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27 Aug 2021 - 7:56 p. m.

Procuraduría alerta por 8 contratos de miembros de Centros Poblados con el Estado

Centros Poblados es una unión temporal envuelta en un escándalo por presunta corrupción por un contrato con MinTIC. La Procuraduría alerta que las empresas que conforman esa unión tienen, además, ocho contratos con el Estado, que estarían en alto riesgo de afectación.
Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblado, y el apoderado de la unión temporal, Jorge Pino Ricci.
Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblado, y el apoderado de la unión temporal, Jorge Pino Ricci.
Foto: Óscar Pérez

La Procuraduría sigue metiéndole el diente al contrato que el Ministerio de Tecnologías de la Información y la unión temporal Centros Poblados firmaron por $1,07 billones, de los cuales se entregaron $70.000 millones de anticipo que podrían perderse por la presunta presentación de garantías falsas del contratista. Tras conceptuar negativamente una tutela crucial de la unión, ahora la Procuraduría verificó si las empresas que conforman Centros Poblados tienen contratos con el Estado. Y sí, un total de ocho.

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Pero la información no se queda ahí. No solo las empresas que conforman Centros Poblados tienen casi una decena de contratos con el Estado, los mismos acuerdos, millonarios por cierto, están en “alto riesgo de afectación” por el escándalo de posible corrupción ¿Por qué están en peligro esos contratos? Porque el MinTIC, en cabeza de la ministra Karen Abudinen, ordenó la caducidad del billonario acuerdo para internet rural, pues la unión temporal habría presentado pólizas falsas y, por tanto, no sería un contratista confiable.

Según indagó la Procuraduría, Centros Poblados está conformada por la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, hoy Novotic (35%), ICM Ingenieros S.A.S. (35%), Intec de la Costa S.A.S. (15%) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15%). Son empresas o consorcios independientes que, todas juntas, lograron que a corte de julio los 10.000 centros digitales prometidos por MinTIC solo avanzaran en un 1%.

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De acuerdo con el Ministerio Público, en el Instituto Nacional de Vías (Invias) miembros de Centros Poblados han firmado un total de cinco contratos que ascienden a alrededor de $603 millones. Se trata del órgano de gobierno, adscrito al Ministerio de Transporte, encargado de ejecutar políticas y proyectos de trasporte carretero, férreo, fluvial y marítimo en el país. Además, en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de Bogotá, se firmaron dos acuerdos por casi $18 millones.

Por último, la Procuraduría encontró que miembros de Centros Poblados tienen un contrato con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por más de $25.000 millones. “La Procuraduría General de la Nación advierte a las entidades que están ejecutando contratos con los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados para que inicien el proceso de cesión de los mismos, previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuera posible, renunciar a su ejecución”, agregó la entidad.

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Según informó la Procuraduría, se recogió la documentación de los contratos en ejecución, incluso los trámites adelantados una vez se conoció la caducidad de la ministra Abudinen, que hasta hace poco dijo que ETB se encargará del, hasta ahora, fallido proyecto de internet rural. Asimismo, la Procuraduría indagará sobre si las entidades públicas verificaron la autenticidad de las pólizas y garantías presentadas por los miembros de Centros Poblados.

Por otro lado, todavía no está claro si ETB, que quedó segunda en la licitación, tomará el proyecto para su desarrollo. La razón está en el Juzgado Octavo Civil de Circuito de Barranquilla: una acción de tutela con la cual Centros Poblados exige que se respete su derecho al debido proceso y que la caducidad anunciada por Abudinen sea declara nula. Es decir, que la polémica unión temporal siga ejecutando el contrato de internet rural, a pesar del escándalo sobre el mismo acuerdo.

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Mientras el juez del despacho barranquillero toma la decisión, la procuradora Margarita Cabello envió un concepto negativo hacía la tutela de Centros Poblados. Ayer 26 de agosto, el órgano de control allegó un documento en el cual explicó que ese juez no es competente para conocer los procesos adelantados por MinTIC, como si lo sería un juez del Distrito Judicial de Bogotá, donde la cartera tiene su sede.

Por otro lado, mientras espera tumbar la tutela, la Procuraduría anunció haber iniciado una indagación preliminar sobre el contrato 1043/2020 celebrado entre MinTIC y Centros Poblados. Se anunció una eventual apertura de investigación, si se llegan a encontrar irregularidades disciplinarias. Esta semana se conoció que Margarita Cabello, procuradora general, se ha reunido personalmente con Abudinen, incluso en su casa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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