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20 Jan 2023 - 3:22 a. m.

Cartel de la toga: exmagistrado Francisco Ricaurte es imputado por nuevos hechos

El expresidente de la Corte Suprema fue imputado nuevamente por su presunta participación en una red corrupta que frenaba investigaciones en el alto tribunal. En 2021, ya había sido condenado por intentar torcer los expedientes contra los congresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile. En este nuevo expediente por intentar ayudar a los excongresistas Nilton Córdoba y Argenis Velásquez.
Francisco Ricaurte ya fue condenado por su participación en el Cartel de la toga.
Francisco Ricaurte ya fue condenado por su participación en el Cartel de la toga.
GUSTAVO TORRIJOS
Francisco Ricaurte ya fue condenado por su participación en el Cartel de la toga.
Francisco Ricaurte ya fue condenado por su participación en el Cartel de la toga.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La Fiscalía General acaba de anunciar una nueva imputación de cargos contra el exmagistrado Francisco Ricaurte por su supuesta participación dentro del denominado caso del cartel de la toga, expediente por el que ya fue condenado en 2021. Esta vez, la Fiscalía volvió a señalar que fue pieza clave para torcer expedientes en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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Las pruebas que acaba de entregar la Fiscalía darían cuenta de que Ricaurte, entre los años 2015 y 2016, recibido dinero para sobornar a Camilo Ruiz, magistrado auxiliar de la Corte Suprema, para que este entorpeciera los procesos en contra de Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, quienes para ese entonces eran representantes a la Cámara de Putumayo y Chocó. Estos tenían como defensor al abogado Luis Gustavo Moreno, quien habría sido pieza clave para gestionar los sobornos.

La investigación afirma que el abogado Moreno hizo el puente entre Ricaurte y el magistrado auxiliar Ruiz, quien estaba adscrito al despacho de Gustavo Malo (ambos condenados por el cartel de la toga), para acordar los sobornos. El trato era que a cambio de dádivas, Ruiz impediría que se adelantaran acciones de investigación, se expidiera órdenes de captura o se emitiera cualquier decisión en contra de los dos congresistas.

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Ricaurte habría sido el encargado de fijar los precios de los sobornos, a los cuales nombró como “honorarios”, esto dependiendo de la complejidad de los señalamientos y las pruebas que se hallaran en contra de los dos excongresistas. La Fiscalía afirmó que la evidencia indica que parte del dinero lo recibió del abogado de los exrepresentantes y otra parte fue recibida de manera directa.

También se pudo establecer que gracias a este pacto ilegal, los aforados estuvieron en indagación preliminar durante dos años sin ningún tipo de avance. Esto, en tres procesos en contra de Córdoba Manyoma y uno en contra de la exrepresentante Velásquez Ramírez, quienes tras recibir la presunta autorización del exmagistrado Ricaurte, le entregaban los sobornos al magistrado auxiliar a través de su abogado defensor.

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La primera condena de Ricaurte

Ricaurte ya tiene una condena por el denominado cartel de la toga, la red de magistrados, abogados y políticos que torcían o frenaban expedientes judiciales en la Corte Suprema de Justicia. En diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, dejó en firme su condena por ser parte de esa asociación ilícita en la rama judicial. Por estos hechos ya aceptaron su responsabilidad los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes eran investigados en el alto tribunal por sus supuestos nexos con el paramilitarismo. Los senadores del Partido de la U y Liberal, respectivamente, admitieron haber pagado millonarios sobornos al cartel de la toga para torcer las investigaciones en su contra.

Ricaurte fue sentenciado por conformar una “organización criminal” junto a otros exmagistrados, altos funcionarios y abogados, como el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno. La captura de Moreno, en junio de 2017, fue la génesis del cartel de la toga. En ese momento, el alto funcionario de la administración de Néstor Humberto Martínez fue capturado en su propia oficina, luego de que la DEA entregara unos audios a las autoridades colombianas que daban cuenta que Moreno le pidió un millonario soborno a Alejandro Lyons, el exgobernador de Córdoba, para frenar sus pendientes con la justicia colombiana por el desfalco a ese departamento.

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Según el juez de primera instancia, Ricaurte era quien conseguía los clientes, establecía las condiciones de precio que se iba a cobrar, la forma de pago, la distribución de los dineros. “Se ha conocido dentro del proceso que quien conseguía clientes, fijaba la taza o el valor y el modus operandi era Ricaurte Gómez su líder y, como dice Luis Gustavo Moreno Rivera, el que invento esto”, señaló el despacho.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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