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Cargos contra funcionarios del Inpec por fiesta en pabellón de alta seguridad de La Picota

Una celebración religiosa que terminó convertida en una fiesta en un pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota llevó a la Procuraduría a formular cargos contra ocho funcionarios del Inpec por presuntamente permitir conciertos y el ingreso de elementos prohibidos.

Redacción Judicial

26 de marzo de 2026 - 12:36 p. m.
Los hechos habrían ocurrido entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022, en el marco de la celebración del día de la Virgen de las Mercedes, patrona de las personas privadas de la libertad.
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra ocho funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por presuntas irregularidades ocurridas en la cárcel La Picota, en Bogotá, específicamente en un pabellón de alta seguridad destinado a internos extraditables.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, los hechos habrían ocurrido entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022, en el marco de la celebración del día de la Virgen de las Mercedes, patrona de las personas privadas de la libertad. Durante esas fechas, al interior del pabellón se habrían realizado, sin autorización, conciertos con reconocidos artistas vallenatos, así como otras actividades prohibidas.

La decisión del Ministerio Público cobija al entonces director encargado del penal, Carlos Hernán Camacho; al capitán de prisiones Luis Francisco Gómez Benítez; y a los dragoneantes Blademir Sambony Suárez, Luis Francisco Ortegón Ortegón, Óscar Jiménez Idárraga, Diego Alejandro Segura Fandiño, Jonathan Suárez Cortés y Ediuth Alexander González.

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Según el expediente, los funcionarios investigados habrían permitido el ingreso de elementos prohibidos al pabellón de alta seguridad, entre ellos bebidas alcohólicas, cigarrillos, equipos de sonido y comunicación, dinero en efectivo y sustancias alucinógenas. Además, se habría facilitado la realización de conciertos y juegos de azar dentro del establecimiento penitenciario.

Para la Procuraduría, los funcionarios “habrían incumplido sus deberes funcionales y las normas que regulan el control de elementos permitidos y prohibidos dentro de los establecimientos penitenciarios, contempladas en el Código General Disciplinario y en los reglamentos internos del sistema penitenciario”.

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