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Argenis Velásquez Ramírez, exalcaldesa de Orito (Putumayo) y actual representante a la Cámara, fue sancionada fiscalmente por dos procesos de responsabilidad que adelantaba la Contraloría General y que suman, en total, $407 millones. Velásquez Ramírez está en la mira de la Corte Suprema por, supuestamente, haber pagado una millonaria coima para dilatar un proceso en su contra.
En el primer fallo, la Contraloría explicó que se da como consecuencia del pago que realizó la administración de la entonces alcaldesa de Orito, con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), a la Droguería Dinámica, un proveedor con quien el municipio no tenía ninguna obligación o relación contractual. (Le podría interesar: Nilton Córdoba, Argenis Velásquez y Alberto Velásquez, salpicados en el cartel de la toga)
Según el organismo de control fiscal, la exalcaldesa faltó al deber de cuidado, diligencia y precaución que se exige como servidora pública, representante legal de Orito y reguladora del gasto. “Dichas funciones le exigían un manejo responsable de los recursos públicos del régimen subsidiado destinados a atender la salud de la población más vulnerable de su jurisdicción, que en este caso fueron desviados para pagar acreencias inexistentes”, precisó la Contraloría.
El fallo fiscal contra la exalcaldesa, por $79 millones, y fechado el 4 de enero de 2018, fue confirmado en segunda instancia por el contralor general, Edgardo Maya Villazón, y los implicados en estos hechos fueron registrados, según establece la ley 610 de 2000, en el Boletín de Responsables Fiscales.
En el segundo fallo la Contraloría investigó la expedición de un acto administrativo que ordenaba el pago al mismo establecimiento, Droguería Dinámica, a través de las EPS Selvasalud y Caprecom: el primero por $188 millones y el segundo por $58 millones. “Tales pagos no podían hacerse dado que estas dos EPS no tenían deudas por las referidas sumas con esta droguería, ni autorizaron hacerle giro alguno”, explicó el organismo de control fiscal. (Lea también: Corte abre indagación a los representantes Nilton Córdoba y Argenis Velásquez)
La Contraloría sancionó fiscalmente a la representante a la Cámara porque su omisión contribuyó al daño fiscal al haber autorizado al banco BBVA, con sede en Puerto Asís (Puyumayo), debitar los recursos de la cuenta de los recursos SGP para transferirlos a la cuenta de ahorros de la mencionada droguería. “Tal autorización se dio sin que existiera una obligación contractual por parte de las EPS Selvasalud y Caprecom con dicho establecimiento”, agregó la entidad.
Este fallo, por $407 millones, fue confirmado igualmente con el contralor Maya Villazón y cobija a Robinson Delgado Vargas, exalcalde (e) del municipio y a la entonces tesorera municipal, Nora Inés Gómez.