Continúa el caso Lili Pink, en el que se investiga un posible entramado de lavado de activos y contrabando al interior de la empresa textil. En esta oportunidad, el Juzgado 40 de Control de Garantías de Bogotá negó la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General de la Nación contra ocho personas señaladas de integrar la presunta red delictiva.
Teniendo esto en cuenta, las personas procesadas podrán afrontar el proceso judicial en libertad. Se trata del empresario Max Marvin Abadi; su hijo, David Max Abadi Homsani; y el empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández. Asimismo, la decisión beneficia a Luz Adriana López López, Merlín Roxana Mendoza Arias, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna y Jonnatan Villamil Soler.
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Durante la audiencia, el juez señaló que existieron varios vacíos por parte del ente investigador frente al tiempo, modo y lugar en que los señalados habrían participado en los hechos investigados. Además, explicó que no hubo una correcta identificación de la conducta atribuida de manera individual a los procesados.
La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo el pasado 21 de julio. La Fiscalía los señaló de liderar una presunta estructura dedicada al contrabando y al lavado de activos. Sin embargo, las ocho personas no aceptaron los cargos.
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El 27 de abril, la Fiscalía adelantó las primeras operaciones de extinción de dominio en más de 400 tiendas donde se comercializa la marca bogotana Lili Pink. En ese momento, cuando el ente investigador ocupó los locales de la empresa, señaló que se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel”, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
Posteriormente, estos productos eran distribuidos en el mercado nacional con el propósito de dar apariencia de legalidad a la operación. Según la Fiscalía, la presunta estructura estaría relacionada con operaciones de lavado de activos por más de COP 730.000 millones, un presunto enriquecimiento ilícito superior a COP 430.000 millones y operaciones de contrabando que superarían los COP 75.000 millones.
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