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La Procuraduría General de la Nación sancionó e inhabilitó por 15 años al exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba en medio del escándalo denominado ‘Cartel de la toga’. El excongresista del Partido Liberal le entregó $200 millones a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia para que lo favoreciera en dos procesos penales, y con esto evitó una eventual orden de captura en su contra. Las investigaciones que desarrollaba el alto tribunal estaban relacionadas con irregularidades que se presentaron mientras se desempeñaba como alcalde de Medio Baudó (Chocó) entre 2008 y 2011.
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Según el órgano de control, el excongresista le entregó el dinero al magistrado auxiliar Carlos Andrés Ruiz, a través de su defensor, Luis Gustavo Moreno, para que este actuara a su favor. El funcionario hacía parte del despacho del magistrado Gustavo Enrique Malo, quien fue condenado en agosto de 2021 a nueve años y medio de prisión, por participar en la red de políticos y altos funcionarios de la Rama Judicial que torcían fallos.
Las investigaciones que desarrollaba el alto tribunal estaban relacionadas con irregularidades en la construcción de la Alcaldía de Medio Baudó (Chocó) y lavado de activos en medio de actividades de explotación de oro y platino en el municipio. Para el Ministerio Público, el excongresista tenía pleno conocimiento de que entregar sumas de dinero a funcionarios públicos para buscar beneficios está prohibido y es considerado un delito.
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La Procuraduría afirmó que “su conducta demostró un desprecio total por la ética y la honradez que deben guiar el ejercicio de la función pública, más aún si se trata de un servidor elegido por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”.
De acuerdo con la decisión del Ministerio Público, al hablar del pago de los $200 millones, se estableció que “quebrantó sus deberes funcionales al no actuar conforme al marco normativo y acorde con la majestad de su investidura, vulnerando el principio de moralidad que regula la función administrativa, sin justificación alguna en su proceder”.
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