Un juzgado de Cartagena precluyó el proceso por el que eran investigados Carlos Alberto Parra Satizábal, Gerardo Mauricio Cortés Pomar y Javier Alexánder Colmenares Ardila, quienes fungieron como encargados de la liquidación de la extinta Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca). En junio de 2017, la Fiscalía anunció ante los medios de comunicación que llevaba a juicio a estas tres personas por prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal en calidad de coautores. El pasado 14 de agosto, el juez del caso reprochó la actuación de la fiscal del caso, la exmagistrada auxiliar de la Corte Suprema María Leonor Oviedo.
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El Espectador conoció detalles del proceso y de los hechos que la Fiscalía le endilgaba a Parra, Cortés y Colmenares. El escrito de acusación señalaba que los tres hombres habrían incidido “ante la registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena para que fueran levantadas unas medidas cautelares ordenadas por el Juzgado Promiscuo de Mompox (Bolívar) respecto a 10 lotes en embargo”. El origen de este expediente es el proyecto de Corelca para la ampliación de las redes eléctricas en zona rural de Mompox y otros municipios de Bolívar, en 1998. Dos años después, 63 familias se declararon víctimas de ese proyecto y demandaron civilmente a la empresa.
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En 2009, Corelca fue condenada y obligada a pagar una indemnización de $14.000 millones. Fue entonces cuando la empresa entró en quiebra y Fiduprevisora entró para el proceso de liquidación. Parra, Cortés y el contratista Colmenares fueron los funcionarios designados para la tarea. En pocas palabras, el ente investigador acusó a los liquidadores de que, a nombre de la empresa en proceso de liquidación, habrían solicitado de forma irregular el desembargo de estos bienes, para ser anexados al trámite de liquidación. Sin embargo, el juez que conoció el caso señaló hace unos días que las pruebas recaudadas por la Fiscalía no permiten concluir que estuvieran realizando acciones que no estuvieran enmarcadas en su papel de liquidadores.
Luego de esta determinación, el abogado de Cortés Pomar, Andrés Garzón señaló que “el juzgado encontró que toda la actuación de la Fiscalía fue absolutamente ilegal e injustificada. Es por ello que no solo se presentó la denuncia penal contra la fiscal del caso sino que se presentó una acción de repetición contra la Fiscalía General (petición judicial en la que pide una indemnización) en razón a los daños causados al buen nombre y la estabilidad laboral de los funcionarios injustamente capturados y procesados por la irresponsabilidad de la fiscal del caso”.
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En la denuncia interpuesta por Cortés Pomar, conocida por este diario, señaló que la Fiscalía “sin tener siquiera una mínima inferencia razonable, obtuvo mi captura y la de otros funcionarios, solicitó una medida de aseguramiento y nos enjuició, cuando no había la más mínima razón para ello, y esto último lo corrobora la decisión del señor Juez 3 penal del circuito de Cartagena (...) Es tal la contundencia del señor juez que deja sentado como todos los actos reprochados a nosotros como liquidadores de Corelca fueron absoluta y totalmente ajustados a la ley, y que lo que hubo fue una tergiversación de la realidad por parte de la denunciada”.
Oviedo no hace parte de la fiscalía desde junio de 2017, cuando fue removida de su cargo. Ese año la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura archivó el proceso que le adelantaba por supuesta corrupción y fraude al fisco nacional, por unos $1.000 millones, y por el presunto bloqueo de varios procesos judiciales desde 2007. La Fiscalía también archivó la denuncia, que Oviedo Pinto catalogó como temerarias, de mala fe y tendientes a lograr su salida del ente investigador. " No soy corrupta, soy víctima de la corrupción”, señaló a los medios de comunicación cuando salió del cargo como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
En su decisión, el Consejo Superior manifestó que no se aportó al expediente ninguna prueba que comprometiera la responsabilidad disciplinaria de Oviedo. El ente acusador, por su parte, indicó que los comportamientos endilgados a la exfiscal no existieron. “Por eso resulta imperativo ordenar el archivo de las diligencias”. A mitad de 2018 su nombre volvió a relucir cuando fue postulada por el Consejo Superior de la Judicatura para que ocupara un cargo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. A Oviedo también se le critica, que tras dejar de ser funcionaria judicial, trabajó con abogados que fueron apoderados de los afectados en ese caso de Corelca. Ella asegura que esto ocurrió en un proceso y “que no fue por su voluntad, sino por elección de los clientes”.
Con los medios de comunicación la exfiscal también tuvo un proceso ante los estrados judiciales. La exmagistrada auxiliar entuteló a los periódicos La República y La Patria; la agencia de noticias Colprensa y la revista Semana, con el fin de que eliminaran las publicaciones en las que la asociaban con actos de corrupción, al referirse a ella como “fiscal millonaria”. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá negó las pretensiones de Oviedo, quien también señalaba que esas menciones en se encontraban indexadas en el motor de búsqueda de Google y también había referencias en Twitter. Esa pelea la perdió. Ahora falta ver qué ocurre con esta que recién comienza.
¿Y los otros capturados del caso Corelca?
Uno de los primeros condenados fue Orlando Luis Puello Ortega, exjuez primero promiscuo de Mompox. Fue sentenciado a 11 años de prisión y al pago de una multa de 14 mil millones de pesos por su responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación. En 2014, durante el juicio, al Tribunal Superior de Cartagena fueron aportados audios en los que Puello demostraba un interés por levantar el embargo de un lote ubicado en el sector de Mamonal de Cartagena, avaluado en $14.327 millones, que había sido entregado por la Corelca a las familias afectadas por la empresa.
Otra de las fichas claves en este entramado de corrupción fue Julio Alberto Mendoza Bula, exgerente de Corelca. Según el ente investigador, tanto el juez como el exgerente de Corelca, los particulares y una registradora de Instrumentos Públicos se concertaron para apropiarse del bien, e incurrieron en prevaricato, falsedades, fraudes procesales y estafas a los campesinos beneficiarios de las condenas de Corelca. Mendoza Bula fue condenado a cuatro años de cárcel por estos hechos.
