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El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández, condenado por corrupción al interior de ese alto tribunal en el escándalo del llamado cartel de la toga, tendrá libertad condicional. La decisión la tomó la Sala de Primera Instancia de la Corte que encontró que el corrupto exmagistrado, condenado a nueve años de prisión, ya cumplió gran parte de la pena y puede acceder al beneficio.
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Malo, condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión, había buscado desde hace años la libertad condicional en su caso. Esta vez, la Sala resolvió la impugnación que formuló su defensa contra el auto del juzgado 32 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que le había negado la libertad condicional. El alto tribunal consideró que Malo Fernández ha avanzado sustancialmente en el proceso de resocialización durante la ejecución de la condena.
De acuerdo con la decisión de 41 páginas, el exmagistrado condenado a 116 meses y 12 días de prisión, ya ha cumplido el 90% de su pena. “Se tiene un total de ciento cuatro (104) meses y veintitrés coma uno (23,1) días de pena cumplida, lo que equivale al noventa por ciento (90%) de la ejecución de la sanción”, se lee en el documento. Asimismo, se señala que Malo Fernández ha tenido un comportamiento ejemplar durante el cumplimiento de su condena.
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“El condenado registra conducta calificada como buena y ejemplar, no cuenta con sanciones disciplinarias, participa en actividades de tratamiento penitenciario, además, posee certificaciones favorables de su desempeño”, dice la decisión. También, que el exmagistrado “ha mantenido un comportamiento favorable, de participación en actividades del tratamiento penitenciario, respeto por la normatividad institucional y participación en programas de educación, formación académica y espiritual”.
Por otra parte, el alto tribunal tuvo en cuenta que el centro de reclusión en el que está Malo Fernández emitió un concepto favorable sobre su proceso y dijo que era apto para acceder al beneficio. “Malo Fernández cuenta con apoyo familiar, red de soporte emocional y condiciones personales y sociales que permiten tener por satisfecho ese componente”. Además, que “la dirección del centro de reclusión conceptuó favorablemente la concesión del mecanismo sustitutivo”.
Aunque el alto tribunal en su decisión resaltó la gravedad de los delitos cometidos por el exmagistrado que defraudó a la justicia, señaló que “la ejecución de la pena no puede comprenderse como un escenario destinado a mantener indefinidamente el reproche por la sola entidad del delito en el que la gravedad inicial de la conducta clausure, de manera permanente la posibilidad de examinar los avances posteriores del condenado”.
Sin embargo, en el documento se resalta que “el país espera de sus jueces y magistrados un comportamiento íntegro, pero también espera de quienes administran justicia que decidan sin ánimo de retaliación, sin prolongar la pena más allá de sus fines legítimos y sin transformar la gravedad del delito en un obstáculo indefinido”.
Gustavo Enrique Malo Fernández fue condenado en agosto de 2021 por ser una de las piezas del engranaje de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento la Corte determinó que el condenado se aprovechó de su toga para intentar torcer procesos contra congresistas, por lo cual negoció millonarios sobornos.
Gustavo Malo hizo una alianza corrupta con abogados y el también exmagistrado Francisco Ricaurte para abordar congresistas y, conociendo detalles exclusivos de sus expedientes penales, favorecerlos con decisiones o impidiendo aperturas formales de investigación, a cambio de altas sumas de dinero. Entre quienes habrían pagado, estarían el exsenador Musa Abraham Besaile, que habría dado $2.000 millones para dilatar la apertura de una investigación en su contra.
En la sentencia del alto tribunal contra Malo, se menciona al exsenador Álvaro Ashton, quien habría entregado $1.200 millones con el fin de que se archivara una indagación preliminar en su contra, “adelantada por sus relaciones con el Bloque Norte de las Autodefensas”. Ambos políticos aceptaron entregar esas millonarias sumas de dineros. Según la sentencia, los acercamientos a los políticos los hicieron los abogados Luis Gustavo Moreno, antiguo fiscal anticorrupción, y Leonardo Pinilla, quienes a su vez obtenían información confidencial entregada por el exmagistrado Ricaurte.
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