Un juez de control de garantías de Bogotá envió a prisión a nueve presuntos integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), señalados de participar en un entramado de corrupción que habría comprometido cerca de COP 496.000 millones del Sistema General de Regalías.
Entre los procesados están el exrepresentante legal de Aremca, Gustavo Bolaño Pastrana; las representantes legales Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero; los coordinadores Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar; además de Luis Alfredo Soto Caraballo, señalado de servir como enlace con terceros.
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Según la investigación, entre 2020 y 2026 la asociación suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías para ejecutar obras civiles y proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria. Sin embargo, los recursos habrían sido manejados mediante subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y personas vinculadas a la organización, desconociendo las normas de contratación pública.
La Fiscalía les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.
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De acuerdo con el ente acusador, los contratos se habrían adjudicado mediante procedimientos irregulares sustentados en manuales internos, sin estudios previos suficientes y con presunto direccionamiento de contratistas a través de listas cerradas de proveedores. También se detectaron vinculaciones por prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con obras, suministros y alquiler de maquinaria.
La investigación señala además que Aremca habría ejecutado contratos en departamentos distintos a la región Caribe, pese a que sus estatutos limitaban su ámbito de actuación a esa zona del país. Las actividades se extendieron, entre otros territorios, a Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander.
La Fiscalía también estableció que en 23 contratos se habría generado un enriquecimiento ilícito cercano a COP 14.235 millones en favor de contratistas.
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Adicionalmente, el ente acusador investiga posibles apropiaciones indebidas de recursos relacionadas con anticipos contractuales, así como presuntas irregularidades por el no cobro de COP 6.913 millones en impuestos territoriales y la omisión de retenciones por cerca de COP 14.000 millones correspondientes a la contribución de obra pública destinada al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
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