Este jueves 27 de abril, la Secretaría de Seguridad se pronunció frente a las recientes denuncias y la investigación de la Procuraduría en contra de la alcaldesa Claudia López y del secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, por el incumplimiento de crear, dirigir, organizar, administrar y vigilar cárceles y centros de prisión preventivos en Bogotá.
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Tras inspecciones judiciales a estaciones de Policía de la capital, se encontró un hacinamiento de hasta el 200%. Y de acuerdo con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en las estaciones hay tan solo un baño para 120 personas. Asimismo, se denunció que en la estación de Engativá se halló a privados de la libertad recluidos en el shut de basura. Por su parte, el Inpec informo que después de este seguimiento han trasladado a cárceles a 214 personas que se encontraban en centros de detención transitoria.
Por su parte, la cartera de Seguridad de la capital señaló que: “el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, carcelarios y en los centros de detención transitoria, es un problema estructural que no solo se presenta en Bogotá, sino en todo el país. Durante años se ha sostenido la discusión sobre las competencias del Gobierno Nacional y las entidades territoriales en esta materia. El artículo 17 de la Ley 67 de 1993 no es claro al respecto y por ello la Corte Constitucional ha emitido algunas órdenes con el fin de dar claridad y distribuir competencias”.
De acuerdo con la entidad del Distrito, la pandemia y la medida sanitaria del Gobierno Nacional de cerrar establecimientos penitenciarios y carcelarios en Colombia, tuvo como consecuencia el incremento del hacinamiento en los centros de detención transitoria de un 200%. Ya que en enero 2020 en estaciones y URI de Bogotá estaban recluidas alrededor de 1.300, hoy esa cifra se triplicó.
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Por su parte, “el Distrito trazó una hoja de ruta para hacerle frente a esta situación y dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional, a corto, mediano y largo plazo, apostándole no solo a mantener y fortalecer el funcionamiento de la Cárcel Distrital (con 1.028 cupos y una ocupación de 1.049) en la que no solo se brinde una atención integral y de resocialización, sino ampliando esta capacidad carcelaria”, señaló la entidad.
Asimismo, la cartera recalca que a estos espacios se le van a proveer colchonetas, kits de aseo y brigadas de salud y reparaciones locativas.
¿Qué ha hecho la Secretaría de Seguridad frente al hacinamiento?
La cartera compartió que en el 2022 entró en funcionamiento el Centro Especial de Reclusión con 216 cupos. Para esta obra, se creó una planta temporal de cuerpo de custodia y vigilancia, y tuvo una inversión de aproximadamente $17.000 millones. Y ya estando en operación, se destinaron recursos de $10.000 millones para su vigilancia y funcionamiento en 2022 y 2023.
También llevaron a cabo la ampliación de centros especiales de reclusión, y para la fase 2 se contrataron los estudios y diseños para su ampliación, con la intención de lograr 492 cupos. “Ya se cuenta con las licencias de construcción y se espera contratar la obra en esta vigencia de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, con una inversión aproximada de $15.000 millones”, señaló la entidad.
Por otra parte, en el 2020 se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia, el Inpec, Uspec y la Secretaría para el proyecto de la Cárcel Distrital 2 en un predio de la Picota, con una capacidad de 3.000 cupos. Sin embargo, el Distrito está a la espera de que el Gobierno Nacional defina la porción de predio e inicie el trámite de la cesión para iniciar la obra.
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“El Distrito desde el 2020 ha contado con los recursos para contratar los estudios y diseños, sin embargo, hasta que no se tenga el predio no se puede avanzar. Asimismo, ya dimos cumplimiento a las obligaciones contempladas en el convenio relacionadas con el POT”, recalcó la entidad.
En cuanto a los traslados, “se han recibido desde el 2022, a corte de hoy, 1.295 privados de la libertad provenientes de estaciones y la URI de Puente Aranda, en la Cárcel Distrital y en el CER”, agregó Seguridad, y compartió que también se viene “impulsando una propuesta normativa que permita resolver la problemática en materia de política criminal, penitenciaria y carcelaria de manera estructural, planteando un régimen de alternatividad penal y un enfoque de justicia restaurativa, lo cual aportaría en la solución a largo plazo de esta problemática”.
Otra de las cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad señala que de los 3.207 privados de la libertad en estaciones y en las URIs, 457 están condenados. Asimismo, que para el mantenimiento de la Cárcel Distrital y poder abrir más cupos, se destinaron $37.000 millones.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, expresó que: “las estaciones de policía y las URI requieren una atención del Gobierno Nacional porque estas instalaciones no están construidas ni diseñadas para albergar personas privadas de la libertad, hoy tenemos 3.265 personas privadas en esas instalaciones, con un hacinamiento del 265% igualmente dentro de esas personas hay 500 condenados que deberían estar en las cárceles”.
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También hizo el llamado para que se tomen las acciones correspondientes, “primero para deshacinar esas instalaciones y segundo para mejorar las condiciones de esas personas privadas de la libertad, eso es un problema estructural”, recalcó Heredia.
Y resaltó que su Secretaría compró y adecuó un predio en la localidad de Puente Aranda y allí se conformó el centro especial de reclusión (CER), el cual cuenta con una capacidad para 216 personas privadas de la libertad y contrató los estudios y diseños para una segunda fase que tendrá una capacidad cercana a las 500 personas.
“De otro lado, hemos gestionado el traslado de más de 1.200 internos que estaban en las estaciones de Policía y en las URI a los diferentes centros carcelarios”, señaló el secretario.
Para Andrés Nieto, experto en seguridad, en el país desde 1991 se venía advirtiendo que el tema de la crisis penitenciaria y carcelaria iba a cobrar factura, no solo en términos de justicia, sino de seguridad, y esto se estaría cumpliendo.
“Recordemos que en 1992 diferentes organismos internacionales hicieron la alerta en Colombia sobre la necesidad de poder, no solo humanizar las cárceles y brindar garantías, sino de un modelo que permitiera la reincorporación a la sociedad, al mundo laboral, familiar y social de las personas privadas de la libertad, eso no se cumplió y lo que tenemos hoy es una entidad sumamente ineficaz”, agregó Nieto.
Él también se pregunta por qué la Procuraduría le abre una investigación a Claudia López, si la única cárcel que no tiene problemas de hacinamiento y que no ha tenido un motín relevante o conflictos por fugas está en Bogotá, y es la Cárcel Distrital.
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“Es la única en del país que está acreditada por Norteamérica en términos de estándares internacionales, no solo de garantía de derechos humanos, sino de protección para poder garantizar que esas personas no escapen y que además tengan un modelo de reincorporación y de reinserción social efectivo en términos económicos, sociales y familiares”, señala el experto, quien recalca que el modelo de la Distrital debería replicarse en todo el país.
El experto también se cuestiona por qué el Gobierno Nacional tampoco le ha dado el visto bueno al lote aledaño de la Picota. “Desde el año 2019 Bogotá ha insistido en la necesidad de poder echar a andar este proyecto en el predio que está ubicado en el límite entre Rafael Uribe y Usme por la Caracas hacia el sur, ese es el punto que se ha soñado en un macroproyecto donde deberían estar hoy la cárcel Modelo, Buen Pastor o Distrital”.
Para el experto, la capital en el 2021 avanzó en la creación del Centro Especial de Reclusión (CER) que se hizo para poder deshacinar las URIs y las estaciones, “Bogotá está entre las pocas ciudades que avanzó en este tema. Hoy tiene más de 400 cupos y bajo el mismo modelo de la Cárcel Distrital está administrado una inversión de $18.000 millones que permitió empezar a deshacinar, sin embargo, sigue el colapso no solo en Bogotá sino en todo el país”.
De acuerdo con Andrés, la investigación de la Procuraduría no es la primera vez que se hace, “recordemos que ya había pasado con algunos municipios del Huila, Santander y del Tolima. Lamentablemente los diferentes organismos de control terminan poniendo la lupa sobre los alcaldes cuando el problema es funcional y del Gobierno Nacional”, concluyó.
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