Canal de Isabel II se defenderá del embargo de acciones de Inassa

Triple A, que maneja los servicios públicos de Barranquilla, la principal ciudad del caribe colombiano, está participada por Inassa, que Canal de Isabel II adquirió en 2001. / Cortesía

La empresa pública española de aguas Canal de Isabel II aseguró este viernes que hará todo lo posible para defender judicialmente sus derechos, después de que la Fiscalía ordenara este jueves la suspensión, embargo y secuestro de acciones de su filial Inassa en la compañía Triple A de Barranquilla. (En contexto: Imponen medidas de aseguramiento a directivos y exdirectivos de Inassa)

La Fiscalía informó del inicio del embargo de acciones por $202.000 millones de Inassa, equivalentes al 82 % del capital, y ordenó sanciones para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles. Triple A, que maneja los servicios públicos de Barranquilla, la principal ciudad del caribe colombiano, está participada por Inassa, que Canal de Isabel II adquirió en 2001.

En un comunicado, la empresa española informa de que emprenderá "todas las actuaciones a su alcance" para defender sus intereses y manifiesta una "enorme preocupación" por las consecuencias de la decisión de la Fiscalía para los servicios públicos esenciales que Inassa presta desde hace 17 años en Barranquilla con "total eficiencia y responsabilidad". (Le sugerimos: Las claves para entender el caso Inassa)

En días próximos, la empresa española "acudirá ante un juez de control de garantías para solicitar defender los intereses de Inassa ante las medidas cautelares practicadas el día de ayer por la Fiscalía con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales", precisa el comunicado.

Y reitera "su total colaboración, como ha venido haciendo hasta ahora, en la denuncia e investigación de las posibles responsabilidades en las que hubieran podido incurrir administradores y directivos colombianos y españoles". (Le podría interesar: Eslabón de Inassa sería extraditado)

La Fiscalía colombiana se basa en hechos ocurridos desde 2000 hasta 2017, cuando se detectaron supuestos pagos fraudulentos mediante un "contrato de asistencia técnica", que habrían causado un detrimento patrimonial cercano a $236.853 millones, que actualizados con la inflación superarían los 329.000 millones.