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Una red de corrupción al interior del Ejército Nacional fue desarticulada en el municipio de Ocaña (Norte de Santander). Según la Fiscalía General de la Nación, siete uniformados de esa institución harían parte de un entramado ilegal que se apropiaba del dinero destinado a la alimentación del personal que integra el Batallón de Infantería Santander, en esa población.
Se trata del teniente coronel Nelson Cuta Silva, los mayores Camilo Andrés Bonilla Bernal y Jefferson Alexander Silva Ruiz, el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez y los sargentos Jonathan Andrés Rojas Díaz, Leonardo Ciro López y Luis Edilson Torres Villa. Según el ente investigador, los uniformados habrían desviado a sus bolsillos al menos COP 200 millones.
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La Fiscalía detalló que tiene información en la que se relaciona a los siete militares con al menos cinco hechos delictivos en los que habrían gestionado y tramitado los recursos públicos de los cuales se habrían apropiado de forma ilegal, desde sus cargos administrativos en la unidad militar. La dinámica, al parecer, estaba basada en adelantar gestiones para gastos irregulares.
“Los elementos materiales probatorios indican que estarían implicados en cinco eventos delictivos en los que habrían generado y autorizado órdenes falsas de abastecimiento de víveres secos y frescos, las cuales permitieron la asignación y ejecución de partidas presupuestales”, indicó el ente investigador por medio de un comunicado.
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Con esos trámites adelantados, dijo la Fiscalía, los uniformados legalizaban la supuesta entrega de los víveres rellenando formatos en los que consignaban la información de otros uniformados del Batallón de Infantería Santander que estaban de permiso, en vacaciones, en turnos de descanso, o que participaban en operaciones y estaban fuera de las instalaciones.
“Estos documentos fueron consignados en los sistemas misionales de la entidad, sin firmas o constancia de recibido por parte de los comandantes de las patrullas o pelotones que debían certificar el suministro”, señaló la Fiscalía. Los uniformados fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
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Ninguno aceptó los cargos; sin embargo, una jueza de control de garantías de Santander ordenó para seis de ellos la medida de aseguramiento preventiva en sus lugares de residencia. Solo el capitán Salina Rodríguez seguirá vinculado al Ejército, mientras que la Fiscalía avanza en sus investigaciones y se adelanta el proceso penal en su contra.
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