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La condición en la que viven las personas que se encuentran privadas de su libertad en las cárceles y los centros de detención transitoria en el país siguen siendo muy preocupantes. En las últimas horas, y luego de una vista a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad El Barne, en Combita (Boyacá), una de las más grandes del país, la Defensoría del Pueblo encontró deficiencias en alimentación y salud.
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Entre los hallazgos de la Defensoría del Pueblo se encuentran dificultades con la entrega de medicamentos, situación crítica que se presenta por la falta de dispensación de la empresa prestadora del servicio. Además, según la entidad, se necesitan con urgencia brigadas en optometría, oftalmología, medicina interna, ortopedia, dermatología, cirugía general, radiografías, ecografías y electrocardiogramas. Las brigadas que se han autorizado solo alcanzan a atender el 50% de la población que requiere sus servicios.
“Es prioritario que se garantice el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. Las entidades competentes están obligadas, así lo establece la normativa colombiana, a garantizar la vida e integridad de quienes cumplen condenas”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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Por otro lado, la Defensoría encontró que las condiciones mínimas de calidad, nutrición, cantidad y oportunidad que permitan una subsistencia digna para los privados de la libertad no están siendo garantizadas. Incluso en el primer semestre del 2023 hubo incumplimiento de la empresa prestadora de ese servicio, el cual fue atendido con la mediación de la Regional Boyacá de la Defensoría del Pueblo.
Otra de las dificultades está relacionada con el hacinamiento, ya que es del 28% por ciento en promedio. El pabellón de alta seguridad tiene una capacidad para 1500 privados de la libertad y en la actualidad hay 1925, mientras que en el de mediana seguridad el hacinamiento es del 31%, pues hay 1888 privados de la libertad, cuando la capacidad es para 1439 cupos.
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