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12 Dec 2022 - 5:59 p. m.

Caso Javier Ordóñez: otros dos policías podrían ser destituidos por omisión

En 2020, fueron destituidos dos policías por homicidio de Javier Ordóñez. Uno de ellos, Juan Lloreda, quien paga 20 años de prisión. Ahora, la Procuraduría llamó a juicio a otros dos policías involucrados en el procedimiento y les recrimina posible omisión y violencia física.
Con diferentes actividades y manifestaciones, se conmemoró en Villa Luz y Verbenal el primer año de esa sangrienta noche en Bogotá.
Con diferentes actividades y manifestaciones, se conmemoró en Villa Luz y Verbenal el primer año de esa sangrienta noche en Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El expediente por el homicidio contra Javier Ordóñez, registrado el 9 de septiembre de 2020, no está del todo resuelto. Aunque ya se conoce plenamente quiénes provocaron su muerte con sevicia, los expatrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, la Procuraduría dio a conocer su siguiente frente investigativo: el pliego de cargos contra el intendente Juan Gabriel Bohórquez y el patrullero Henry Alejandro Bonilla, quienes por acción y omisión habrían permitido el desenlace fatal contra Ordóñez.

En contexto: Destituyen e inhabilitan por 20 años a dos patrulleros por homicidio de Javier Ordóñez

El 27 de octubre de 2020, luego de un juicio exprés −en comparación con otros casos de violencia bajo custodia policial− Rodríguez y Lloreda fueron destituidos e inhabilitados por 20 años para trabajar en cargos públicos. La Procuraduría consideró que, tras capturarlo en Villaluz, lo condujeron al CAI de ese barrio para someterlo a tales tratos crueles que murió tras la ruptura de uno de sus riñones. Eso sumado a los múltiples golpes que recibió en sus extremidades y hasta las esquirlas de un disparo con arma de fuego que quedaron atrapadas en sus piernas.

Ahora, la Procuraduría apunta, dos años después, a los demás policías que conocieron de la captura y estuvieron en la noche que, después de conocerse el homicidio, terminó en una jornada de protestas multitudinarias en Bogotá y Soacha. Los primeros que enfrentarán un juicio, tras Rodríguez y Lloreda, serán el intendente Juan Gabriel Bohórquez, quien va a cumplir dos décadas como policía y entonces comandante de patrulla; y el patrullero Henry Alejandro Bonilla, con 14 años en la institución y entonces integrante de patrulla de vigilancia.

Antecedentes: Caso Javier Ordóñez: expolicía Juan Lloreda es condenado a 20 años de prisión

El intendente Bohórquez fue quien comandaba la patrulla que condujo a Ordóñez del lugar de su captura al CAI Villaluz. Para entonces, como quedó grabado en el celular del mejor amigo de la víctima, Wilder Salazar, los patrulleros destituidos ya habían aprehendido por la fuerza a Ordóñez. En las imágenes se aprecia que hasta cinco policías redujeron al ciudadano. Como el procedimiento policial se trasladó a la patrulla, del intendente Bohórquez dependía la prevención y la protección de los derechos humanos dentro del vehículo.

Hasta antes de entrar a la patrulla, como lo establece el material probatorio, Ordóñez estaba en condiciones para mantenerse en pie. Sin embargo, para cuando llegaron al CAI Villaluz, a eso de las 10:40 p.m., entre Bohórquez y otro patrullero, “bajaron violentamente al señor Javier Ordóñez, quien cayó de rodillas en el pavimento −había sido esposado de pies y manos previamente−”, como se explica en el pliego de cargos. Luego, la víctima es arrastrada hasta el CAI, donde fue ubicado en el punto ciego de la cámara de seguridad, para luego ser maltratado físicamente hasta la muerte.

“Para esta Procuraduría Delegada, el intendente Juan Gabriel Bohórquez Vanegas era la persona que por su grado, cargo y experiencia en la institución era quien debía dar ejemplo a los subalternos que se encontraban en el lugar, respetando la integridad del señor Javier Humberto Ordóñez, por lo que contrario a tratarlo como un objeto, no debió causarle ningún tipo de lesiones y mucho menos permitir que nadie atentara contra la vida e integridad del ciudadano”, explicó el Ministerio Público.

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La defensa de Bohórquez, ante la Procuraduría, cuestionó la celeridad con la cual el órgano de control tomó el caso en 2020, cuando destituyó a los patrulleros Lloreda Rodríguez. Con ello, se habría demostrado “el afán de la Inspección de la Policía Nacional, de salir en los medios de comunicación para demostrar una eficiencia en las investigaciones disciplinarias” y presuntamente exhibir a los involucrados “como trofeo”. Y concluyó que Bohórquez no tenía cómo saber cómo fue la captura y mucho menos lo sucedido al interior del CAI.

Sobre el patrullero Henry Bonilla, su nombre ya había jugado un papel importante dentro del expediente, pues fue uno de los testigos consultados por la Procuraduría hace dos años. Se trata del uniformado que recibió la llamada por parte de los vecinos de Villaluz, en la cual se indicaba que Ordóñez estaba bajo los efectos del alcohol en plena vía pública. Era integrante de patrulla para el momento de los hechos y la Procuraduría le recrimina todo lo que no hizo durante el procedimiento.

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“Aparentemente, Bonilla no prestó ninguna ayuda al señor Ordóñez a pesar de los lamentos que se escuchaban por parte del ciudadano por sus precarias condiciones de salud ante los diversos golpes recibidos en dicha instalación (el CAI)”, señaló el órgano de control. La omisión de Bonilla sería de tal gravedad que, recién a la 1:25 a.m., horas después de la captura, llamaron una ambulancia. El patrullero Bonilla hacía las veces de auxiliar de información, por lo cual tenía entre sus deberes velar por la seguridad de Ordóñez hasta que fuera presentado ante un juez de garantías.

Otras determinaciones

Luego de evaluar los videos de la captura y de la llegada al CAI Villaluz, la Procuraduría también identificó al intendente Fabio Moreno y a los patrulleros Anderson Acero y William Rodríguez. Sin embargo, los dejó libre de toda culpa, ya que, aunque también ostentaban la posición de garantes, al parecer no observaron las lesiones contra Ordóñez. Quienes sí serán objeto de investigación, luego de dos años y por presunta omisión, son el patrullero Daniel Leonardo Sánchez, el sargento Freddy Alexander Durán y el intendente Carlos Andrés Moreno.

El proceso penal

La Fiscalía también ha hecho lo suyo desde que Javier Ordóñez fue asesinado. El primer resultado se conoció el 7 de junio de 2021, cuando el expatrullero Juan Camilo Lloreda fue condenado a 20 años de prisión. Aceptó su responsabilidad por homicidio y se sometió a sentencia anticipada. Se comprometió a realizar un acto de perdón con los familiares de la víctima y a ventilar nombres que pudiesen complementar el proceso penal. Harby Rodríguez, por su parte, cree en su inocencia y eligió la vía del juicio, que de resultar desfavorable le significará hasta el doble de años en prisión.

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Por otro lado, la reacción de Bogotá al asesinato de Ordóñez resultó en multitudinarias manifestaciones en Bogotá y Soacha. Esa noche produjo múltiples muertes a lo largo de la ciudad, pues la reacción de miembros de la Policía, a la ira de la ciudadanía, resultó con hasta 14 asesinatos atribuidos a la Fuerza Pública, en Suba, Verbenal y San Mateo. Hasta el momento, la Fiscalía ha vinculado a expedientes penales a policías cuya arma de dotación coincidió con las balas halladas en los cuerpos de las víctimas. No hay ningún caso que involucre a uniformados por presunta omisión en su posición de garante, como sí lo argumenta la Procuraduría.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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