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El Supremo Tribunal de Justicia de Portugal anunció, a través de una decisión de segunda instancia, que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, será extraditado a Colombia. Desde diciembre de 2024, el también conocido como Zar del Contrabando se encuentra detenido en ese país europeo.
Su nombre en los últimos meses ha dado de que hablar, pues investigaciones judiciales lo señalan de haber cooptado, mediante sobornos, a miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con el fin de que su mercancía ilegal ingresara a Colombia sin problemas por varios puertos del país.
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El pasado 6 de marzo, el Tribunal Supremo de Oporto (Portugal) aprobó la extradición en primera instancia de Marín Buitrago. Sin embargo, su defensa apeló la decisión, por lo cual pasó a manos del Supremo Tribunal del país luso.
Si bien mucho se habla del poder de Marín y de las redes de corrupción que, por décadas, le habrían permitido moverse como pez en el agua en el negocio del contrabando, lo cierto es que, en Colombia, solo hay un proceso que avanza ante los estrados judiciales. En ese expediente, la Fiscalía logró documentar sus andanzas criminales entre septiembre de 2023 y marzo de 2024.
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Los detalles de la decisión
En el documento del tribunal, conocido por medios de comunicación, la justicia de Portugal señala a detalle la razones por las que decidió dejar en firme la extradición de Papá Pitufo, rechazando la apelación presentada por su defensa en diciembre de 2024.
“La extradición se solicitó para efectos de un proceso penal. Además, la acción penal no se ha extinguido por prescripción, amnistía, indulto o perdón, ni en la legislación penal portuguesa ni en la legislación penal del Estado requiriente, y no constan antecedentes de ningún proceso penal pendiente ante los tribunales portugueses contra la persona extraditada por los hechos que justifican la solicitud de extradición”, señala uno de los apartes del documento.
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En ese sentido, al no tener cuentas pendientes con la justicia de Portugal y estar detenido por efectos de una Orden Internacional de Detención de Colombia, el Supremo Tribunal de Justicia no halló razón para evitar que Papá Pitufo sea enviado a Colombia en extradición y que responda aquí por el proceso judicial por el cual es requerido.
Agrega el documento: “Como lo señaló pertinentemente la Sala de Apelaciones, en el presente caso no existen dudas en la identificación del extraditado Diego Marín Buitrago, hecho que esta tampoco cuestiona, siendo el apelante la persona buscada por las Autoridades Judiciales de la República de Colombia. Al mismo tiempo, los hechos que se le atribuyen constituyen, a la luz del derecho penal portugués, varios tipos penales”.
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El palo en la rueda
Si bien la decisión en segunda instancia de dejar en firme la extradición de Papá Pitufo deja ver una luz en la puerta entreabierta de su regreso a Colombia, la llegada de Marín Buitrago al país aún no está garantizada. Antes de ello, debe resolverse también una solicitud de asilo que el zar del contrabando le hizo a Portugal; el palo en la rueda para su extradición.
Marín Buitrago salió de Colombia a comienzos de 2024 y entró sin problemas a España, por tener doble nacionalidad. Allí fue detenido el 5 de abril de 2024, por una Orden Internacional de Detención de Colombia, pero luego quedó en libertad condicional mientras avanzaba el proceso de su extradición.
Cuando esta fue aprobada por la justicia española, se fugó a Portugal, donde fue retenido, una vez más, el 3 de diciembre de 2024. Allí permanece privado de la libertad y no ha querido asistir a las audiencias de su caso ante las autoridades colombianas.
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La Fiscalía pidió declararlo en contumacia o rebeldía, una medida que fue aprobada por la juez del caso y que permitirá avanzar en las audiencias y condenarlo sin que esté presente. Aunque el gobierno portugués ya le dio luz verde a su extradición, la justicia de ese país tiene la última palabra, pues Marín pidió asilo.
Mientras se resuelve ese trámite, la Fiscalía sigue recopilando pruebas para llevar a juicio al zar del contrabando por los hechos ocurridos solamente entre 2023 y 2024, y terminando de encajar las evidencias para judicializar a los uniformados que recibieron celulares, carros y dinero en efectivo por “mirar para otro lado” en sus trabajos y permitir las operaciones de contrabando.
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