Una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reactivó la pelea entre ese tribunal y la familia del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. La Sala de Reconocimiento de Verdad emitió un auto el pasado 4 de julio en el que dejó en claro que la JEP sí tiene competencias para resolver el expediente, que lleva cinco años en sus manos y 25 más en los estantes de la Fiscalía, sin hallar la verdad.
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La familia de Gómez Hurtado y sus abogados alegan que ese tribunal no debe seguir adelante con el caso, que tiene que volver a la justicia ordinaria y que desde el principio se ha intentado “desviar la investigación”, ahora involucrando a las antiguas Farc en el crimen de lesa humanidad.
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El día del asesinato, Álvaro Gómez Hurtado terminaba de dictar su cátedra de Cultura Colombiana en la Universidad Sergio Arboleda y, junto con su asistente, José del Cristo Huertas Hastamorir, abordó un carro sin blindaje. Cuatro sicarios rodearon el vehículo y abrieron fuego contra el asiento trasero. Huertas también murió en el ataque.
Gómez Hurtado, quien además ejerció el periodismo, fue Representante a la Cámara por el Partido Conservador. Se lanzó a la presidencia en tres ocasiones, en 1990 fundó el Movimiento de Salvación Nacional y fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en 1991. Antes de su muerte, el líder de derecha fue secuestrado en 1988 por el M-19, y permaneció 53 días en cautiverio.
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El caso de su asesinato estuvo en la justicia ordinaria durante un cuarto de siglo, sin que se hallara la verdad. En diciembre de 2017, la Fiscalía lo declaró crimen de lesa humanidad y le cerró el paso a su posible prescripción. Luego, el 3 de octubre de 2020, ocho exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc enviaron un comunicado a la JEP en el que se atribuyeron seis asesinatos ocurridos entre 1995 y 2002, incluido el de Gómez Hurtado.
Esa declaración fue un revolcón para el caso. Por solicitud del tribunal especial, la Fiscalía tuvo que ampliar los primeros informes del crimen y, finalmente, el 15 de febrero de 2022, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió el expediente a la JEP para que asumiera la investigación.
Las hipótesis del crimen
Hasta 2020, la Fiscalía había tejido tres hipótesis sobre la posible razón del crimen y los autores intelectuales del mismo. La primera de ellas era la acusación a cuatro jóvenes de Sincelejo y un hombre de Bogotá como presuntos autores materiales, basándose en testimonios de personas cercanas y reconocimientos por retrato hablado.
Aunque todos fueron absueltos en 2001, al desestimarse la mayoría de las pruebas, uno de ellos, Héctor Paúl Flórez Martínez, fue condenado. La Fiscalía también relacionó al acusado de Bogotá con un atentado previo contra el abogado del expresidente Ernesto Samper, Antonio José Cancino, lo que fortaleció en su momento la hipótesis inicial.
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La segunda hipótesis señalaba a miembros del Ejército, entre ellos el coronel (r) Bernardo Ruiz Silva, excomandante de la Brigada 20, como posibles autores materiales e intelectuales. La hipótesis sostenía que el crimen buscaba silenciar a Gómez Hurtado, quien habría conocido planes para un golpe de Estado contra el presidente Samper. Sin embargo, todos los procesados fueron absueltos por falta de pruebas.
La tercera línea, en la que todavía no se han logrado acusaciones, señala “la autoría de los homicidios por parte del Cartel del Norte del Valle, en alianza o por apoyar al gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) ante un presunto golpe de Estado del cual haría parte Álvaro Gómez Hurtado”, relató la JEP.
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Esta hipótesis surgió a partir de los testimonios de varios exparamilitares que, tras su desmovilización, entre el 2000 y 2010, entregaron información a la Fiscalía sobre la posible participación de narcotraficantes en el asesinato de Gómez Hurtado. Según estas versiones, el comandante paramilitar Carlos Castaño habría increpado al narcotraficante Orlando Henao Montoya, conocido como el hombre del overol, por su responsabilidad en el crimen.
De acuerdo con dichos relatos, Henao Montoya habría ordenado el asesinato al considerar que Gómez representaba una amenaza para el gobierno de Samper, al que presuntamente intentaba desestabilizar para reactivar la extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos.
Los enredos del expediente
Pese a que esas tres líneas de investigación ya estaban bien definidas, la declaración del antiguo secretariado de las Farc ante la JEP, hace cinco años, abrió una posible cuarta explicación del asesinato. Según la declaración de los ocho comparecientes, el atentado fue una “retaliación por la posición política planteada por el señor Gómez Hurtado en contra de las comunidades de campesinos armados durante la década de los años sesenta del siglo XX”, como se lee en el auto de la JEP.
Una justificación que, según el propio tribunal, se sustenta, en parte, con “testimonios ‘de oídas’”, ante los cuales la justicia no tiene más insumos para contrastar y verificar, que la atribución voluntaria hecha por las antiguas Farc.
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“Los comparecientes se refieren a un discurso dado por Álvaro Gómez Hurtado en 1958 cuando increpó públicamente al Gobierno de Alberto Lleras Camargo frente a la necesidad de que el Estado colombiano actuara en contra de los grupos de campesinos armados que se ubicaban en las zonas del Pato, Guayabero, Río Chiquito y Marquetalia a quienes denominó ‘Repúblicas Independientes’”, argumentó la JEP en su decisión del 4 de julio.
Pese a que la atribución fue colectiva, el tribunal reseñó que Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, fue el único exintegrante de las Farc que declaró al respecto y reconoció su responsabilidad individual. Este, a su vez, dijo que no había materializado el crimen, sino que transmitió la orden del Secretariado al Frente o Red Urbano Antonio Nariño, que terminó perpetrando el atentado.
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Para corroborar la información, se ordenó una serie de pruebas que incluían la verificación de un documento titulado “Libro gordo de Marulanda” y la información de los computadores incautados el 1 de marzo de 2008, durante la Operación Fénix, en la que murió alias “Raúl Reyes”. Hasta la fallecida senadora Piedra Córdoba tuvo que ver en el caso, pues fue llamada a declaración, para que narrara lo que supiera sobre la autoría del hecho.
Sin embargo, la propia JEP concluyó que esas verificaciones no dieron los frutos esperados. “La UIA (Unidad de Investigación y Acusación) reportó al despacho relator que realizó búsquedas en las copias de los dispositivos incautados en su custodia sin resultados satisfactorios”, se lee en el auto.
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Pese a estas contradicciones y problemas para verificar la atribución del magnicidio, en su más reciente decisión la JEP dijo que “de la información recaudada hay una inferencia razonable de que los hechos están relacionados con el conflicto”; por eso se mantiene en firme su competencia para resolver el caso.
La familia de Gómez Hurtado presentará una apelación para revocar la medida y que la justicia ordinaria asuma de nuevo la investigación. Un recurso que, en todo caso, tomará un tiempo indefinido en resolverse, preocupa a las víctimas por los evidentes retrasos de la Fiscalía y de la JEP y podría sumarle meses y hasta años a la verdad sobre un magnicidio que lleva casi tres décadas estancando la justicia y la reparación.
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Por Valentina Gutiérrez Restrepo
Por Gustavo Montes Arias
