Así será reparado un fiscal exiliado por investigar el paramilitarismo en Antioquia

Un antiguo investigador de la Fiscalía será indemnizado por el Estado colombiano y por la misma institución, pues no fue protegido cuando investigaba el homicidio de Jesús María Valle, el 27 de febrero de 1998, abogado quien fue asesinado por sus denuncias constantes contra el paramilitarismo en Antioquia y sus nexos con la fuerza pública. El funcionario es reconocido como fiscal sin rostro, una de las estrategias que utilizó la justicia colombiana para proteger la identidad de quienes, en pleno ascenso de las Autodefensas Unidas de Colombia y el narcotráfico, lideraron las pesquisas contra esos grupos criminales.

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De acuerdo con el Consejo de Estado, el cual tumbó una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de noviembre de 2011, reconoció los perjuicios morales que sufrieron el fiscal sin rostro, su esposa y su hija, quienes se vieron obligados a exiliarse en agosto de 1999. “Migrar les salvó la vida, pero a la vez, los situó en una zona gris en materia de pertenencia y derechos. Estaban a mitad de camino entre un país al que no podían volver y otro al que no terminaban de pertenecer”, agregó la alta corte.

La historia del presente fiscal sin rostro, quien será reparado económicamente por la Fiscalía, inició el 3 de noviembre de 1993, cuando se incorporó a la institución como delegado ante los jueces penales de Itagüí (Antioquia). Cinco años después, tras su destacada labor, llegó al despacho delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín, que por la época tenían varios casos de investigación relacionados con el crimen organizado en la región.

De hecho, una vez tomó su nuevo cargo, al funcionario le escondieron el nombre. Desde ese momento, en todo registro judicial apareció como fiscal sin rostro, ante el contexto de violencia contra jueces e investigadores en Colombia. De acuerdo con el exministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, en su libro La Historia de las Guerras, la violencia de Pablo Escobar cambió el ejercicio de la justicia en el país.

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“Los ataques a la justicia, asesinatos de jueces e investigadores y la debilidad del aparato judicial llevaron a la necesidad, primero de abolir los jurados de conciencia por considerar que los ciudadanos llamados a cumplir estas tareas eran muy vulnerables y no había como protegerlos. Luego se establecieron tribunales especiales de investigación y juzgamiento en los cuales la identidad de los funcionarios se mantenía en reserva. Jueces sin rostro fue el nombre con que se conoció a esta figura”, explicó el exministro Rafael Pardo.

Una de las tareas del fiscal sin rostro fue investigar el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien en su oficina fue baleado por sicarios de La Terraza, grupo que manejaba -y aún lo hace- el crimen organizado en Medellín. Valle había liderado las investigaciones por las masacres de El Aro, en 1997, y La Granja, 1996, llevadas a cabo por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por los hermanos Castaño. El crimen contra el abogado fue declarado de lesa humanidad y tiene al expresidente Álvaro Uribe bajo indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia. El exmandatario se ha declarado inocente.

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Mientras el fiscal sin rostro le seguía la pista al crimen de Valle, en junio de 1999, un fiscal le comunicó a su jefe inmediato que había una lista de 17 investigadores que iban a matar, entre los que reposaba su nombre. Una sentencia de muerte. “La Fiscalía, aseguró, no asumió gestión alguna para protegerlo”, agregó el Consejo de Estado. Tanto el funcionario como su jefe buscaron ayuda en el Alto Comisionado de la ONU en Colombia, desde donde se logró una entrevista con el vicefiscal general de la Nación.

El jefe inmediato del fiscal sin rostro, Jesús Guillermo Escobar, envió un fax al entonces vicefiscal, sin embargo, nadie en el ente investigador se pronunció sobre la situación de riesgo denunciada. “Bonilla renunció el 3 de agosto de 1998 porque consideró inminente el peligro contra su vida. La renuncia inicialmente fue motivada, pero un funcionario de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad le solicitó que la presentara sin motivación para que pudiera ser aceptada de manera inmediata”, agregó el Consejo de Estado.

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Así las cosas, el fiscal sin rostro y su familia viajaron a Europa como solicitantes de asilo, el cual fue concedido por un país europeo el 11 de febrero de 2000, seis meses después de que partieron del territorio nacional. En el lapso que consiguieron país para residir, estuvieron viviendo en campos de refugiados y casas de familia, sin posibilidad de comunicarse con sus respectivas familias. Además, abandonaron todos sus bienes.

“El señor (…) y su familia salieron de Colombia para salvar sus vidas y tuvieron que pagar el alto costo de todos los exilios similares: la lesión a bienes intangibles como el arraigo, la pertenencia, la identidad o la unidad familiar, que se dan por descontado en el patrimonio inmaterial de personas cuya vida no ha sido alterada por este tipo de violencia”, agregó la alta corte. El padre del fiscal sin rostro, quien estaba enfermo y era visitado dos veces a la semana por el investigador, murió sin despedirse de él.

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Durante el proceso, la Fiscalía aseguró que en el fax del jefe inmediato Escobar nunca se pidió protección para el fiscal y su familia de manera concreta, sino que expuso una serie de circunstancias para poner en consideración del vicefiscal general. Además, el ente investigador aseguró que la víctima actúo de forma “paranoica” e “infundada”, pues las amenazas de las AUC pudieron haber sido dirigidas a un grupo de estudiantes cercanos a él, pertenecientes al consultorio jurídico de las Universidad de Antioquia.

“Por la intensidad de ese dolor, en un caso muy similar a este, la Sala reconoció 100 SMLMV a cada una de las víctimas del exilio, que eran también un fiscal sin rostro, su esposa y su hija. La Sala respetará ese precedente y reconocerá el mismo monto, teniendo en cuenta la magnitud del perjuicio que acaba de definirse”, concluyó el Consejo de Estado, Además, los padres de el investigador y su esposa también serán indemnizados, teniendo en cuenta el profundo dolor que significó separarse de sus seres amados.

Un antiguo investigador de la Fiscalía será indemnizado por el Estado colombiano y por la misma institución, pues no fue protegido cuando investigaba el homicidio de Jesús María Valle, el 27 de febrero de 1998, abogado quien fue asesinado por sus denuncias constantes contra el paramilitarismo en Antioquia y sus nexos con la fuerza pública. El funcionario es reconocido como fiscal sin rostro, una de las estrategias que utilizó la justicia colombiana para proteger la identidad de quienes, en pleno ascenso de las Autodefensas Unidas de Colombia y el narcotráfico, lideraron las pesquisas contra esos grupos criminales.

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De acuerdo con el Consejo de Estado, el cual tumbó una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de noviembre de 2011, reconoció los perjuicios morales que sufrieron el fiscal sin rostro, su esposa y su hija, quienes se vieron obligados a exiliarse en agosto de 1999. “Migrar les salvó la vida, pero a la vez, los situó en una zona gris en materia de pertenencia y derechos. Estaban a mitad de camino entre un país al que no podían volver y otro al que no terminaban de pertenecer”, agregó la alta corte.

La historia del presente fiscal sin rostro, quien será reparado económicamente por la Fiscalía, inició el 3 de noviembre de 1993, cuando se incorporó a la institución como delegado ante los jueces penales de Itagüí (Antioquia). Cinco años después, tras su destacada labor, llegó al despacho delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín, que por la época tenían varios casos de investigación relacionados con el crimen organizado en la región.

De hecho, una vez tomó su nuevo cargo, al funcionario le escondieron el nombre. Desde ese momento, en todo registro judicial apareció como fiscal sin rostro, ante el contexto de violencia contra jueces e investigadores en Colombia. De acuerdo con el exministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, en su libro La Historia de las Guerras, la violencia de Pablo Escobar cambió el ejercicio de la justicia en el país.

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“Los ataques a la justicia, asesinatos de jueces e investigadores y la debilidad del aparato judicial llevaron a la necesidad, primero de abolir los jurados de conciencia por considerar que los ciudadanos llamados a cumplir estas tareas eran muy vulnerables y no había como protegerlos. Luego se establecieron tribunales especiales de investigación y juzgamiento en los cuales la identidad de los funcionarios se mantenía en reserva. Jueces sin rostro fue el nombre con que se conoció a esta figura”, explicó el exministro Rafael Pardo.

Una de las tareas del fiscal sin rostro fue investigar el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien en su oficina fue baleado por sicarios de La Terraza, grupo que manejaba -y aún lo hace- el crimen organizado en Medellín. Valle había liderado las investigaciones por las masacres de El Aro, en 1997, y La Granja, 1996, llevadas a cabo por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por los hermanos Castaño. El crimen contra el abogado fue declarado de lesa humanidad y tiene al expresidente Álvaro Uribe bajo indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia. El exmandatario se ha declarado inocente.

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Mientras el fiscal sin rostro le seguía la pista al crimen de Valle, en junio de 1999, un fiscal le comunicó a su jefe inmediato que había una lista de 17 investigadores que iban a matar, entre los que reposaba su nombre. Una sentencia de muerte. “La Fiscalía, aseguró, no asumió gestión alguna para protegerlo”, agregó el Consejo de Estado. Tanto el funcionario como su jefe buscaron ayuda en el Alto Comisionado de la ONU en Colombia, desde donde se logró una entrevista con el vicefiscal general de la Nación.

El jefe inmediato del fiscal sin rostro, Jesús Guillermo Escobar, envió un fax al entonces vicefiscal, sin embargo, nadie en el ente investigador se pronunció sobre la situación de riesgo denunciada. “Bonilla renunció el 3 de agosto de 1998 porque consideró inminente el peligro contra su vida. La renuncia inicialmente fue motivada, pero un funcionario de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad le solicitó que la presentara sin motivación para que pudiera ser aceptada de manera inmediata”, agregó el Consejo de Estado.

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Así las cosas, el fiscal sin rostro y su familia viajaron a Europa como solicitantes de asilo, el cual fue concedido por un país europeo el 11 de febrero de 2000, seis meses después de que partieron del territorio nacional. En el lapso que consiguieron país para residir, estuvieron viviendo en campos de refugiados y casas de familia, sin posibilidad de comunicarse con sus respectivas familias. Además, abandonaron todos sus bienes.

“El señor (…) y su familia salieron de Colombia para salvar sus vidas y tuvieron que pagar el alto costo de todos los exilios similares: la lesión a bienes intangibles como el arraigo, la pertenencia, la identidad o la unidad familiar, que se dan por descontado en el patrimonio inmaterial de personas cuya vida no ha sido alterada por este tipo de violencia”, agregó la alta corte. El padre del fiscal sin rostro, quien estaba enfermo y era visitado dos veces a la semana por el investigador, murió sin despedirse de él.

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Durante el proceso, la Fiscalía aseguró que en el fax del jefe inmediato Escobar nunca se pidió protección para el fiscal y su familia de manera concreta, sino que expuso una serie de circunstancias para poner en consideración del vicefiscal general. Además, el ente investigador aseguró que la víctima actúo de forma “paranoica” e “infundada”, pues las amenazas de las AUC pudieron haber sido dirigidas a un grupo de estudiantes cercanos a él, pertenecientes al consultorio jurídico de las Universidad de Antioquia.

“Por la intensidad de ese dolor, en un caso muy similar a este, la Sala reconoció 100 SMLMV a cada una de las víctimas del exilio, que eran también un fiscal sin rostro, su esposa y su hija. La Sala respetará ese precedente y reconocerá el mismo monto, teniendo en cuenta la magnitud del perjuicio que acaba de definirse”, concluyó el Consejo de Estado, Además, los padres de el investigador y su esposa también serán indemnizados, teniendo en cuenta el profundo dolor que significó separarse de sus seres amados.