Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra varios exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín por presuntas irregularidades en los trámites administrativos relacionados con el predio Aguas Vivas, ubicado en el sector de El Poblado.
Entre los señalados están Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, exsubsecretario de Ejecución Contractual; y cinco integrantes del Comité de Conciliación del Distrito.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se relacionan con las actuaciones administrativas que permitieron la transferencia y posterior devolución del lote a particulares, pese a que había sido cedido al Distrito de Medellín mediante escritura pública en 2019, con el propósito de destinarlo a espacio público de esparcimiento y encuentro ciudadano.
Lea: Parque cultural de Bello en pausa por contratista investigado en caso Aguas Vivas
La decisión de la Procuraduría Tercera Delegada Disciplinaria para la Contratación Estatal también cobija a Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Arango Gil, Leidy Jiménez Echavarría, Yina Pedraza Gómez e Ingrid González Montoya, integrantes del Comité de Conciliación que participó en el proceso de restitución del terreno.
El caso de Aguas Vivas, dentro de otras cosas, es de los más sonados en la capital antioqueña por su magnitud. Se trata, nada más y nada menos que de un predio de 142.000 metros cuadrados, que en 2019 estaba avaluado en COP 2.700 millones y habría alcanzado un valor superior a COP 40.000.
El origen del caso Aguas Vivas
El caso se remonta a diciembre de 2019, durante la primera administración de Federico “Fico” Gutiérrez como alcalde, cuando su administración firmó un acuerdo con las empresas IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y el empresario Juan Manuel Villegas. En la negociación, los particulares cedieron el predio Aguas Vivas al Distrito como compensación por obligaciones urbanísticas, una práctica habitual para permitir el desarrollo de nuevos proyectos en la ciudad.
Sin embargo, tras la pandemia del covid-19, las empresas no desarrollaron los proyectos pactados, por lo que el terreno quedó bajo administración del Distrito. Durante el mandato del exalcalde Daniel Quintero Calle (2020-2023), la Alcaldía destinó el predio al proyecto del “valle del software”, un ambicioso plan de ciencia y tecnología.
En ese momento, los propietarios originales reclamaron la devolución del terreno, alegando que la cesión había sido gratuita y las condiciones pactadas no se habían cumplido. La administración de Quintero impulsó una conciliación para anular la cesión y devolver el bien a sus antiguos dueños, con la promesa de firmar posteriormente una compraventa.
Ese procedimiento es el que hoy está bajo la lupa disciplinaria, pues la Procuraduría indaga si los exfuncionarios involucrados actuaron de manera irregular al permitir la reversión del predio que debía destinarse a uso público.
En contexto: Daniel Quintero irá a juicio por el caso de Aguasvivas y su supuesta restitución ilegal
En paralelo al proceso disciplinario, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación penal en la que Quintero y varios exfuncionarios son señalados de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.
Según el ente investigador, la administración distrital modificó de forma irregular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para favorecer intereses privados, permitiendo que el terreno se destinara a proyectos urbanísticos y hoteleros.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
