La primera vez que Marcela Castillo consiguió un trabajo formal, tras haber pagado una pena de tres años y medio de prisión por irse de “mula” a México por insistencia de su expareja, fue cuando ocupó el puesto de auxiliar contable en una empresa de manufactura en Bogotá. “Cuando solo llevaba unos días, mi jefe me dijo que me tenía que dejar manosear. El tipo hasta me llegó a regalar ropa interior, pero yo se la botaba en frente de él. Recuerdo tanto que me decía: ‘Usted tiene que agradecer que yo la contraté. Te tienes que portar bien’. En otras empresas, cuando se enteraron de que estuve presa, me pidieron sexo. Y si se enteran de que estuviste en una cárcel, es peor”.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Marcela Castillo es una de las más de 25.600 personas que, solo en Bogotá, están registradas como pospenadas del sistema penitenciario. Un grupo poblacional que, como la academia lo ha constatado, permanece en una constante lucha por reincorporarse plenamente a la sociedad. Según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), alrededor del 25% de la población privada de la libertad es reincidente en delitos, y va en aumento cada año desde 2016. Para frenar esa estadística, el Ministerio de Justicia lanzó oficialmente, a través de un decreto, el programa de Casas de acogimiento, el cual busca ofrecerles garantías a quienes terminan de pagar sus penas en el país.
Lea también: Ricardo Bonilla y los otros pendientes de la Fiscalía en el caso de la Ungrd
El programa está dirigido a personas que salen de prisión (sin estadística oficial), a condenados a prisión domiciliaria (57.342) y personas que cumplen medidas alternativas no privativas de la libertad (6.063). Las Casas de acogimiento serán edificios donde, se espera, se ofrecerán los servicios de atención más integrales hasta la fecha, en articulación con el programa ya existente de Casa Libertad, y con apoyo de Casas de Justicia, Centros de Convivencia Ciudadana y organizaciones de la sociedad civil. El Ministerio de Justicia se comprometió a garantizar a esta población orientación jurídica, acompañamiento psicosocial, promoción de emprendimientos y enrutamiento productivo.
El Inpec, según conoció El Espectador, quedó encargado de vincular a las organizaciones de la sociedad civil con la iniciativa, la cual tendrá, además, un enfoque de atención de violencias, daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas, educación en trámites ante entidades del Estado, gestión de antecedentes penales, acceso al servicio de seguridad social, la llegada a hogares de paso y hasta auxilios de transporte. El Ministerio de Justicia le encargó al Inpec, dirigido por el coronel Daniel Gutiérrez, un informe anual que certifique la cantidad y la calidad de las alianzas.
Le puede interesar: Portugal avaló la extradición de “Papá Pitufo”, pero su asilo sigue sin resolverse
La iniciativa que históricamente se ha ofrecido por el Estado es la de Casa Libertad. Pero los números muestran que su efecto no es el esperado. Para empezar, el proyecto solo funciona en Bogotá y, aunque entre 2020 y 2025 se identificaron más de 25.000 personas que salieron de la cárcel en la capital, a corte de 2024 se atendieron solo a 800 personas. En Cali hay presencia de 15.800 exreclusos, en Medellín 14.190, en Bucaramanga 4.814 y en Cúcuta 4.545, entre otros. La razón podría estar en experiencias como la de Alejandra*, una mujer que dice haber sido engañada por una expareja para participar de un hurto que terminó con la muerte del propietario de un vehículo, en el Huila.
De acuerdo con Alejandra, el día que visitó el programa en Bogotá, “me dijeron que debía asistir a unos talleres, sí o sí. Y que, si yo quería que me ayudaran con el tema de empleabilidad, tenía que hacer los talleres de dos y tres meses. Me iban a enseñar a cuadrar una hoja de vida, como expresarme en una entrevista, toda esa clase de cosas. Yo pensé, por lo que había escuchado en prisión, que me iban a dar un apoyo económico al menos para los transportes, pero no. Pensé en montar un emprendimiento, y creí que me podrían prestar al menos un millón de pesos para montar un negocio. Pero tampoco. Yo necesitaba algo real. Yo tenía al menos donde vivir, pero no tenía trabajo, y estando al borde, no pude aceptar tanta espera”.
Más contenido: En Casanare incautan cargamento de cocaína y marihuana avaluado en $5.800 millones
Y agrega: “Sería bueno que a uno le llegara un subsidio, al menos dos o tres meses, mientras uno se vincula a un trabajo real. Dennos la oportunidad de trabajar, porque nosotros no queremos nada regalado, solo una ayuda básica para tener la capacidad de sostenernos”. Marcela Castillo, quien espera terminar pronto su carrera en contaduría pública, agrega: “Las condenas se pagan de manera física en una cárcel. ¿Por qué tengo que seguirla pagando después de 10 años? ¿Por qué tengo que vivir con el miedo de que me echen y, aparte, tener que agradecer cuando me liquidan mal? Lo que espero de esta iniciativa es que se cumpla, porque necesitamos apoyo del gobierno”.
El Ministerio se comprometió a, en un término de seis meses, identificar el objetivo, que será el primer registro oficial de la población que sale de prisión en Colombia. Para octubre, ya deberá estar claro el portafolio de servicios, la adopción de medidas con enfoque diferencial y de género y la articulación con las ofertas sociales existentes. “Uno de los objetivos del programa es fortalecer las alianzas con el sector privado para promover la inclusión laboral de esta población y sus familias. Las organizaciones sin ánimo de lucro que cuenten con experiencia en la atención a personas en proceso de reinserción social son actores fundamentales”, le respondió el Ministerio a este diario.
Lea: A la cárcel los presuntos responsables de millonario robo a la Alcaldía de Cáchira
El Grupo de Prisiones de la Universidad de los Antes ha alertado que la inclusión laboral, incluso desde la misma cárcel, sí ayudan a reducir la reincidencia. La Corporación Excelencia en la Justicia registra que la mayoría de reincidentes vuelven a prisión por delitos relacionados con su subsistencia, como lo son el hurto, el porte de armas y el tráfico de estupefacientes. Por ello, el acople de las personas que salen de la cárcel con la sociedad es una meta de máximo interés para reducir la violencia y la delincuencia en el país. Asimismo, para garantizar una nueva oportunidad a quienes quedan con la marca de la prisión y con la pendiente hacia arriba para sostenerse a sí mismos y a sus familias.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
