Una negociación entre la Fiscalía General de la Nación y Carlos Mattos, condenado por sobornar jueces, llamó la atención este 4 de febrero. El ente investigador llegó a un principio de oportunidad con el empresario para que entregue dos camionetas a modo de indemnización, en el marco de la investigación que se adelanta en su contra por unas presuntas salidas no autorizadas en 2022 de la cárcel La Picota, donde estaba recluido.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, tras varias denuncias de medios de comunicación, darían cuenta de las posibles salidas irregulares que Mattos habría realizado en vehículos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cuando estuvo preso en la cárcel La Picota, en Bogotá. En el marco de esa investigación, el empresario logró un principio de oportunidad que le permitiría entregar dos carros a cambio del cierre del caso.
El empresario se libraría de un proceso judicial por sus salidas no autorizadas a cambio de entregar vehículos de la marca Hyundai: uno a la Fiscalía y otro al Inpec. “El señor Carlos José Mattos Barrero realiza la donación de un vehículo, bajo el pedido del cliente y como reparación integral, ambos con fecha del 11 de noviembre de 2025, los cuales serán puestos a disposición para labores de custodia, logística y transporte de personas privadas de la libertad”, dijo la fiscal encargada del caso, Aida Moreno.
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Fuentes de la Fiscalía consultadas por El Espectador indicaron que este principio de oportunidad no se trata de un beneficio otorgado al empresario “por adinerado”, sino que, por el contrario, significa que “tiene la posibilidad de subsanar el daño y la afectación causada”. Esto, según la Fiscalía, con base en el artículo 324 de la Ley 906, que establece que cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, puede existir la justicia restaurativa.
Asimismo, el ente investigador señaló que aceptar esa negociación con Mattos, condenado por pagar sobornos para torcer una demanda que interpuso contra sus antiguos socios de la casa automotriz Hyundai, no es “un capricho” de la Fiscalía. Por el contrario, “es parte del resarcimiento por usar un bien del Estado para asuntos particulares”.
Sin embargo, aún queda un cabo por atar en esa negociación. Si bien Mattos estaría reparando el daño cometido por medio de la entrega de los dos vehículos, cuyo precio suma cerca de COP 300 millones, dentro de los términos del principio de oportunidad no se habría contemplado la colaboración con la justicia o la entrega de información que permita completar el rompecabezas de su caso.
Para la Fiscalía, no se trata de un vacío, sino de una decisión “ajustada a la ley”, que se aplica en casos en los que es suficiente con “un resarcimiento del daño, un acto de excusas públicas y la no repetición, todo sujeto a vigilancia”. Por ahora, la decisión de avalar o no esa negociación con el empresario está en manos de un juez que se pronunciará al respecto el próximo 10 de febrero.
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Las salidas de Mattos
El caso del empresario fue ampliamente conocido luego de que Noticias Caracol revelara en marzo de 2022 los videos de Mattos en salidas no autorizadas, acompañado de personal del Inpec. Tras la difusión del material, el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ordenó su traslado de la cárcel La Picota a la de Cómbita (Boyacá). Además, el entonces director de ese penal, Wilmer José Valencia, fue llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría.
En 2023, el Tribunal de Bogotá confirmó la condena de nueve años de prisión contra Mattos, al ratificar la sentencia que le impuso la justicia a finales de 2022 por pagar sobornos para torcer la demanda que interpuso contra sus antiguos socios de la casa automotriz Hyundai.
Además de este proceso, el empresario Carlos Mattos también fue condenado en noviembre de 2022 por un soborno que entregó a una jueza civil, Ligia del Carmen Hernández, quien conoció de sus demandas contra Hyundai. En ese caso se demostró que Mattos entregó millones de pesos en efectivo a Hernández en cajas de zapatos. La exfuncionaria también fue condenada.
Luego, en 2024, la Fiscalía imputó a tres integrantes del Inpec por los delitos de prevaricato y peculado, por presuntamente haber permitido que Mattos visitara su oficina en el norte de Bogotá como un ciudadano común y corriente, a principios de 2022. Los imputados son los dragoneantes Jorge Hernán Guerrero, Luis Alejandro Rojas y William René Caballero, quienes siguen vinculados a ese proceso penal.
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