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En la mañana de este lunes 27 de octubre, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de tres personas señalas como presuntos responsables del secuestro, asesinato y desaparición de ocho líderes religiosos y comunitarios del municipio de Calamar (Guaviare). Según la información entregada por las autoridades, uno de los capturados es Miller Leonardo Garrafa Neira, alias “Miller”, “El Tuerto”, “El Pirata” o “El Indio”, a quien hace meses le seguían la pista.
Los otros dos capturados son un hombre y una mujer identificados como Jorge Eliécer Ávila, alias “Yucape” y Angie Jaramillo Arias, o “la Crespa”. Esta última era funcionaria pública en Calamar. Desde la desaparición de estas ocho personas, ocurrida entre el 4 y el 6 de abril de este año, una de las pesquisas de las autoridades apuntaba a las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. Esa estructura ilegal habría citado a las ocho personas a una reunión, después de la cual se reportó su desaparición.
Las víctimas son Nixon Peñaloza, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita; los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez, padres de dos hijos de cuatro y 12 años; los hermanos Jesús y Carlos Valero, este último también miembro de la Junta de Acción Comunal; Maryuri y Óscar Hernández, expresidente de la misma organización comunitaria; y James Caicedo, pastor de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia.
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La Fiscalía señaló que las tres personas capturadas, incluida la mujer que trabajaba en la Personería Municipal de Calamar, harían parte del frente Armando Ríos, de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, que opera en ese departamento. “Habrían cumplido diferentes roles ilícitos en la planeación y ejecución de la desaparición y posterior homicidio de las víctimas”, indicaron desde el ente investigador.
Según lo reconstruido por la Fiscalía, Garrafa Neira habría sido quien ordenó citar a una supuesta reunión a los ocho líderes religiosos “para que entregaran explicaciones sobre la supuesta intención de querer conformar una red del Eln en Guaviare”. Todo, por una sola razón: las víctimas eran oriundas del departamento de Arauca y habían llegado a vivir en Guaviare desde 2017, justo en una de las zonas estratégicas para las disidencias.
“Sin más opción, los representantes de la comunidad cuestionada acudieron a la cita. Al llegar hombres armados los retuvieron, trasladaron a la fuerza a una zona selvática llamada Cofre, en inmediaciones del río Itilla, y los atacaron con armas de fuego hasta causarles la muerte. Luego, sepultaron los cuerpos en una fosa común y eliminaron cualquier rastro o artículo que permitiera su ubicación”, indicó la Fiscalía.
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Alias “Yucape”, dijo el ente investigador, habría custodiado a las víctimas hasta el lugar de su retención y habría coordinado las labores de seguridad para garantizar que los autores materiales perpetraran el crimen. “Estaría implicado en las amenazas ejercidas contra los habitantes para que no denunciaran lo sucedido ni entregaran información sobre el paradero de los religiosos”, señalaron desde la institución.
Finalmente, Jaramillo Arias, exsecretaria de la Personería de Calamar, es señalada por la Fiscalía de, supuestamente, haber filtrado a las disidencias de las Farc información relacionada con la vereda Agua Bonita, donde vivían las víctimas, “detectado los puntos exactos en los que hacía presencia la fuerza pública para así facilitar el crimen”. El ente investigador agregó que la mujer también estaría apoyando a las disidencias de las Farc con la entrega de datos relacionados con acciones militares y habría recibido COP 12 millones.
Durante dos meses y 27 días, las familias de los ocho líderes los buscaron por fincas cercanas. En mayo aparecieron las primeras pistas, cuando fue capturado un presunto integrante de las disidencias, que tenía información relacionada con el crimen. Según la Fiscalía, la supuesta reunión fue, en realidad, un interrogatorio para descartar que pertenecieran a alguna célula del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Guaviare.
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“En la incautación de su teléfono celular se encuentran imágenes de las personas reportadas como desaparecidas; fotos de ellos en vida, con integrantes de esta estructura y luego asesinados”, dijo en ese momento la Fiscalía sobre las primeras pistas relacionadas con el crimen. Esa información, además de otros datos recopilados por una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja que acompañaba una liberación de secuestrados en Guaviare, fue clave para dar con su paradero.
Luego, en la tarde del 1 de julio, el ente investigador confirmó el hallazgo de una fosa común en zona boscosa del municipio de Calamar, en la que habían sido sepultados los cuerpos de las ocho personas secuestradas. Tras su recuperación, fueron trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Villavicencio (Meta), para adelantar el proceso de plena identificación. Luego, el 14 de julio, las familias de los ocho líderes comunitarios y religiosos recibieron los cuerpos de sus seres queridos.
Las capturas de estas tres primeras personas es el primer avance concreto de las autoridades en su investigación para esclarecer estos crímenes. Los detenidos tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno aceptó cargos y ahora las autoridades buscan confirmar si hay más personas relacionadas con este crimen que puso de frente, una vez más, la barbarie de las disidencias de las Farc.
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