Desde que se supo que el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz, podía estar envuelto en el escándalo de corrupción en la justicia, conocido como el cartel de la toga, su historia ha tomado un rumbo determinante en las investigaciones que adelanta la Fiscalía. O por lo menos eso es que lo que espera que pase el ente investigador con el testimonio que ya se comprometió a dar el jurista que trabajó durante varios años en el despacho del hoy suspendido magistrado Gustavo Malo Fernández y sabe, como pocos, cómo fue que los jueces del alto tribunal se prestaron, al parecer, para manipular procesos a cambio de millonarias sumas de dinero.
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El nombre de Camilo Ruiz salió mencionado dentro del escándalo cuando uno de sus más importantes protagonistas, el abogado Luis Gustavo Moreno, le dijo a la Fiscalía que uno de sus interlocutores en la Corte para lograr frenar órdenes de captura, fue el magistrado auxiliar de Malo. El 26 de septiembre del año pasado, asistió a la audiencia de imputación de cargos en su contra y allí le dijo al juez del caso que era inocente y no aceptaba ninguno de los señalamientos del ente investigador. Sin embargo, casi tres meses después, el 4 de diciembre de 2019, su posición cambió radicalmente. A los investigadores les dijo que quería llegar a un preacuerdo por el delito de concierto para delinquir, a lo que accedieron.
Pero además, les dijo que estaba dispuesto a contarles todo lo que sabía del cartel de la toga, el papel de Malo dentro de el esquema de corrupción, las peticiones que le hizo Luis Gustavo Moreno, y cómo fue que otro exmagistrado de la Corte intercedió entre todos ellos para acceder a esos pagos millonarios. Al día siguiente de concretar el preacuerdo, Ruiz volvió a reunirse con los fiscales y, en interrogatorio, empezó a narrar detalles de esas relaciones que, dijo la Fiscalía, hasta ahora no tenían en su poder. Fueron tan reveladoras sus declaraciones que cinco días más tarde, la fiscal del caso solicitó ofrecerle un principio de oportunidad para que, durante dos años, se suspenda la investigación en su contra por el delito de cohecho.
El año acabó con la intención de la Fiscalía de asegurar a Ruiz como testigo clave en el caso, a lo que la Corte Suprema de Justicia pidió que también se le enviaran sus testimonios. En la primera semana de enero de 2020, el ente investigador ya tenía lista la resolución en la que le pediría más adelante un juez que aprobara para darle el principio de oportunidad. Allí, dejó consignadas las claves de la importancia de Ruiz dentro de sus investigaciones, a tal punto que explicó que su testimonio les permitirá lograr la condena de dos exmagistrados de la Corte, Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, y dos excongresistas, los exrepresentantes a la Cámara, Nilton Córdoba y Argenis Velásquez.
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La importancia de Ruiz dentro de las investigaciones es, según la Fiscalía, es trascendental puesto que sus pesquisas no contaban con la información detallada de cómo se realizaron, por parte de los magistrados de la Corte Suprema, las maniobras para incidir en los procesos. En concreto, lo que el auxiliar podría aclarar tiene que ver con los procesos de Córdoba y Velásquez. Según las pesquisas, Ruiz recibió dos pagos diferentes. El primero de $130 millones, de manos del abogado Luis Gustavo Moreno, para que retardara el avance de la investigación contra la representante de Putumayo. La demora la logró ordenando práctica de pruebas innecesarias y aplazando las audiencias, con ayuda de Moreno.
El segundo pago, del orden de $180 millones, sucedió en el marco de la investigación contra de tres investigaciones en contra de Córdoba. A cambio de la millonaria suma, Ruiz debía también demorar su procesos y lograr la unificación de los casos para que Malo fuera el único ponente. Además, el auxiliar se comprometió a evitar que la investigación por parapolítica fuera enviada a la comisión encargada de ese tema, pese a que las pruebas eran claras. Detrás de estas movidas, explicó Gustavo Moreno, siempre estuvo el exmagistrado Francisco Ricaurte, ya procesado y en juicio por su presunta participación en el escándalo, y, por supuesto, Malo, quien también está judicializado y preso.
Ambos han reiterado una y otra vez que son inocentes y que nada tiene que ver con ese escándalo. Los dos están en juicio, Ricaurte en un juzgado ordinario, y Malo en la Corte Suprema de Justicia. Sobre lo que ha dicho Moreno en su contra, Malo lo ha calificado con severidad. “Este es un especialista en testimonios falsos, protagonista de su propio libro. Basado en unos hechos de dominio público, construyó sus hipótesis que son fácilmente desvirtuables”, explicó en una entrevista a este diario en 2018. Sin embargo, hasta ahora todas las autoridades colombianas, y hasta las estadounidenses que fueron claves para destapar el escándalo, le han dado toda la credibilidad a su historia.
La colaboración de Ruiz en las investigaciones hasta ahora está comenzando. Para esta semana estaba previsto conocer el fallo en el que fue condenado a cinco años por el delito de concierto para delinquir, pero debido a la suspensión de términos por la emergencia generada por el COVID-19, no es claro que se vaya a realizar. Sin embargo, su colaboración sigue en pie y, con el principio de oportunidad ya avalado, durante dos años las investigaciones en su contra por cohecho quedan suspendidas. Su objetivo es que su testimonio sea tan poderoso, que el proceso por ese delito se archive por completo. Las condenas, que sería históricas, de dos magistrado de una alta corte serían claves para ello.
Por Redacción Judicial
