13 Sep 2021 - 11:32 p. m.

Caso Mintic: tribunal ordena levantar velo corporativo a Centros Poblados

Luego de que la Procuraduría radicara una acción popular contra Centros Poblados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó levantar su velo corporativo y embargar las cuentas de los miembros de la unión temporal, la cual tenía la tarea de llevar internet a zonas rurales en Colombia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de ordenar, como medida cautelar, levantar el velo corporativo y embargar a las cuentas de los socios y empresas integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, la cual había firmado un contrato para llevar 7.000 centros digitales para internet en zonas rurales del país. Con esta medida se espera que las cuatro empresas que conforman la unión devuelvan los $70.000 millones que el Ministerio de Tecnologías y de la Información le desembolsó como anticipo para un acuerdo que, poco a poco, se ha convertido en un escándalo por presunta corrupción.

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Con esta medida, se podrá conocer la identidad de los socios que conforman la Unión Temporal Centros Poblados. A la fecha, se sabe que el contratista de internet rural es el resultado de la unión entre la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros; Intec de la Costa; y Omega Buildings Constructora. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades deberá escarbar más información para conocer si eventualmente los recursos públicos están inmersos en otras presuntas irregularidades.

De acuerdo con conceptos de la Universidad del Externado a la Corte Constitucional, en un proceso de inconstitucionalidad de la Ley 1258 de2008, cuando una sociedad incurre en “abuso del derecho”, una autoridad judicial puede levantar el velo corporativo con el objetivo de perseguir el patrimonio de los socios del organismo -en este caso una unión temporal- que fue utilizado como “instrumento de defraudación”. Por otro lado, el levantamiento del también llamado velo societario permite imponer las mismas sanciones jurídicas a los componentes de la unión.

Por otro lado, el Tribunal ordenó se decrete “el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, que tengan la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020, los socios de los miembros y los miembros de la entrega”. Esa fue una de las medidas cautelares solicitadas por la Procuraduría, el pasado 8 de septiembre, cuando radicó una acción popular con el objetivo de que las arcas del Estado recuperen el anticipo, el cual fue entregado antes de que se supiera que, al parecer, Centros Poblados habría expedido garantías falsas durante el proceso licitatorio.

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Las medidas cautelares no quedan solo allí. Se trata de un gran golpe a los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, pues además se les ordenó a todas las entidades públicas del orden nacional, distrital, departamental o municipal suspender absolutamente todos los contratos o convenios suscritos con ellos. La Procuraduría, de hecho, advirtió el pasado 27 de agosto que los socios tienen ocho contratos con entidades públicas como el Instituto Nacional de Vías (Invias), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Procuraduría fue tajante con Centros Poblados cuando presentó su acción popular: “Ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial”, explicó la misma cartera que inició una investigación disciplinaria contra Karen Abudinen, el pasado 6 de septiembre, una semana antes de que la exministra TIC renunciara a su cargo.

En el recurso judicial, que no ha sido resuelto del todo, la Procuraduría además solicita a los integrantes de Centros Poblados resarcir los presuntos daños ocasionados a la Nación, por un valor de 42.944 salarios mínimos. Es decir, casi $40 mil millones, que estarían enmarcados dentro de la cláusula penal del contrato. Además, afirman que Centros Poblados adelantó el contrato sin los “requisitos legales para su ejecución” y, por lo tanto, se debe establecer el pago por daño emergente. Y, asimismo, vincular al Ministerio de las TIC a una investigación penal.

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“Finalmente, solicitó que el tribunal disponga que la sentencia frente a esta acción popular tenga prevalencia sobre cualquier decisión arbitral o judicial que se adopte en los asuntos tratados o controvertidos frente a este caso en particular”, concluyó la Procuraduría. Karen Abudinen, por su parte, ha asegurado que Centros Poblados le hizo una “trampa” al Estado, al presuntamente presentar garantías falsas para la ejecución del contrato. Finalmente renunció el pasado 9 de septiembre, asegurando que actuó con honradez y trasparencia. “La justicia castigará a quienes defraudaron a los colombianos”, concluyó.

Abudinen, por su parte, ya había tomado medidas similares a las ordenadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El 20 de agosto pasado, como jefa del MinTIC decidió embargar cuentas bancarias, inmuebles y otros bienes de Centros Poblados. La unión temporal intentó tumbar esa decisión vía tutela, pero el Juzgado 8° Civil de Circuito de Barranquilla consideró que el ministerio no violó los derechos al debido proceso y defensa de los socios. Ahora resta saber cómo la cartera, sin la punta de lanza elegida por el actual gobierno, cumplirá su promesa para llevar internet a las zonas más apartadas del país.

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