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El exmagistrado Francisco Ricaurte está nuevamente ante los estrados judiciales por su participación en el cartel de la toga, una organización que torcía expedientes en la Sala Penal del alto tribunal con la ayuda de magistrados, abogados, a quienes congresistas y gobernadores investigados pagan millonarios sobornos. En esta ocasión, el expresidente de la Corte Suprema fue acusado por, supuestamente, intentar entorpecer los procesos en contra de los excongresistas del Partido Liberal Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma.
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La acusación quedó en firme luego de que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá negara la petición de la defensa del exmagistrado, que pedía anularla.
Los hechos se remontan a 2015. Según la Fiscalía, desde ese año y hasta 2016, Francisco Ricaurte habría recibido dinero para sobornar a Camilo Ruiz, magistrado auxiliar de la Corte Suprema, para que entorpeciera los procesos en contra de Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, quienes para ese entonces eran representantes a la Cámara de Putumayo y Chocó, respectivamente. Los excongresistas tenían como defensor al abogado Luis Gustavo Moreno, quien habría sido pieza clave para gestionar los sobornos.
La investigación afirma que el abogado Moreno hizo el puente entre Ricaurte y el magistrado auxiliar Ruiz, quien estaba adscrito al despacho de Gustavo Malo (ambos condenados por el cartel de la toga), para acordar los sobornos. El trato era que, a cambio de dádivas, Ruiz impediría que se adelantaran acciones de investigación, se expidiera órdenes de captura o se emitiera cualquier decisión en contra de los dos congresistas.
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Las pruebas de la Fiscalía también revelan que Ricaurte habría sido el encargado de fijar los precios de los sobornos, a los cuales nombró como “honorarios”, esto dependiendo de la complejidad de los señalamientos y las pruebas que se hallaran en contra de los dos excongresistas. La Fiscalía asegura que parte del dinero lo recibió del abogado de los exrepresentantes a la Cámara y otra parte fue recibida directamente.
También se pudo establecer que, gracias a este pacto ilegal, los aforados estuvieron en indagación preliminar durante dos años sin ningún tipo de avance. Esto, en tres procesos en contra de Córdoba Manyoma y uno en contra de la exrepresentante Velásquez Ramírez, quienes tras recibir la presunta autorización del exmagistrado Ricaurte, le entregaban los sobornos al magistrado auxiliar a través de su abogado defensor.
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