Caso del exgobernador Cruz: El turno es para el exprocurador Ulpiano Jovel

Como lo hiciera su esposo, el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, Luz Zoraida Rozo aceptó cargos dentro del proceso por el soborno con el que ella y Cruz intentaron torpedear el proceso contra el exmandatario regional por su participación en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Cruz lo hizo en octubre pasado, cuando aceptó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza por su participación en el carrusel y por el soborno al exprocurador Ulpiano Jovel Muñoz.

Siguiendo su ejemplo, su esposa, Luz Zoraida Rozo, aceptó ayer el cargo de ocultamiento y obstrucción a la justicia por contactar al exprocurador Jovel y a otro abogado, César Ramírez Cuéllar, para que, a cambio de un soborno de $2 mil millones, intercediera ante el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, amigo de Ramírez, para retrasar el proceso en su contra y que este pudiera finalizar su mandato como gobernador. Lo que al final no ocurrió. Cruz renunció en agosto de este año.

Y a finales de septiembre se supo todo gracias al testimonio de Ramírez, compañero de colegio de Perdomo, quien se quejó porque el exprocurador apenas le dio $350 millones del soborno, con la excusa de que Cruz no había dado sino $750 millones. Para la Fiscalía, Jovel estafó tanto a Cruz, como a su esposa y al abogado Ramírez. Falta ver ahora las consecuencias que derivarán de que los esposos Cruz y Rozo hayan aceptado cargos. El exprocurador Jovel (“ex” porque, al saberse del escándalo, el mismo procurador Alejandro Ordóñez ordenó su separación del cargo) se encuentra a la espera de que la Fiscalía determine si lo llama a juicio .

Prueba de la presunta estafa es el testimonio de César Ramírez: “Yo intenté averiguar cómo había sido la negociación real, porque no me cabía en la cabeza que un proceso de estos tan delicados, donde había tanto dinero de por medio, se hubiera arreglado por $750 millones no más”. En octubre, al saberse del soborno, Cruz fue capturado, al igual que Muñoz, quien, a diferencia del exgobernador, no aceptó los cargos que se le imputaron: enriquecimiento ilícito y cohecho. Luego fue detenido como medida preventiva.

En todo este entramado, Zoraida Rozo fue una ficha clave, no sólo porque contactó a Jovel, sino, además, porque en todo el plan para obstruir el proceso contra su esposo, al parecer escondió pruebas que lo vinculaban con el carrusel de la contratación, puntualmente con las coimas por $800 millones dadas a los exconcejales Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno y Orlando Parada Díaz y al exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández Daza, para que se favoreciera a una empresa suya, ICM Ingenieros, en un contrato para el reparcheo de vías en Bogotá.

Prueba de ello son unas grabaciones reveladas recientemente por Noticias Uno. En una de ellas se escucha a Zoraida Rozo hablando con Ulpiano Jovel, diciendo que Ramírez la estafó, a lo que el exprocurador responde que “qué vaina”. Pero al parecer fue el propio Jovel quien los “tumbó”, pues, al final, parece que se quedó con el dinero y el proceso contra Cruz no se detuvo. 

En otra de las grabaciones se oye a Rozo pidiéndole a una persona cercana que le ayudara a ocultar unas pruebas. “Es que el CTI va para allá. Entonces, es a ver si tú alcanzas a llegar donde mi mamá para sacar unos papeles y te los llevas”, dice Rozo en el audio.

“Daba las órdenes para distraer las investigaciones y retardarlas. Daba órdenes para ocultar elementos materiales de prueba que la Fiscalía pretendía recoger para las investigaciones en contra de Cruz”, dijo el fiscal Juan Vicente Valbuena en la audiencia. El fiscal dijo, incluso, que existe la posibilidad de que Rozo hubiera contactado a agentes del CTI para que le ayudaran, pues en uno de los audios se la escucha diciendo que “los del CTI” le habían confirmado que su teléfono celular había sido intervenido.

“Se trató de un absurdo episodio de falsos intermediarios, que habrían llegado a acuerdos delictivos con el exgobernador Cruz, sabiendo de antemano la transparencia de esta administración”, dijo el jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre, el pasado 2 de octubre.

El fiscal Valbuena indicó que Zoraida Rozo, al igual que Álvaro Cruz, se allanó a cargos sin ningún” preacuerdo” o negociación con la Fiscalía de por medio. Dijo igualmente que aunque el fiscal Eduardo Montealegre sostuvo en octubre pasado que a Rozo se le iba a imputar el cargo de cohecho, al final no ocurrió así, debido a que no se encontraron pruebas de que Rozo hubiera incurrido en este delito, a diferencia de lo sucedido con su esposo.

A Luz Zoraida Rozo le concedieron casa por cárcel, por solicitud de la Fiscalía. De acuerdo con el ente investigador, aunque la medida de aseguramiento era justificada, debido a la gravedad del delito imputado, era justo que esta fuera domiciliaria ya que, según Medicina Legal, Rozo padece de quebrantos de salud, como problemas mentales y respiratorios. Por ello, mientras se conoce la condena en su contra, que puede ser de entre 4 y 12 años, va a poder permanecer en su casa.

Ahora, el otro protagonista de este proceso, el exprocurador Ulpiano Jovel, espera que la Fiscalía decida si lo acusa o no. Con las pruebas que ha recopilado y tras la aceptación de cargos de Álvaro Cruz y de su esposa, el ente investigador espera llevar a Jovel a juicio y que sea condenado; el exprocurador se sostiene en su inocencia, pero el cerco en su contra se cierra.  

Como lo hiciera su esposo, el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, Luz Zoraida Rozo aceptó cargos dentro del proceso por el soborno con el que ella y Cruz intentaron torpedear el proceso contra el exmandatario regional por su participación en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Cruz lo hizo en octubre pasado, cuando aceptó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza por su participación en el carrusel y por el soborno al exprocurador Ulpiano Jovel Muñoz.

Siguiendo su ejemplo, su esposa, Luz Zoraida Rozo, aceptó ayer el cargo de ocultamiento y obstrucción a la justicia por contactar al exprocurador Jovel y a otro abogado, César Ramírez Cuéllar, para que, a cambio de un soborno de $2 mil millones, intercediera ante el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, amigo de Ramírez, para retrasar el proceso en su contra y que este pudiera finalizar su mandato como gobernador. Lo que al final no ocurrió. Cruz renunció en agosto de este año.

Y a finales de septiembre se supo todo gracias al testimonio de Ramírez, compañero de colegio de Perdomo, quien se quejó porque el exprocurador apenas le dio $350 millones del soborno, con la excusa de que Cruz no había dado sino $750 millones. Para la Fiscalía, Jovel estafó tanto a Cruz, como a su esposa y al abogado Ramírez. Falta ver ahora las consecuencias que derivarán de que los esposos Cruz y Rozo hayan aceptado cargos. El exprocurador Jovel (“ex” porque, al saberse del escándalo, el mismo procurador Alejandro Ordóñez ordenó su separación del cargo) se encuentra a la espera de que la Fiscalía determine si lo llama a juicio .

Prueba de la presunta estafa es el testimonio de César Ramírez: “Yo intenté averiguar cómo había sido la negociación real, porque no me cabía en la cabeza que un proceso de estos tan delicados, donde había tanto dinero de por medio, se hubiera arreglado por $750 millones no más”. En octubre, al saberse del soborno, Cruz fue capturado, al igual que Muñoz, quien, a diferencia del exgobernador, no aceptó los cargos que se le imputaron: enriquecimiento ilícito y cohecho. Luego fue detenido como medida preventiva.

En todo este entramado, Zoraida Rozo fue una ficha clave, no sólo porque contactó a Jovel, sino, además, porque en todo el plan para obstruir el proceso contra su esposo, al parecer escondió pruebas que lo vinculaban con el carrusel de la contratación, puntualmente con las coimas por $800 millones dadas a los exconcejales Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno y Orlando Parada Díaz y al exdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández Daza, para que se favoreciera a una empresa suya, ICM Ingenieros, en un contrato para el reparcheo de vías en Bogotá.

Prueba de ello son unas grabaciones reveladas recientemente por Noticias Uno. En una de ellas se escucha a Zoraida Rozo hablando con Ulpiano Jovel, diciendo que Ramírez la estafó, a lo que el exprocurador responde que “qué vaina”. Pero al parecer fue el propio Jovel quien los “tumbó”, pues, al final, parece que se quedó con el dinero y el proceso contra Cruz no se detuvo. 

En otra de las grabaciones se oye a Rozo pidiéndole a una persona cercana que le ayudara a ocultar unas pruebas. “Es que el CTI va para allá. Entonces, es a ver si tú alcanzas a llegar donde mi mamá para sacar unos papeles y te los llevas”, dice Rozo en el audio.

“Daba las órdenes para distraer las investigaciones y retardarlas. Daba órdenes para ocultar elementos materiales de prueba que la Fiscalía pretendía recoger para las investigaciones en contra de Cruz”, dijo el fiscal Juan Vicente Valbuena en la audiencia. El fiscal dijo, incluso, que existe la posibilidad de que Rozo hubiera contactado a agentes del CTI para que le ayudaran, pues en uno de los audios se la escucha diciendo que “los del CTI” le habían confirmado que su teléfono celular había sido intervenido.

“Se trató de un absurdo episodio de falsos intermediarios, que habrían llegado a acuerdos delictivos con el exgobernador Cruz, sabiendo de antemano la transparencia de esta administración”, dijo el jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre, el pasado 2 de octubre.

El fiscal Valbuena indicó que Zoraida Rozo, al igual que Álvaro Cruz, se allanó a cargos sin ningún” preacuerdo” o negociación con la Fiscalía de por medio. Dijo igualmente que aunque el fiscal Eduardo Montealegre sostuvo en octubre pasado que a Rozo se le iba a imputar el cargo de cohecho, al final no ocurrió así, debido a que no se encontraron pruebas de que Rozo hubiera incurrido en este delito, a diferencia de lo sucedido con su esposo.

A Luz Zoraida Rozo le concedieron casa por cárcel, por solicitud de la Fiscalía. De acuerdo con el ente investigador, aunque la medida de aseguramiento era justificada, debido a la gravedad del delito imputado, era justo que esta fuera domiciliaria ya que, según Medicina Legal, Rozo padece de quebrantos de salud, como problemas mentales y respiratorios. Por ello, mientras se conoce la condena en su contra, que puede ser de entre 4 y 12 años, va a poder permanecer en su casa.

Ahora, el otro protagonista de este proceso, el exprocurador Ulpiano Jovel, espera que la Fiscalía decida si lo acusa o no. Con las pruebas que ha recopilado y tras la aceptación de cargos de Álvaro Cruz y de su esposa, el ente investigador espera llevar a Jovel a juicio y que sea condenado; el exprocurador se sostiene en su inocencia, pero el cerco en su contra se cierra.