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La Fiscalía General de la Nación solicitó que se mantenga la medida de aseguramiento que pesa sobre Carlos Ramón González Merchán, uno de los ex altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro señalados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La solicitud fue presentada ante el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Fabio David Bernal Suárez.
La fiscal María Cristina Patiño, encargada del caso, señaló que la Fiscalía acudió ante el despacho judicial para solicitar la prórroga de “medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario que fuera impuesta al hoy acusado Carlos Ramón González (...) por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de tercero y lavado de activos”.
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Asimismo, indicó que “la medida de aseguramiento no se ha podido materializar, puesto que el procesado González Merchán se encuentra prófugo de la justicia, amparado en una solicitud de asilo político que ha impedido su detención y su sometimiento para el cumplimiento de la decisión judicial”. El exfuncionario actualmente se encuentra prófugo en Nicaragua.
Según explicó el ente investigador, las afirmaciones del Carlos Ramón González sobre una supuesta persecución política y la existencia de un presunto montaje judicial no encuentran respaldo en los elementos recopilados dentro del proceso. En ese sentido, la Fiscalía cuestionó los argumentos que sustentan su solicitud de asilo político y señaló que la investigación se originó a partir de las declaraciones y denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la Ungrd.
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En esa línea, la fiscal Patiño señaló que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no pueden exceder un año de vigencia. En ese sentido, precisó que la medida impuesta contra Carlos Ramón González fue decretada el 3 de julio de 2025 y que “la fecha se encuentra vigente hasta el próximo 2 de julio de 2026”. Carlos Ramón González es señalado por los delitos de lavado de activos, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
El magistrado Bernal Suárez tomará una decisión sobre la solicitud de prórroga de la medida de aseguramiento contra el exfuncionario el próximo miércoles 24 de junio, a las 3:00 de la tarde. Según explicó, necesita más tiempo para analizar los argumentos presentados por las partes.
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¿Quién es Carlos Ramón González?
Carlos Ramón González es exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y fue uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. La Fiscalía lo investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a partir de los testimonios de otros implicados que lo señalan como uno de los posibles articuladores del desfalco a la entidad.
Entre los principales testigos se encuentran Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la entidad. En sus declaraciones, ambos han señalado que desde el entorno de González se habrían impartido instrucciones para entregar dádivas a congresistas, con el objetivo de facilitar el avance de iniciativas del Gobierno Petro en el Congreso.
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Uno de los episodios clave del caso se remonta a septiembre de 2023, cuando, según Olmedo López, se habría llevado a cabo una reunión en la que se definió el pago de sobornos. De acuerdo con su versión, en ese encuentro se habría ordenado la entrega de COP 3.000 millones a Iván Name, entonces presidente del Senado, para destrabar reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la pensional y la de salud.
A partir de esas declaraciones, el expediente se amplió a otros nombres, como Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y capturado el 7 de mayo de 2025, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones. Ambos son investigados por su presunta participación en la red de corrupción.
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Según el testimonio de López, Ortiz habría sido la encargada de ejecutar las órdenes, al entregar COP 3.000 millones a Name en un apartamento en Bogotá y gestionar un pago adicional de COP 1.000 millones a Calle en Montería. Aunque González ha negado ante la Corte Suprema haber impartido estas instrucciones, la Fiscalía ha dado credibilidad a los testimonios y continúa recopilando pruebas para establecer su presunta responsabilidad.
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