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En la tarde de este 10 de junio, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y nueve meses de prisión por su participación en el caso conocido como “Centros Poblados”. El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.
Además de la pena privativa de la libertad, Lascarro Torres deberá pagar una multa de COP 2.452 millones y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas. El caso se originó con el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020, para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
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Según explicó la Fiscalía General de la Nación, durante la investigación se estableció que “Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual, y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’”.
De esta manera, según la Fiscalía, la información presentada hizo que los funcionarios del ministerio creyeran que la unión temporal cumplía con todos los requisitos exigidos. Como resultado, le adjudicaron el contrato para llevar internet a escuelas rurales, cuyo valor superaba el billón de pesos.
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En ese sentido, por las actuaciones irregulares que permitieron a Centros Poblados quedarse con el contrato, Lascarro Torres habría recibido cerca de USD 250.000. Según la Fiscalía, ese dinero fue transferido a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
En la mañana del pasado 5 de junio, una juez penal de conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra el empresario. En su momento, el ente investigador mencionó que Lascarro Torres pretendía recibir cerca de COP 4.000 millones por sus actuaciones irregulares.
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“Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, y acreditar la capacidad técnica y trayectoria suficientes. De esta manera, hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTic que les adjudicaron el contrato de conectividad rural”, detalló la Fiscalía.
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