la situación, los responsables serían miembros de la fuerza pública y, al parecer, un militar estadounidense.

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La situación es tan grave que hoy, el presidente Gustavo Petro, reaccionó a través de su cuenta de Twitter y reveló un dato que no es menor: al menos 118 militares del Ejército estarían bajo la lupa de la Fiscalía por abuso sexual de menores de edad en esa región. Allí cumple operaciones la Brigada de Selva N°22. “¿Hay una dignidad de la Patria? ¿Hay una dignidad de la madre tierra? Sí y mil veces sí. La dignidad de sus mujeres y de sus niñas que nadie debe mancillar”, agregó el primer mandatario.

Uno de los casos más graves que se han documentado, no solo por la prensa sino por la Personería del municipio y la Policía departamental, es el padecido por una niña indígena que en 2019, cuando tenía 10 años, dio a luz en el Hospital de San José del Guaviare. Su familia aseguró que el abuso, y posterior embarazo, fue culpa de un militar estadounidense que estaba de comisión en el municipio.

La situación en esta zona de tolerancia es tan grave que, según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cada semana se reciben cuatro casos de abusos sexuales de niñas. Por eso, la Procuraduría tomó cartas en el asunto y le pidió informes de acciones, del periodo entre 2019 y 2022, al ICBF, así como a la Fiscalía, la Defensoría y a las Comisarías de Familia de San José del Guaviare.

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Si bien el tema volvió a la agenda pública por cuenta de varias publicaciones de prensa, lo cierto es que la Personería de San José del Guaviare, lleva años advirtiendo que la problemática permanece enquistada en pleno casco urbano del municipio. En diálogo con El Espectador, Carolina Galeano, personera municipal, explicó que entender las condiciones de explotación sexual hay que dirigirse a la zona de tolerancia conocida como El Puerto o El Malecón.

En medio de discotecas y prostíbulos, niños, niñas y adolescentes indígenas son ofrecidos sexualmente y el pago que reciben va desde dinero, hasta comida y pegante industrial. “El Icbf ha denunciado en nuestra oficina que algunas de las niñas Nukak, lo que es bastante alarmante, no ven esta situación como una circunstancia de explotación sexual, sino como una forma de ayudarse económicamente”, dijo Galeano.

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Y agregó: “Partiendo de ahí, tenemos un problema grandísimo. Lo ven como una forma de trabajo”, dijo Galeano. Por eso, la persona atribuye el grave panorama a la falta de articulación entre las autoridades que, por su cuenta, adelantan labores contra la explotación sexual infantil. No obstante, la funcionaria considera que la raíz del problema está en las condiciones sociales de los indígenas Jiw y Nukak, que viven en situación de desplazamiento y pobreza extrema, a causa de la presencia de grupos armados ilegales en la zona rural.

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“Uno de los factores importantes es la pérdida del territorio. Las diferentes comunidades indígenas han sido desplazadas por el conflicto armado de manera forzosa. La pérdida de su territorio los ha llevado a perder su cultura y sus costumbres. Las familias de estos y estas jóvenes quedan inmersas en el consumo de alcohol y la prostitución, que luego permean a los niños”, concluyó Galeano.

El coronel Dalmiro Heras, comandante de la Policía del Guaviare, asegura que, al momento, no se puede hablar de la presencia de una red de explotación sexual. Sin embargo, tiene conocimiento que los responsables de estas conductas gravísimas se aprovechan de su condición y les hacen pensar a sus víctimas que no es un delito, sino un medio para generar ingresos.

Entre tanto, la personera Galeano espera que tanto la Policía como el ICBF articulen esfuerzos para hacer pedagogía en las comunidades indígenas y en evitar la llegada de menores de edad a las zonas de tolerancia. La Procuraduría, por su parte, espera el resultado de los informes en los próximos días y aseguró prestar especial atención a miembros de la fuerza pública señalados por abuso sexual.

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