A 15 años fue inhabilitada la exrepresentante a la Cámara del Partido Liberal por Putumayo, Argenis Velásquez Ramírez (2014 – 2018), por intentar engañar a la justicia dentro del escándalo de corrupción que se denominó como el Cartel de la Toga. La investigación reveló que entregó 130 millones de pesos a un funcionario del despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Enrique Malo, para ser favorecida en un proceso penal que se adelantaba en su contra.
Le puede interesar: Argenis Velásquez, investigada por la Corte Suprema, fue sancionada por la Contraloría
Los hechos ocurrieron que en 2015. Para esa fecha, según la Procuraduría, la excongresista entregó esa suma de dinero al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruíz, a través de su abogado defensor Luis Gustavo Moreno, para evitar una eventual captura o un llamado a juicio por la presunta apropiación de 300 millones de pesos cuando se desempeñó como alcaldesa de Orito, Putumayo, entre 2009 y 2010.
“Su actuación demostró un desprecio total por la administración pública, la ética y la honradez que debe guiar el ejercicio de la función pública, más aún si se trata de una servidora que fue elegida por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”, explicó el Ministerio Público en su decisión.
Lea: Gustavo Moreno declarará ante la Procuraduría el próximo 29 y 30 de enero
Por estos mismos hechos, un juez ya condenó a la exrepresentante a la Cámara del Partido Liberal a cinco años y tres meses de prisión, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer. Lo hizo el pasado 10 de agosto en una decisión en la que además ordenó su captura inmediata y le impuso una multa equivalente a 87.495 salarios mínimos mensuales vigentes.
Pero este no es la única condena que pesa en la justicia contra Velásquez Ramírez. En octubre de 2023 fue condenada a 18 años y 6 meses de prisión, por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por haberse quedado con parte del salario de una de las funcionarias de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Según el alto tribunal, la política abusó de su cargo y poder para que le fueran entregados dineros de sus trabajadores. La Corte determinó que Velásquez Ramírez había “constreñido a los funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) asignados a su despacho, para que mes a mes le entregaran a su esposo la mitad del salario devengado por ellos, abusando de su cargo y poder político”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador
