Cadenas en la selva: la bitácora de la liberación frustrada de los periodistas de El Comercio

Capítulo 6: "Cadenas en la selva"

Capítulo 6: "Cadenas en la selva"

Apenas recibió el mensaje de Guacho anunciando que tenía en sus manos a los tres miembros del equipo periodístico de El Comercio, el mayor de la Policía Alejandro Zaldumbide llamó a sus superiores. “El 26 de marzo, después del secuestro, solicito, recomiendo una reunión en la Dirección General de Inteligencia, doy información de la novedad”, dijo después a los investigadores de la Fiscalía de Ecuador.

Su superior, el subdirector de Inteligencia de la Policía, les aseguró, por su parte, que sobre las seis de la tarde, una hora después de que se recibiera la noticia, Zaldumbide le reenvió las fotos de los tres periodistas y los mensajes anunciando el secuestro. Según dijo, “como en el comunicado (de Guacho) decía, llamé al señor Diego Bravo de El Comercio, que a veces entre policías y periodistas llaman a preguntar, el señor Bravo me dice que sí había un grupo que estaba trabajando en ese sector de San Lorenzo y que les identificaba que era del diario El Comercio, esto me dijo más o menos a las 20:00 que me devolvió la llamada, ya bastante preocupado”.

(En contexto: Historia íntima del asesinato de tres periodistas ecuatorianos en Colombia)

La versión del subdirector de Inteligencia ha dejado dudas en los analistas del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, pues el mensaje de Guacho solo precisaba que tenía en sus manos a “dos periodistas de Quito y su chofer”. Lo cual les hace preguntarse si en realidad hay chats y mensajes que no han sido compartidos con la justicia, con el Parlamento ecuatoriano y con la opinión pública. La propia Fiscalía ecuatoriana le preguntó a Zaldumbide por qué en su parte del 26 de marzo, el día del secuestro, se menciona un video, pero en los documentos que remitió no aparece ningún material audiovisual en esa fecha. El mayor contestó que ese día no había recibido ningún video. Otras preguntas que se hacen los miembros del Equipo de Seguimiento Especial giran en torno a la recuperación del carro de Efraín tras haber recibido la noticia del secuestro. No fue sino hasta nueve días después que las autoridades ecuatorianas decidieron ir por la camioneta azul de Efraín. Por temor a que estuviera minado, un equipo de antiexplosivos intervino en un primer momento y luego los investigadores del caso inspeccionaron el vehículo.

Se tomaron varias muestras dactilares y genéticas que estaban sobre el capó y los vidrios de la camioneta y se recuperaron los equipos fotográficos de Paúl y los documentos de Efraín. Sin embargo, según constató el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, nunca se sometieron a análisis las pruebas recogidas ni se cruzaron con bases de datos, a pesar de que la identidad de varios de los posibles secuestradores está establecida y podrían ser útiles para determinar si estuvieron en el lugar.

El fiscal que acompañó la diligencia también incautó en ese procedimiento una cámara de vigilancia marca Hikvision que estaba colgada de un poste de luz en el área. Según el expediente, ningún habitante de Mataje pudo decir de quién era el aparato, sin embargo, la cámara no fue objeto de ningún análisis técnico. Tampoco se buscó saber si estaba conectada con los equipos de grabación de videovigilancia Hikvision que las autoridades encontraron en la casa de la madre de Guacho en Mataje días antes del secuestro.

El vía crucis de Javier, Paúl y Efraín duró más de dos semanas, en las que fueron llevados por distintos sitios en un movimiento constante. Un éxodo permanente entre caseríos que no aparecen en los mapas, pequeñas fincas, parajes selváticos, ríos y sembradíos de coca. Aunque hasta el momento no se ha podido esclarecer plenamente dónde estuvieron los periodistas secuestrados, qué hicieron durante esos días o quiénes los mantuvieron cautivos en las zonas por donde se movieron, los testimonios de fuentes confidenciales y otras versiones recibidas por la Fiscalía colombiana coinciden en que nunca estuvieron más de tres noches en un mismo sitio. Cómo afirmó uno de los desmovilizados del FOS, “estuvimos en muchos lugares con ellos, nos movíamos cada dos o tres días”.

Los tres estuvieron siempre escoltados, a veces por más de una docena, otras por pocos subalternos de Guacho que iban siempre armados. Estas zonas, a ambos lados de la frontera, se encuentran abandonadas por los Estados, sin servicios públicos, con caminos de tierra, cobijadas por una vegetación espesa, cálida y húmeda, y cruzadas por ríos que permiten a los grupos irregulares moverse y evacuar sus embarques de cocaína rumbo al océano Pacífico.

Según la reconstrucción del recorrido de Paúl, Javier y Efraín basada en testimonios de desmovilizados del FOS, después de aprehenderlos en Mataje se los llevaron a El Pan, vereda fronteriza en Ecuador a unos 30 kilómetros, también ubicada a la orilla del río Mataje. Según fuentes locales consultadas por el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, ese recorrido en vehículo tarda hasta noventa minutos mientras que a pie se puede demorar seis horas. Desde ahí, los pasaron a Colombia, al sector de El Playón donde se resguardaba Guacho y después los movieron a Mata de Plátano, una vereda del corregimiento de Llorente en Colombia. Luego fueron llevados a Brisas de Mataje, caminaron una hora hasta una finca. A ese sitio los periodistas llegaron ya sin sus pertenencias. Ahí permanecieron dos días y reiniciaron el recorrido a pie a un lugar no identificado, desde donde salieron en camionetas al sector de La Mina.

Una de las fuentes de la Fiscalía explicó: “nos fuimos en auto a Las Minas, eran dos camionetas y un carro de esos donde cargan cilindros de gas, una camioneta era gris y la otra blanca, de esas 4x4”. Desde allí fueron trasladados en bote por el río Mira hasta el caserío Quejambí (o Quejuambí). Permanecieron tres noches en una casa y siguieron por el río hasta La Corozal, “hacia donde la familia de Reinel”, agregó la fuente. Allí estuvieron en otra casa y luego volvieron a moverse hacia El Azúcar, a la residencia de otro “guerrillero” y su familia. Fue ahí, según la versión tomada por la Fiscalía: alias Halida y su hijo, alias Barbas (ambos con algún nivel de mando en el Frente), grabaron el video, ocho días después del secuestro.

Sin embargo, más allá de lo dicho por los guerrilleros, la Fiscalía en Colombia no se tomó la tarea de verificar en terreno si había indicios y pruebas que permitieran confirmar que efectivamente los secuestrados se trasladaron por dichos sitios. De hecho, los testimonios con los que se reconstruyeron la ruta de Paúl, Javier y Efraín no coinciden completamente en los lugares por lo que habrían pasado. Incluso, si se suman los días que los periodistas habrían pasado en cada sitio –basándose en las versiones de los desmovilizados– las cuentas no dan.

El Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH resaltó que alias Ariel afirmó que los secuestrados estuvieron dos o tres días en cada uno de los sitios, menos en Azúcar, donde permanecieron cinco días. En ese caso, su cautiverio habría durado entre diecisiete y treinta días según las rutas que se mencionaron. Eso no coincide con la duración del plagio, que no pasó de dieciséis días. “Doña Halida hizo los vídeos, los que dieron en la televisión. El hijo se llama alias Barbas o Juan Carlos. Él llegó y les pusieron las cadenas a los secuestrados. Pitufo les dijo lo que debían decir. Que fue lo que salió en las noticias”, contó el desmovilizado.

La grabación dura en total menos de dos minutos. Javier, Paúl y Efraín llevaban ya ocho días en poder del Frente Oliver Sinisterra. Los tres están de pie, en una cabaña rústica, de piso de tierra y paredes de tablas, entre las cuales se cuela un poco de luz natural. Una larga cadena de acero, asegurada con cuatro candados, se enrosca en sus cuellos, atándolos el uno al otro, al mismo destino.

Ninguno viste ya la ropa que llevaba cuando los secuestraron. Los tres tienen botas pantaneras negras y un pantalón gris. Paúl, el más alto, lleva una camiseta rosada y beige, cruzada por la palabra “Thirty”, treinta en inglés. Javier, en el medio, porta una camiseta gris, estampada con un Mickey Mouse sonriente. Y Efraín, tiene una camiseta burdeos, con “Rusia” escrito en grandes letras blancas y tres nombres de ciudades: “Moscow” (Moscú), Saint Petersbourg (San Petersburgo) y Kasan (Kazán). En el medio, un insólito mensaje turístico en inglés: “Let’s just go away”. En español, “Solo vámonos”.

Sus miradas son de cansancio, de nerviosismo, de miedo. Están abrazados, frente a la cámara. Efraín se aferra a la cadena con su mano izquierda, lleva un anillo, una de las pocas pertenencias que médicos forenses encontrarían en su tumba dos meses y medio más tarde. Se alcanza a escuchar el canto de un pájaro que brota de la selva que los rodea. Javier toma la palabra, mientras que sus dos compañeros permanecen callados.

Tratando de evitar que se quiebre su voz, lanzó: “Señor presidente Lenín Moreno, llevamos ocho días ya detenidos, y como le dijimos en el primer video, en sus manos y en el gobierno ecuatoriano están nuestras vidas. Solo queremos decirles que nos piden el intercambio de rehenes, de detenidos, los tres detenidos que ellos piden por nuestras tres vidas. Es lo que ellos piden y está en sus manos señor presidente, nuestra… nuestra vida”.

Javier añadió: “Nuevamente le pedimos de favor que accedan al diálogo, que accedan a ese intercambio de detenidos, cuanto antes. Estamos bien físicamente pero ya… emocionalmente ya… no… estamos desfalleciendo. A los familiares les pedimos que no desmayen, que sigan luchando, que sigan mostrando su respaldo, a través de los plantones y las exigencias al gobierno del presidente Lenín Moreno. Lo único que pide el frente Oliver Sinisterra es el intercambio de detenidos, nada más”.

En medio de la grabación Paúl no resistió y escondió su cara entre sus manos, tratando de ocultar el temor, el llanto, la angustia. Esa fue la última vez que el mundo vio vivos a los tres de El Comercio. Los secuestradores grabaron el mensaje el 2 de abril, tras dictarles a los tres lo que tenían que decir, y se lo mandaron al corresponsal en Tumaco de Noticias RCN, el canal de televisión colombiana que había entrevistado a Guacho unos meses antes.

Mientras el tiempo corría, en Quito las autoridades seguían actuando como si todavía existiera la opción de ganar tiempo, sin subir en el nivel de decisión, daban bandazos entre enviar el mensaje de un Estado fuerte que no pacta con el terrorismo o el de un Gobierno generoso, abierto al canje humanitario. Esa vacilación terminaría marcando a Ecuador para siempre. Y condenando a las familias Ortega, Rivas y Segarra a un dolor interminable.

Ricardo, el hermano de Paúl, en su búsqueda por la verdad y la transparencia, ha recorrido despachos oficiales, iglesias, plazas públicas, tribunales, redacciones en Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Dijo, meses después del drama, que las autoridades les prometieron traerlos vivos e intercambiarlos. “Creo que tenían que respetar su palabra, a pesar del costo político, el pueblo ecuatoriano hubiera entendido. Igual, si hubieran dicho que no iban a hacer el intercambio, porque un Gobierno no puede ceder a la presión de estos grupos, los ecuatorianos hubieran entendido y los familiares también”, añadió. Ricky, cómo lo apodan, todavía no entiende cuál fue el plan: “Hay que hablar con la verdad. No se puede afirmar que va a haber intercambio y luego, no hacer absolutamente nada”. Acerca de lo que ocurrió hay muchas preguntas sin respuestas. Solo cuando fue inminente la gravedad de la situación, Navas, el ministro del Interior ecuatoriano habría sido informado del canal secreto de comunicación con Guacho y sus hombres. Finalmente se tomaba la decisión de conformar un grupo en el que circulara la información y se decidieran estrategias conjuntas. Pero para Javier, Paúl y Efraín, esa determinación llegaría muy tarde.

A las 6:30 de la tarde del 26 de abril, el ministro del Interior le dio la noticia al presidente Lenín Moreno. A los familiares los convocaron al ECU 911, un enorme cubo gris de concreto que domina el centro de Quito y que comparten como sede la Policía, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud, entre otras instituciones para poder reaccionar a cualquier emergencia de manera coordinada. Allí, en el centro de mando, las autoridades les dijeron a los familiares que el secuestro se había conocido por una llamada de alguien en San Lorenzo, una versión muy alejada de la realidad.

Esa noche, el gobierno ecuatoriano compartió la noticia con el director de la Policía colombiana, en ese momento el general Jorge Hernando Nieto, y le pidieron apoyo con un grupo antisecuestro. El propósito era coordinar una estrategia pues, a pesar de que habían pasado pocas horas desde el plagio, las autoridades ecuatorianas creían que a los tres de El Comercio ya los habían llevado a suelo colombiano. A esas determinaciones les siguió el primer acto del fallido diálogo: la decisión de quitarle el manejo del canal de comunicación al mayor Zaldumbide. El 31 de marzo, cinco días después del secuestro, el oficial de la Policía le hizo saber a Guacho que de ahora en adelante Carlos Maldonado Mosquera sería el nuevo vocero del Gobierno. El número de línea telefónica cambió, así como el aparato. Sin embargo, el mayor Zaldumbide solo entregó el teléfono mediante el cual se comunicaba con Guacho el 18 de abril. No hay certeza de si durante este tiempo siguió hablando con él.

Maldonado es un curtido oficial, coronel retirado del Ejército y hombre de confianza del entonces ministro del Interior César Navas. Fue director de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, comandante de la Policía Metropolitana de Quito y en 2015 empezó a trabajar con Navas en el Ministerio. Estuvo en una comisión binacional de lucha contra el contrabando entre Ecuador y Perú, fue subsecretario del Ministerio, así como director de Control y Orden Público. Para principios de 2018, cuando la situación en la frontera se deterioraba día tras día, era alto asesor del despacho de Navas.

Sin embargo, Maldonado solamente era la cara visible de la negociación. Una fachada que supuestamente iba a generar confianza por su rango, su experiencia y su cercanía con el ministro Navas. Según documentos desclasificados, Maldonado no tuvo mayor rol en la negociación y solo prestó su nombre y su imagen y la comunicación con el FOS quedó en manos de un oficial de la Unase. Pero a los familiares les dieron la misma información que a Guacho: Maldonado sería el encargado de buscar un trato.

De hecho, Maldonado les dijo a los analistas del Equipo de Seguimiento Especial que su rol se limitó a hablar con uno de los hombres del FOS que Guacho quería canjear por los periodistas y que fue la Unase la que escribió todos los chats y que él no tuvo que ver ni con la estrategia ni con los contenidos de los diálogos con la narco-disidencia.

Se estableció además que el oficial de la Unase a cargo de la negociación también apoyaba la investigación penal, elaboraba informes para el Comité de Crisis y apoyaba al Ministerio del Interior en sus contactos con los tres “muchachos” que Guacho quería a cambio de Javier, Paúl y Efraín. Según el informe del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, este oficial no contó con mayor apoyo para sus múltiples tareas, lo cual pudo haber entorpecido su actuación. Tampoco encontró prueba alguna de que la decisión de cambiar de interlocutor hubiera tenido sustento estratégico, ni pudo establecer que se hubiera hecho una evaluación de las consecuencias que el cambio podía tener sobre la suerte de los secuestrados, explica el documento del ESE.

Cambiar todo para que todo siga igual. La jugada, sacada de los manuales del gatopardismo, se convirtió en la apuesta del gobierno de Lenín Moreno para recuperar a los periodistas. Los negociadores ya no eran los mismos, pero la estrategia no se movió un centímetro. Desde febrero de 2018, el plan había sido ganar tiempo a toda costa y así continuó, tratando de tranquilizar a Guacho con promesas de diálogos de alto nivel y reuniones que nunca se concretaron.

Pese a que hoy día, tanto el entonces ministro del Interior como el contralmirante John Merlo, quien quedó con el mando único en la región, aseguran que nunca supieron de las amenazas y exigencias, ni de las explosivas conversaciones con Guacho, es claro que hubo numerosos momentos en los que por razones de seguridad las comunicaciones con el disidente debieron haber sido compartidas con las autoridades a cargo, mucho más si se tiene en cuenta que tras el atentado en San Lorenzo de finales de enero de 2018, el presidente Moreno había decretado el estado de excepción en la región.

Ese mismo día, el presidente Lenín Moreno reunió un Consejo de Seguridad Pública y del Estado donde se tomaron varias medidas, entre estas “un mecanismo de articulación sectorial para fortalecer el proceso de conducción política y coordinación, intercambio de información y actuación coordinada en el nivel operacional de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”.

Un día después, el primero de marzo, los ministerios del Interior y de Defensa crearon un mando único para coordinar las operaciones militares en la zona, a través del cual se establecieron protocolos de organización, se elaboró una planificación conjunta e incluso se puso en marcha un centro de coordinación “de inteligencia de los subsistemas militar y policial con la finalidad de elaborar y actualizar periódicamente la apreciación de inteligencia sobre los riesgos y amenazas en el territorio de su competencia”. Ese espacio nunca fue usado para que la Policía informara que dialogaba con Guacho, aunque para el momento de la creación del mando único el mayor Zaldumbide ya había recibido al menos una llamada del FOS. De hecho, el contralmirante Merlo que coordinaba y encabezaba toda la respuesta policial y militar, sostuvo que solo supo del canal de comunicación después del secuestro.

La falta de comunicación entre las autoridades que quedó al descubierto fue uno de los aspectos en los que el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH profundizó en su investigación. El Ministerio de Interior contestó que las fallas de comunicación se explican porque la información “se hallaba judicializada, estaba bajo reserva legal”, versión que contradice lo afirmado por el contralmirante Merlo. Además, el Ministerio aseguró que “la Dirección de Inteligencia direccionó la información relevante de dicho canal mediante alertas de información a nivel nacional (…)” y que “estas alertas fueron socializadas en reuniones del Mando Único a través del delegado permanente de la DGI (Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional)”.

En medio de las versiones contradictorias, no es claro si Merlo, quien autorizó personalmente la entrada de Javier, Paúl y Efraín a Mataje, sabía o no de las directas amenazas de Guacho contra los civiles. En todo caso, para el Equipo de Seguimiento Especial es claro que Ecuador tuvo un conocimiento temprano de la magnitud del desafío y de la peligrosidad del jefe del FOS. Y que, si bien en el discurso y en documentos las Fuerzas Armadas ecuatorianas y el Ministerio del Interior aseguraron que se iba a garantizar la seguridad de la población, “no se constataron protocolos específicos para cumplir con ese mandato”.

De acuerdo con sus informes, el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH también estableció que, aunque los chats con Guacho son una pieza importante para entender el porqué del secuestro y asesinato del equipo de El Comercio solamente hasta el 9 de octubre, más de siete meses después de los hechos, la Fiscalía solicitó reconocer, exhibir y extraer la grabación en la que Guacho anunció el plagio. Lo cual pone de manifiesto: “la poca importancia que se ha dado a la información contenida en los contactos previos al secuestro entre la Policía ecuatoriana y el FOS”. Agrega el grupo investigador que tampoco se han hecho esfuerzos para identificar a Andrés Sinisterra, el otro miembro del FOS que habló con Zaldumbide.

El Equipo de Seguimiento Especial también encontró fallas graves en la coordinación de las medidas de prevención para proteger a los civiles. A finales de marzo, cuando ya Guacho había amenazado con incendiar el país, la Dirección General de Inteligencia les pidió a sus oficiales ponerse en contacto con los comandantes de todas las regiones del país y alertarlos sobre una posible ola de atentados con bombas y para “salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, servidores policiales y seguridad de las instalaciones”.

El contralmirante Merlo, con mando en la zona más peligrosa de Ecuador, creyó que sus tareas no incluían la seguridad ciudadana y pensó que ese era un problema de la Policía. La Policía dijo, por su parte, que por ser una zona fronteriza “la gestión era estrictamente militar”.

Esa misma teoría de culpar al otro fue retomada a nivel institucional. Según le dijeron al Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, delegados del Ministerio de Defensa sostuvieron que la creación de un mando único, encabezado por un militar de alto rango, no implicó que las Fuerzas Armadas asumieran las funciones de la Policía. Dijeron que esta era la institución que tenía que definir las medidas necesarias para disminuir los riesgos contra los civiles.

En el Ministerio de Interior le dijeron al Equipo de Seguimiento Especial que la zona de seguridad de frontera, que corresponde a 20 kilómetros desde la línea divisoria, es una zona especial que es responsabilidad de los militares.

Esas fallas de coordinación fueron fatales para Javier, Paúl y Efraín. Según concluyó el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, “pareciera que la prohibición de paso que operó para periodistas y personas no habitantes en esa parroquia, fue adoptada por personal militar de menor rango como respuesta a lo que podían percibir directamente desde ese punto cercano a Mataje y no fruto de una evaluación ponderada de las alertas disponibles”.

Pero la evaluación sopesada de las alertas no se dio y estas siguieron llegando. El mismo 31 de marzo, después de avisar a Guacho del cambio de interlocutores, los negociadores de la Unase recibieron su primer mensaje: “Liberen a mis muchachos, y yo libero a tu gente, no quiero más espera”. El oficial de la Unase le contestó que no tenía idea quiénes eran sus “muchachos”: “Estimado amigo, empecemos bien. ¿A quiénes quieres libres?”

Eso desató la ira del jefe del Oliver Sinisterra, que llevaba semanas pidiendo la liberación de Diego Tobón, Patrocinio Cortez y James Cuajiboy. Contestó: “Bueno listo, entonces los voy a matar y listo. A usted no le interesa su gente ¿Fui claro? No te doy mucho tiempo, piensa que los tengo encadenados. Sin rodeos, ustedes los sueltan y yo los libero, o te los mando en bolsas”.

El candor del oficial de la Unase en su primera conversación muestra que en el mejor de los casos las autoridades querían empezar de cero su relación con Guacho. Y en el peor de los casos deja ver una ignorancia total de los memorandos, cartas y testimonios que el mayor Zaldumbide compartió con sus superiores, en los que las exigencias del narco-disidente eran claras. Eso implicó una funesta pérdida de tiempo, en momentos en que cada minuto contaba.

El oficial de la Unase le contestó que iba a averiguar quiénes eran sus “muchachos” y aseguró tramitar el tema “con gusto” y añadió “déjame ver este momento converso con el coronel y coordino la situación de tus muchachos”. Y, como si no hubiera tres vidas en juego, incluso aceptó que “voy a coordinar y a empaparme bien de la situación de ellos para ofrecerte lo que pueda cumplir y no quedar mal contigo”. Guacho, que llevaba tiempo escuchando las mismas promesas, vociferó: “Si no puede, les mocho la cabeza, y listo”.

Unas horas después de ese primer chat, un funcionario de la Unase y otro del Ministerio del Interior viajaron al Centro de Rehabilitación de Latacunga para hablar con los tres detenidos del Oliver Sinisterra. Esta cárcel, ubicada a hora y media de Quito, es un hervidero. Inaugurada en 2014, tiene más de 5.400 presos a pesar de solo tener 4.800 cupos. Hay un déficit crónico de agua, que obliga a los internos a tirar sus necesidades por las ventanas, y problemas de acumulación de basura. Además, han asesinado a varios reclusos en los muros de la prisión. En la cárcel, los funcionarios grabaron dos videos cortos con los hombres de Guacho y los enviaron a altas horas de la noche del 31 de marzo. Pero ya el jefe narcotraficante no estaba para eso. En la mañana del 1 de abril le contestó a Maldonado: “Yo no soy de tiempo. Me libera a mis muchachos y le libero a sus periodistas. No es más. Si usted no pudo les voy (sic) uno a uno en bolsas. Ya di instrucciones a mis hombres para matar. Creo que le va a quedar grande esto”.

Guacho exclamó que la única manera de solucionar era soltando a los tres miembros del frente Oliver Sinisterra y lanzó, “¿Me estás retando? Yo tengo bombas en cuarteles de su país”. Aunque el oficial de la Unase insistía que ya estaba hablando con juristas, el jefe de las disidencias le dijo que “No me interesa lo que piense un abogado de mierda (…) Ahora le mocho la cabeza a uno y le diré donde recoge el cuerpo. No copie y verá. Como los quiere. ¿Sin cabeza? ¿Desmembrado? No le queda mucho tiempo…”

Dándole vueltas al problema y cumpliendo a cabalidad la instrucción de “ganar tiempo”, el oficial de la Unase le escribió que “le ofrezco lo que está a mi alcance. No podría ofrecer algo que no pueda cumplir (…) Tenga paciencia. Hagamos una negociación armoniosa para que ganemos todos”.

El 2 de abril Guacho volvió a la carga y después de enviar imágenes de los periodistas encadenados, le preguntó al oficial de la Unase: “Vea HP, que pasó con el video de mis muchachos. Usted como que no me cree. ¿Ve eso? ¿Quiere que los mate? Dígame algo concreto. Ya me estoy aburriendo de tus periodistas”.

Al día siguiente fueron publicados los videos de supervivencia de los tres de El Comercio. En ese momento sus familiares no perdían el optimismo. Galo Ortega, en una entrevista que dio en medio de una de las vigilias que se organizaban a diario en todo Ecuador, dijo que la grabación “nos da un aliento, el que habló es mi hijo, nos dice que no nos preocupemos que los han tratado bien, que dependía de las negociaciones y que solamente depende todo del Gobierno”. Ellos ignoraban que las exigencias de Guacho eran claras: “Ellos no han hecho un pedido, aún no sabemos qué quieren, no se manifiestan y eso no sé hasta cuándo va a tardar”.

El 3 de abril, Yadira Aguagallo cuenta que recibió en su correo un mensaje que también llegó a otros dos destinatarios: una periodista de El Comercio y otro de El Universo. El mensaje contenía dos fotos: en la primera se leía un breve mensaje escrito a mano por Paúl Rivas; en la otra aparecían los tres secuestrados, de pie uno junto al otro. También llegaron dos videos.

El remitente, que se identificó con nombre y apellido, dijo que trabajaba como camarógrafo para un canal de televisión colombiano. El mensajero dijo que había recibido el material desde un número desconocido, y pidió mantener su identidad en secreto. Meses más tarde este equipo localizó a esa persona, confirmó su identidad y su vínculo con el canal que mencionó en su primer mensaje.

En una conversación telefónica, esta fuente corroboró que había sido el remitente del mensaje que recibieron Aguagallo y los dos periodistas ecuatorianos. Esta diligencia la hizo, según dijo, por una solicitud de Guacho, quien lo contactó en la zona de Tumaco, donde el periodista trabaja desde hace varios años.

Después del primer mensaje, según contó, el reportero recibió más material relacionado con el secuestro; Guacho siguió presionando para que el intermediario lo ayudara con la divulgación, pero él se negó. Entonces empezaron las amenazas de Guacho y sus hombres, y la permanencia del periodista en cualquier lugar cercano a la frontera se volvió insostenible. El reportero tuvo que ser protegido y trasladado fuera de Tumaco. Según dijo, la Fiscalía ecuatoriana y la colombiana jamás lo buscaron para pedir información sobre el material que recibió, sobre Guacho y sus amenazas o sobre cualquier otra información que pudiera ayudar a esclarecer este caso. Una fuente desaprovechada e ignorada.

Cuando a Aguagallo le llegó aquel correo se encontraba en la sede del diario El Universo, adonde fue convocada para que viera el mensaje que el periodista había recibido. Desde allí se comunicó con la Unase para pedirle que investigaran el origen del mensaje. La Unase acudió y se hicieron las pericias.

Los resultados contienen una redacción confusa. Pero los expertos lograron identificar una dirección IP, que los familiares en principio creyeron que estaba vinculada a una casa en el centro de Quito.

“En horas de la noche se procedió a verificar la información que habrían recibido en un pedazo de papel los familiares del señor Paúl Rivas verificando la dirección Manuel Larrea y Riofrío”. Abajo adjuntan una imagen del “pedazo de papel” que, en realidad, nunca se recibió, pues lo que llegó como adjunto a Yadira Aguagallo y a los reporteros de El Comercio y El Universo, en el correo electrónico enviado por el periodista de Tumaco, fue la foto de una carta escrita a mano por Paúl, sin ninguna dirección.

No está claro qué tiene que ver la casa y el nombre del propietario (incluido en el parte de la Unase), pero están dentro de la investigación. A pesar de eso, según una fuente que tuvo acceso al proceso, el fiscal Wilson Toainga, a cargo de la investigación del caso, no ordenó el allanamiento de la vivienda, ni investigó quiénes viven ahí o convocó al propietario a declarar, tampoco averiguó qué vínculo puede tener con Guacho.

“¡Los queremos vivos!”. Desde que empezó el secuestro de Javier, Paúl y Efraín, el grito se hizo cada vez más fuerte. Cada noche, en las plazas principales de todo el país, miles de personas salían con velas y carteles a exigir una pronta liberación de los periodistas.

Para el Gobierno el tiempo pasaba y la presión subía. Las amenazas lúgubres de Guacho y las palabras cargadas de angustia de Javier aceleraron la estrategia del Gobierno, que en el segundo acto de la negociación empezó a estudiar salidas jurídicas a contrarreloj para un intercambio de prisioneros.

El día que se enviaron los videos, la Unase envió un mensaje: “Estamos trabajando duro por el mejor resultado, incluso hablamos con sus abogados para el procedimiento abreviado” y prometió que “el día de hoy ya van los abogados a la cárcel con la documentación y que ellos serían testigos de la rápida gestión que se está realizando”. Pero no fue sino diez horas después que se organizó una primera reunión con los representantes de los tres “muchachos”.

El oficial de la Unase escribió que “sus muchachos están bien y saben que estamos trabajando por la situación de ellos, queremos que usted tenga paciencia, estamos siendo lo más transparentes con usted”.

Guacho le contestó: “No eres de palabra. Yo si doy una orden y listo. Los vas a hacer matar a tus ecuatorianos. Y se darán cuenta que no sirves para nada HP”. Y después añadió que “A mí no me da nada matarlos. Sabe que, hagamos algo, por su demora hoy voy a matar uno y se lo mando a los medios. Y que le quede en su conciencia, si es que tiene, de que fue por negligencia suya”.

Mientras el oficial de la Unase insistía que había que hablar con abogados y seguir un proceso legal, para Guacho la solución era una sola: liberar a sus “muchachos”. Escribió al negociador: “Usted no entiende. Vea después de que los mate te voy a matar. Sé lo que haces y a qué horas. No me conoces”.

Ese día la Fiscalía solicitó que se cerrara la instrucción del caso por tráfico de armas contra Tobón, Cortez y Cuajiboy, para preparar el juicio y llegar rápidamente a una sentencia. No se trató, sin embargo, de aplicar la figura de “proceso judicial abreviado”, en la que los sospechosos tienen que aceptar los cargos y llegar a un acuerdo sobre la condena.

El Gobierno se reunió con representantes de la Fiscalía y de la rama judicial para estudiar las opciones que tenían. Uno de los funcionarios presentes contó que Navas lo llamó y le preguntó si el presidente podía indultar a los tres hombres del Oliver Sinisterra. Este le contestó que no, porque no había un fallo en firme y añadió que después del juicio en menos de una hora se podía dar paso al indulto.

Hubo también una asesora del Ministerio del Interior que examinó cómo se podía llevar a cabo el canje en el marco de las leyes ecuatorianas. Ella recomendó que condenaran a los tres disidentes lo más pronto posible a través de un proceso abreviado, para el cual era necesario reunir tres condiciones: que la máxima pena por el delito no pasara de diez años, que los procesados se acogieran de manera libre a la sentencia anticipada y que la Fiscalía llevara la propuesta al juez. Una vez cumplidos estos requisitos, la puerta estaba abierta para una sentencia y luego para un perdón presidencial.

Según analizó el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, las condiciones para lograr el acuerdo se cumplían. Dentro de su proceso penal, desde finales de febrero, los tres “muchachos” de Guacho habían manifestado que aceptaban acogerse al procedimiento abreviado e incluso unas semanas antes del secuestro, insistieron para que se aplicara. Es decir, en palabras del Equipo de Seguimiento Especial, “parecía claro que no era necesario persuadirlos para poder aplicar la solución propuesta, ni hacer gestiones adicionales con sus abogados para que volvieran a pedir el abreviado”. Además, Wilson Toainga, el fiscal que llevaba el caso contra los tres guerrilleros, también era el investigador del secuestro de los tres de El Comercio e incluso era parte del Comité de Crisis, lo cual favorecía una reacción rápida.

El fiscal Wilson Toainga, a cargo del caso contra Tobón, Cortez y Cuajiboy, viajó a la provincia de Esmeraldas para dialogar con el juez que llevaba la causa. Y el 5 de abril se fijó la fecha para la audiencia de evaluación y preparación del juicio, que se realizaría el 18 de abril, más de tres semanas después del secuestro, pues la agenda de la Unidad Judicial estaba “saturada”. Aunque se trataba de acortar los tiempos, el proceso se iba a llevar normalmente, siguiendo los canales clásicos.

Hubo también reuniones entre el fiscal Toainga, los abogados de los tres disidentes y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura para acelerar el proceso. Pero según reveló el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, Toainga “no habría impulsado la propuesta de juicio abreviado”. Además, las reuniones con los presos y sus abogados las hizo la Unase y no la Fiscalía, lo cual “pudieron haber tenido impacto demorando una rápida sustanciación del procedimiento para la aplicación de un indulto a los llamados ‘canjeables’”.

El exministro Navas dijo a los miembros del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH que fue alrededor del 3 y 4 de abril que le informó al presidente Moreno cuáles eran las exigencias de Guacho y el canje que reclamaba con violencia en los chats. Según explicó Navas, solo hasta esa fecha tuvo claridad de lo que quería el jefe del FOS, es decir casi diez días después del secuestro, casi tres meses después de la primera comunicación con la disidencia y cuando ya dos negociadores diferentes habían asumido los diálogos.

Hay documentos que prueban, además, que desde el 26 de marzo, día del rapto, la dirección de inteligencia le informó a Navas sobre las condiciones del canje. El ministro también sabía desde hacía varios días que una misión había entrevistado a los tres “muchachos”. Es decir, no solo se perdió un tiempo valioso sino que no ha sido posible esclarecer por qué, a pesar de la cantidad de información a su disposición, Navas insistió que no sabía exactamente cuál era el tenor del canje.

Lo cierto es que Guacho ya no quería esperar. Después de tres días de silencio, las amenazas se hicieron más fuertes. “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas y dígale a ese ministro del interior que lo tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy a las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”, decía el mensaje que llegó en la mañana del 7 de abril, a los doce días del secuestro.

Ese día el negociador le envió a Guacho un nuevo video de James Cuajiboy, vestido con el overol anaranjado de los presos. Le dijo a su jefe que “el Gobierno nos está ayudando muchísimo con el procedimiento y todo eso, y nos van a liberar lo más pronto posible si Dios quiere y sobre todo nos están tratando muy bien. Y más que todo no estoy bajo ninguna presión…”. Pero Cortez, uno de los hombres más cercanos a Guacho, no fue tan dócil y se negó a hablar con los enviados oficiales, que insistían que la solución estaba cerca. El oficial de la Unase le pidió a Guacho: “Hágale llegar un mensaje a Cortez que se deje ayudar, el hombre está cerrado, no quiere dar la cara para explicarle. Vamos a conseguirle un abogado para que le haga los trámites”.

El jefe del FOS le contestó: “A mí me da lo mismo matarlos. Dígale a ese ministrillo del interior que lo tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar”. Lo que se supo unas semanas después fue que tanto Cuajiboy como Patrocinio Cortez tenían celulares en sus celdas.

El 12 de abril agentes penitenciarios requisaron la cárcel de Latacunga y les incautaron dos teléfonos Samsung, además de cargadores artesanales, baterías, auriculares, una hoja de papel con números de teléfono anotados y cuatro cuchillos103. No fue sino hasta el 7 de julio, tres meses después del hallazgo, que la Fiscalía extrajo la información de los aparatos. Además de un registro de llamadas, encontraron chats en WhatsApp, Facebook y Messenger y participación en dos grupos de WhatsApp: “Fugas” y “Hola”. ¿Los “muchachos” hablaron con Guacho y con gente del FOS? ¿Dieron indicaciones sobre las negociaciones para su canje? ¿De quién eran los números anotados? No hay claridad. El Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH afirmó que “no halló constancia de que esta información derivada de labores operativas y técnicas fuera procesada y analizada”.

En todo caso, Guacho ya había perdido el control. “¿Paciencia? Usted dice eso cuando su gente está encadenada y dice que paciencia. Cuando usted se muera va a descansar, hijo de puta”, exclamó el jefe del Oliver Sinisterra. Ese 7 de abril, las conversaciones se rompieron definitivamente. Algunos piensan que esa misma noche Guacho dio la orden de asesinar a los tres de El Comercio. La estrategia del gobierno Moreno empezaba a hacer agua por todas partes. A pesar de las violentas amenazas del jefe del FOS, la búsqueda de una solución jurídica para el canje se enredó en vericuetos burocráticos. No es claro tampoco por qué el ministro del Interior se demoró diez días para decirle al presidente Moreno qué quería Guacho. Además, al cambiar de negociador, se perdió un tiempo precioso, mientras el oficial de la Unase se “empapaba” con las exigencias de Guacho. El mayor Zaldumbide había desarrollado un conocimiento de su contraparte y conocía de manera íntima las conversaciones, de las promesas, de los tiempos que se estaban manejando.

El informe del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH resalta que mientras el oficial de la Unase pensaba que la negociación había empezado el día del secuestro, es claro que para Guacho los diálogos llevaban meses. El informe concluye que “mientras que para la Unase se actuaba con suma prontitud porque a raíz del primer contacto el 31 de marzo de 2018, ese mismo día se envió al secuestrador el video de uno de los detenidos solicitado en canje, con lo cual se demostraría la eficiencia con que se responderían, para el secuestrador sus peticiones completaban casi tres meses de formuladas y se le estaban presentando nuevas dilatorias en relación con las demandas planteadas”.