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Desde 2016, la Contraloría presentó al país y al mundo el descalabro de $5 billones en el proyecto para la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), como el escándalo económico del siglo. Desde esa época, y hasta ahora, el ente de control fiscal ha sacado pecho con la investigación sobre las supuestas multimillonarias perdidas de recursos que, según determinaron, ocasionaron exejecutivos de la refinería. Esta semana, este diario reveló una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que encontró que ese dinero realmente nunca se perdió y que, en consecuencia, nunca existió un desfalco a la Nación. Ahora, El Espectador conoció que la propia Contraloría tuvo que echarse para atrás en otro proceso ligado a su caso insignia, porque encontraron que el dinero nunca fue malgastado.
En contexto: El daño patrimonial de $2.9 billones de Reficar nunca existió
Se trata de un auto de la Contraloría del pasado 31 de octubre con el que la Sala Fiscal y Sancionatoria de esa entidad confirmó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal en contra de tres expresidentes y cinco altos exejecutivos de Reficar. La decisión pasó de agache, pese a que hace unos años la entidad anunció la apertura de esta investigación con bombos y platillos. Sin embargo, quienes fueron señalados como los supuestos responsables del desfalco a las cuentas del Estado sí quieren que esta noticia se escuche con la misma fuerza con la que hace unos años quedaron bajo el ojo público, pues la Contraloría se dio cuenta de sus propios errores y decidió cerrar el expediente.
Durante dos administraciones seguidas, la de Edgardo Maya Villazón (2014-2018) y la de Felipe Córdoba (2018-2022), el ente de control presentó el caso de Reficar como “el mayor desfalco de la historia de Colombia”. Sin embargo, el informe de la Sala Fiscal y Sancionatoria señala que la investigación que adelantó la Contraloría nunca probó que hubiera un malgasto de recursos. Lo que encontró ahora la propia entidad es que, pese a que Reficar entregó todos los documentos para probar que nunca se perdió un peso de la obra, los investigadores no revisaron de manera correcta los archivos que les entregó la refinería cuando arrancaron las investigaciones en 2018.
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En este proceso, que es más conocido como Reficar 2, la Contraloría señaló que había hallazgos de la pérdida de más de $942.795 millones y que los responsables eran tres expresidentes y cinco altos ejecutivos de Reficar. Los investigados fueron: Reyes Reynoso Yánes, Adolfo Tomás Hernández Núñez, Amaury Enrique de la Espriella Martínez, Mauricio Ramírez Terrassa, Jaime Eduardo Caballero Uribe, Ana Isabel Choucair Cárdenas y Fernando Cordón López. Los abogados de todos los investigados pidieron, desde 2018, que se revisaran todas las actas, documentos y cualquier archivo que pudiera resolver el proceso de la manera más rápida. Así fue que se dieron cuenta de que Reficar sí le había entregado toda la información a la Contraloría para probar en qué se habían gastado hasta el último centavo.
Cuando le pidieron al ente de control que revisara los documentos, la propia Contraloría se dio cuenta de que tomaron la decisión sin tener certeza del uso que se le dio al dinero. No era un tema fácil de aceptar. No solo fue uno de los casos más importantes de la administración de Edgargo Maya, sino que su sucesor, Carlos Felipe Córdoba, también sacó pecho con este proceso. Este último no solo dijo haber encontrado hechos que ameritaban declarar la investigación como una de impacto nacional, sino que puso a sus mejores contralores a sacar adelante el proceso. En agosto de 2021 concluyeron las pesquisas y decidió abrir oficialmente el proceso de responsabilidad fiscal en contra de los tres expresidentes y los cinco exejecutivos.
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La investigación que hizo inicialmente la Contraloría en el caso daba cuenta de que hubo un gran daño patrimonial a la Nación por los recursos desembolsados por Reficar entre 2015 y 2018. Lo que se encontró en ese entonces fue que se entregaron más de US$9 millones entre junio y diciembre de 2015; y más de US$12 millones entre 2016 y 2018. También, que ingresaron al presupuesto de Reficar más de US$268 millones, que, en ese momento, la Contraloría no puso identificar si se habían ejecutado o no dentro del proyecto. Esos dineros, a los ojos del ente de control, eran aparentemente injustificados “en tanto que no permitía comprobar si estos cumplían o no con su finalidad pública”, todo porque los objetivos para los que se iban a usar “no guardaban relación con los hechos que fueron investigados”.
Aunque la Contraloría falló en otros casos en contra de exintegrantes de la junta directiva de Reficar, en este, dice la sala, no se pudo probar que hubiera realmente un daño patrimonial por dineros que hayan sido malgastados por los ocho exfuncionarios. Y no solo eso. Después de abrir el proceso de responsabilidad fiscal en agosto de 2021, la defensa de los exejecutivos señalados envió pruebas al ente de control para que revisara que cada peso que había llegado al megaproyecto, fue empleado para sacarlo adelante. En esos informes que revisó la Contraloría después de todo el escándalo, la entidad logró “evidenciar a los terceros (beneficiarios) a quienes se les realizaron los pagos en actividades asociadas al referido proyecto y el concepto en lo que fueron invertidos”. Es más, dice la sala, se llegó a encontrar “el número de contrato en cada pago y la naturaleza del bien o servicio contratado”.
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Incluso, llegando al final de las investigaciones en contra de los exejecutivos de este caso, la Contraloría hizo una revisión de los dineros que le llegaron a Reficar ente 2008 y 2017, y encontró para qué fue destinado cada peso. “US$8.560′044.177, para la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena; US$186′000.000 para la compra de materia prima (crudo) necesaria para la realización de las pruebas de arranque de la nueva refinería; US$189′992.772 para la atención de los problemas de liquidez de la sociedad Reficar y solventar los problemas de liquidez de la Nueva Refinería”. Es decir, que cuando la Contraloría por fin buscó bien el destino del dinero presuntamente malgastado, evidenciaron que sí se usó todo para el proyecto y no afectó las arcas del Estado.
Al revisar nuevamente todo el proceso para ver si lo correcto era archivarlo o no, la Sala Fiscal y Sancionatoria concluyó el 31 de octubre pasado que “los hechos investigados no son constitutivos de detrimento patrimonial”. Según explica el documento conocido por este diario, “si bien en un inicio no se tenía certeza en qué habían sido invertidos y quiénes fueron los beneficiarios de las mencionadas operaciones, en este proceso quedo demostrado” en qué se empleó cada recurso. Asimismo, explicó que, aunque había discrepancias y faltantes en su información, con lo suministrado por Reficar quedó justificado cada gasto hecho en la megaobra. “No hay lugar a continuar con esta investigación y esta instancia confirma el archive del proceso”, dice el documento.
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Esta determinación de la Contraloría se conoce la misma semana en que El Espectador reveló los detalles de un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca que tumbó una parte clave de la decisión que responsabilizó fiscalmente a la cúpula de Reficar por un desfalco que se calculó en $2,9 billones. Lo que encontró esa instancia judicial al revisar una demanda presentada por Hernando José Gómez Restrepo, exmiembro de la junta directiva de Reficar, es que nunca existió tal desfalco. En ese caso, el Tribunal dijo que la Contraloría con su investigación no supo explicar la responsabilidad ni intención de afectar el patrimonio del Estado por parte de los ejecutivos. Además, no explicó las cuentas que usó el ente de control no fueron las correctas, porque no tenían relación con los dineros supuestamente faltantes.
Con esta decisión, se confirma, por segunda vez, que el caso más grande que ha tenido la Contraloría y por el que sacaron pecho las administraciones de Edgardo Maya y Felipe Córdoba, estuvo mal hecha y, al menos por ahora, no han podido sostener la tesis que le vendieron al país: que el proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena fue el mayor desfalco de la historia del país. El propio ente de control tuvo que enterrar su investigación, a la par que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que nunca existió un billonario descalabro. Además, el coletazo de estas revelaciones está por venir, pues las personas que fueron señaladas dentro de este escándalo (que escaló hasta lo penal y lo disciplinario), podrían presentar millonarias demandas, porque el ente de control enlodó su nombre.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
