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La Corte Suprema de Justicia acaba de ordenar una inspección judicial en las instalaciones del Congreso en medio de la polémica por la orden de la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusación, de suspender provisionalmente de su cargo al presidente Gustavo Petro. El alto tribunal abrió una investigación previa en contra de la representante a la Cámara del Pacto Histórico por presunto prevaricato.
El caso tuvo su origen en la denuncia hecha por el abogado y exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, en la que le dijo a la Sala de Instrucción de la Corte que lo hecho por Arizabaleta iba en contra de la ley. El caso aterrizó en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, quien ordenó practicar pruebas.
Además, el togado investigará las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro sobre situaciones de “extorsión”. Según el primer mandatario, Arizabaleta le hizo una serie de peticiones a sus ministros que considera como “extorsiones”, y le solicitó a los jefes de cartera que declararan ante el alto tribunal.
“Creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión; ya no está en su derecho de representación, sino como criminal. Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que hacen parte del partido que fundé, pero que tienen que ver con quién está en un partido rival hoy ante su asesor Ibáñez”, agregó el mandatario.
La denuncia por la que se ordenó la inspección apunta a que Arizabaleta ordenó la suspensión de Petro sin tener la competencia para hacerlo. “La propia providencia reconoce de manera expresa que la Constitución establece un procedimiento especial para el juzgamiento del Presidente de la República, que involucra a la Cámara de Representantes y al Senado”, se lee en la denuncia. Asimismo, agrega que Arizabaleta “decidió apartarse de esa regla constitucional expresa y aplicar de forma directa la legislación disciplinaria, decretando por sí sola la suspensión del jefe de Estado”.
La congresista del Pacto Histórico, dice el documento, habría actuado conociendo que sus acciones, supuestamente, iban en contra de la ley. “Quien reconoce expresamente la regla y, no obstante, resuelve apartarse de ella, actúa con pleno conocimiento de que su decisión desborda el ordenamiento”, señala.
“Estos elementos, en conjunto, permiten inferir que la actuación no obedeció a un error de buena fe, sino a un proceder consciente y dirigido, lo que deberá esclarecerse en la investigación“, sostuvo Henao en la denuncia.
A pesar de lo ocurrido, el presidente Petro no está suspendido de su cargo. La razón es que esta es la primera vez que una congresista de la Comisión toma una decisión de este tipo y en Colombia no existe ninguna norma o artículo de la Constitución que le permita a la Comisión de Acusaciones suspender a un presidente.
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