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Lo Procuraduría le dijo “no” a las maniobras judiciales con las que la polémica unión temporal Centros Poblados intenta que el Ministerio de Tecnologías y de la Información no caduque un contrato por $1,07 billones, que pretendía ser para internet rural, pero que se ha convertido en un escándalo por presunta corrupción. La entidad emitió concepto negativo a una tutela de la empresa, con la cual había logrado frenar la caducidad o la terminación contractual ordenada por MinTIC.
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Para entender este problema hay que partir de un proceso fundamental: la acción de tutela con la que Centros Poblados pide proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, luego de que la ministra Karen Abudinen caducara el contrato para internet rural tras encontrar posibles irregularidades contractuales. Tan convencida ha estado Abudinen de sacar del camino a la unión temporal, que confirmó la caducidad del acuerdo, a pesar de que en diciembre desembolsó $70.000 millones de anticipo, con los cuales se esperaba iniciar la creación de 10.000 centros digitales en los lugares donde el Estado tiene sus deudas.
En la primera ronda, el Juzgado 1° Municipal de Puerto Colombia (Atlántico) decidió suspender la caducidad del contrato de manera provisional, mientras emitía una decisión de fondo sobre la tutela. Sin embargo, en menos de un día, a pesar de haber tomado una decisión así de trascendental, el mismo juzgado aseguró que no era el competente para estudiar el caso y le pasó la pelota al Juez Octavo Civil de Circuito de Barranquilla. No aclaró si la suspensión de la caducidad sigue en firme, mientras a la vez Abudinen aseguraba que ya estaba estrechando la mano con ETB para el proyecto.
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Y mientras el juzgado barranquillero se toma el tiempo para estudiar el caso, la Procuraduría le envió un concepto negativo sobre la tutela de Centros Poblados. La entidad de control asegura que no se evidencias vulneraciones a los derechos fundamentales de la unión temporal. La medida provisional del juzgado de Puerto Colombia, de la que no se sabe si está en firme, incluso había negado el embargo a las cuentas de Centros Poblados y sus integrantes, con el cual MinTIC quería recuperar “la totalidad” del anticipo.
“Para el órgano de control el Juzgado Civil de Barranquilla (al cual el juzgado de Puerto Colombia le delegó la tutela) no cuenta con la facultad territorial para conocer los procesos adelantados contra el MinTIC, debido a que la competencia está radicada en los jueces del Distrito Judicial de Bogotá, toda vez que los hechos que dieron origen a la acción de tutela se relacionan con actos administrativos firmados en la capital del país entre la Unión Temporal y el Ministerio”, dijo en principio la Procuraduría.
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Asimismo, la seccional delegada para Asuntos Civiles y Laborales advirtió que para examinar el caso existirían otros mecanismos de defensa. Además, que se trata de una controversia económica, por lo que no se estarían evaluando derechos fundamentales de la unión temporal. En consideración de la Procuraduría, si fuera un tema de vida o salud, el cuento sería otro y la tutela podría proceder.
Por otro lado, mientras espera tumbar la tutela, la Procuraduría anunció haber iniciado una indagación preliminar sobre el contrato 1043/2020 celebrado entre MinTIC y Centros Poblados. Se anunció una eventual apertura de investigación, si se llegan a encontrar irregularidades disciplinarias. Esta semana se conoció que Margarita Cabello, procuradora general, se ha reunido personalmente con Abudinen, incluso en su casa.
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Por otro lado, la Fiscalía especializada contra la Corrupción, en un encargo especial del fiscal Francisco Barbosa, adelantó una inspección a la sede del MinTIC para recaudar documentación relacionada con el polémico contrato, que a corte de mitad de año había avanzado en un 1%. Durante el proceso, W Radio reveló que, al parecer, Centros Poblados entregó pólizas falsas. La ministra Abudinen, sin embargo, asegura que la culpa es del contratista y que cada peso volverá a las arcas del Estado.
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