Capturan al representante legal de Centros Poblados por escándalo de MinTIC
El CTI capturó a Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, por el escándalo del contrato firmado con el MinTIC, que llevó a la renuncia de la ministra Karen Abudinen.
El CTI de la Fiscalía confirmó la captura en Barranquilla del representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque y Emilio Tapia. La detención de los dos señalados se da por el escándalo del contrato irregular entre ellos y el Ministerio de las Tecnologías de la Información (MinTIC) con el que se buscaba la conexión a internet de más de un millón de estudiantes en departamentos sin acceso al servicio.
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El representante de Centros Poblado, Luis Fernando Duque, en una entrevista con El Espectador hace unas semanas manifestó: “Para mí ha sido una sorpresa continua porque todos los días salen cosas de las cuales yo no estaba enterado y quiero dar un poco de contexto frente a esto. La unión temporal Centros Poblados está conformada por cuatro empresas y de ellas, yo sólo conocía a una de esas cuatro. Mi llegada al proyecto y a la oportunidad que había en ese momento se da un par de días antes de entregar la oferta”. En la misma entrevista, Duque dijo: “No me consta que Emilio Tapia tenga alguna relación con ICM Ingenieros (una de las empresas de la unión temporal)”.
Por su parte, Emilio Tapia había sido condenado por otro escándalo: el carrusel de contratación. Por su participación en estos hechos, se le ordenó cumplir una pena de siete años de prisión, en la cual se le revocó el beneficio de detención domiciliaria el año pasado, por orden del Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá. El excontratista tiene otra pena de 48 meses de prisión, también relacionada con el carrusel. y se le relaciona con el más reciente escándalo de MinTIC por, supuestamente, hacer parte de una de las empresas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados.
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El escándalo se dio por la firma de un contrato entre MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados, con la que, según decía el proyecto, se buscaba “garantizar el acceso gratuito al servicio de Internet inalámbrico Wifi para hasta 10.000 comunidades rurales con una operación a largo plazo y sin interrupciones”. Igualmente, se planeaba que 1′300.000 estudiantes fueran beneficiados y 7800 metros cuadrados de cobertura de alcance tendría cada punto para conectarse con dispositivos con Wifi.
En junio de este año estalló el escándalo cuando se evidenció que el avance de obra no se estaba cumpliendo, pues para el 30 de abril no se había instalado ni un solo punto digital de los 750 que deberían estar listos en igual número de escuelas. En esos días, también se revelo que el contrato valorado en $1,07 billones había sido adjudicado usando garantías bancarias falsas y que, adicionalmente, el Gobierno ya le había girado $70.000 millones a la Unión Temporal Centros Poblados. Ante toda la evidencia, el Ministerio, ya para finales de junio, denunció al contratista por la falsedad revelada por la prensa.
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“No es cierto que el anticipo recibido por valor de $70.000 millones esté embolatado o esté perdido como lo han manifestado algunos medios de comunicación, haciendo eco de la desinformación que ha incurrido MinTic, toda vez que dicho anticipo se ha destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarios para la ejecución del contrato”, decía una carta presentada por Centros Poblados a la opinión pública. En la misiva, aseguraban que ya se había hecho despliegue de infraestructura y compra de equipos tecnológicos.
Tras el escándalo, la exministra de las Tecnologías de la Información (TIC), Karen Abudinen, presentó la renuncia a su cargo, acorralada por el escándalo del contrato. “Me retiro con la esperanza de que en los próximos días la administración de justicia tome las decisiones pertinentes contra quienes defraudaron a la sociedad”, fueron las palabras con las que se despidió la titular de la cartera de Tecnologías de la Información (TIC).
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El CTI de la Fiscalía confirmó la captura en Barranquilla del representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque y Emilio Tapia. La detención de los dos señalados se da por el escándalo del contrato irregular entre ellos y el Ministerio de las Tecnologías de la Información (MinTIC) con el que se buscaba la conexión a internet de más de un millón de estudiantes en departamentos sin acceso al servicio.
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El representante de Centros Poblado, Luis Fernando Duque, en una entrevista con El Espectador hace unas semanas manifestó: “Para mí ha sido una sorpresa continua porque todos los días salen cosas de las cuales yo no estaba enterado y quiero dar un poco de contexto frente a esto. La unión temporal Centros Poblados está conformada por cuatro empresas y de ellas, yo sólo conocía a una de esas cuatro. Mi llegada al proyecto y a la oportunidad que había en ese momento se da un par de días antes de entregar la oferta”. En la misma entrevista, Duque dijo: “No me consta que Emilio Tapia tenga alguna relación con ICM Ingenieros (una de las empresas de la unión temporal)”.
Por su parte, Emilio Tapia había sido condenado por otro escándalo: el carrusel de contratación. Por su participación en estos hechos, se le ordenó cumplir una pena de siete años de prisión, en la cual se le revocó el beneficio de detención domiciliaria el año pasado, por orden del Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogotá. El excontratista tiene otra pena de 48 meses de prisión, también relacionada con el carrusel. y se le relaciona con el más reciente escándalo de MinTIC por, supuestamente, hacer parte de una de las empresas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados.
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En junio de este año estalló el escándalo cuando se evidenció que el avance de obra no se estaba cumpliendo, pues para el 30 de abril no se había instalado ni un solo punto digital de los 750 que deberían estar listos en igual número de escuelas. En esos días, también se revelo que el contrato valorado en $1,07 billones había sido adjudicado usando garantías bancarias falsas y que, adicionalmente, el Gobierno ya le había girado $70.000 millones a la Unión Temporal Centros Poblados. Ante toda la evidencia, el Ministerio, ya para finales de junio, denunció al contratista por la falsedad revelada por la prensa.
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Tras el escándalo, la exministra de las Tecnologías de la Información (TIC), Karen Abudinen, presentó la renuncia a su cargo, acorralada por el escándalo del contrato. “Me retiro con la esperanza de que en los próximos días la administración de justicia tome las decisiones pertinentes contra quienes defraudaron a la sociedad”, fueron las palabras con las que se despidió la titular de la cartera de Tecnologías de la Información (TIC).
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