Caso Odebrecht: los mensajes en favor de María Victoria Guarín

Uno de los temas bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en relación con el caso Odebrecht es el matrimonio entre Diego Solano Saravia, hoy vicepresidente financiero del Grupo Aval, y María Victoria Guarín, asesora de alto nivel de inversiones en la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). En concreto, la SIC busca establecer si esa unión influyó de alguna manera en que Odebrecht y su socio Episol (de Corficolombiana, que es Grupo Aval) se ganaran la licitación para construir la Ruta del Sol 2, un negocio de $2 billones.

Hace unos días, El Espectador reveló detalles de ese expediente. “Mientras uno de los cónyuges se encargó de la estructuración del proyecto y de la determinación de las reglas del proceso de selección, el otro participó en ese concurso”, se lee en la formulación de cargos que hizo la SIC el pasado 13 de septiembre contra Guarín y Solano por “aprovechamiento de un conflicto de intereses”. Fuentes cercanas al Grupo Aval reclaman que esa infracción no existe y que se trata de un “cargo exótico”.

(En contexto: SIC formula cargos a directivos de Odebrecht y Grupo Aval por Ruta del Sol 2)

En la publicación, este diario contó que María Victoria Guarín hacía parte del organismo al que el gobierno Uribe confió estructurar la licitación de la Ruta del Sol 2 y que, para la SIC, había evidencias de que ella ocupaba “una posición de privilegio para determinar los contenidos de la estructura del proyecto”, y que la información que manejaba la conoció también el Grupo Aval. La SIC sostiene que de ese conflicto de intereses estuvieron enterados también el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, y el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.

En la audiencia pública del 8 de septiembre de 2009, el asunto del matrimonio entre Solano y Guarín salió a relucir gracias a un anónimo que se envió ese día. El mensaje hablaba de un conflicto de intereses “camuflado” y lo firmó la “Sociedad de Veedores Colombianos”. El ministro de Transporte de la época, Andrés Uriel Gallego -quien murió en 2014 de cáncer-, reclamó en ese momento que algo tan importante se tramitara por medio de una comunicación cuya autoría se atribuía a una sociedad que ni siquiera existía.

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En ese espacio, también se oyeron voces en favor del trabajo de Guarín. “Como esto tiene que ser transparente y público queremos tratar con ustedes el tema de ese anónimo”, comenzó diciendo Gallego. “Yo a la Doctora María Victoria no la había tratado en procesos de estructuración, ni de audiencias ni de contratos, pero tengo claro, tengo que dar testimonio (…) de que he quedado muy impresionado de su conocimiento, de su carrera, de su fortaleza, y yo no he visto (…) que haya hecho recomendaciones a favor o en contra del interés de ningún grupo interesado”.

Enseguida habló Richard Cabello en nombre del IFC: “Este es un tema que se ha identificado desde el inicio del proceso, que se ha tratado con el profesionalismo que se merece y que se han tomado medidas tanto en la parte de toma de decisiones como en el manejo de instrucción de información para mitigar cualquier posible efecto negativo en esta situación. Como ustedes entenderán, nosotros somos asesores del Gobierno, no somos tomadores de decisiones (…) la doctora Guarín, si bien es un miembro importante del equipo, no toma decisiones independientes del grupo ni mucho menos que no sean aprobadas por mí”.

(Lea también: “Le vamos a decir a Odebrecht que perdimos la confianza”: Grupo Aval (nuevos audios))

Cabello, un alto funcionario del Banco Mundial, explicó que en Colombia el manejo de la información para esos procesos era “de lo más transparente” y que se seguirían tomando medidas para así garantizarlo. “La confianza que le expresa el doctor Richard a la doctora María Victoria Guarín yo la ratifico y, además, las decisiones finales, como dice Richard, las toma el Gobierno”, agregó el entonces ministro Andrés Uriel Gallego. “Este proceso es muy importante y es el más grande”, añadió, en referencia a la Ruta del Sol 2.

Entre las pruebas que tiene la SIC para estudiar este tema, hay correos que podrían comprometer el rol de Guarín en la estructuración de la licitación de la Ruta del Sol. “María V. Guarín, esposa de Diego, es quien en la IFC está con el tema. Ya hemos hablado con ella y de hecho Gustavo Ramírez (vicepresidente de inversiones de Corficolombiana) va a participar en una conferencia telefónica para exponer nuestras expectativas”, le dijo, por ejemplo, José Elías Melo a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en un correo.

(Lea también: “Pizano fue incómodo para los brasileños, para nosotros un aliado”: Grupo Aval)

Otros correos, sin embargo, podrían mostrar que Solano sí se apartó de este tema, como lo ha sostenido el mismo Solano desde el inicio. “Gustavo/José Elías: Asumo que en el documento de Ruta del Sol que viene en este correo no hay nada confidencial sobre Ruta del Sol. En todo caso, les pido que no me manden nada sobre el tema. Prefiero no saber nada sobre cómo va a licitar (o no licitar) el Grupo”, les escribió Diego Solano a Gustavo Ramírez y José Elías Melo el 13 de agosto de 2009. Esos mensajes también los tiene la SIC.

Fuentes cercanas al Grupo Aval que conocen el expediente en la SIC le dijeron a este diario: “El proceso (de licitación) se surtió con base en los canales regulares y las comunicaciones que se pudieron tener con el Estado y con la IFC fueron las mismas que tuvieron todos los competidores”. Según estas fuentes, “el pliego de condiciones no se modificó a petición del Grupo Aval, sino de las aseguradoras. “La SIC no ha logrado demostrar que hubo un canal ilegítimo, menos ha logrado demostrar que se haya interferido en las condiciones competitivas”. El Grupo Aval presentó descargos ante la SIC el pasado 31 de octubre.

(Le puede interesar: Ocho artículos para entender hallazgos de Pizano y sus conversaciones con el fiscal Martínez sobre Odebrecht)

Uno de los temas bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en relación con el caso Odebrecht es el matrimonio entre Diego Solano Saravia, hoy vicepresidente financiero del Grupo Aval, y María Victoria Guarín, asesora de alto nivel de inversiones en la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). En concreto, la SIC busca establecer si esa unión influyó de alguna manera en que Odebrecht y su socio Episol (de Corficolombiana, que es Grupo Aval) se ganaran la licitación para construir la Ruta del Sol 2, un negocio de $2 billones.

Hace unos días, El Espectador reveló detalles de ese expediente. “Mientras uno de los cónyuges se encargó de la estructuración del proyecto y de la determinación de las reglas del proceso de selección, el otro participó en ese concurso”, se lee en la formulación de cargos que hizo la SIC el pasado 13 de septiembre contra Guarín y Solano por “aprovechamiento de un conflicto de intereses”. Fuentes cercanas al Grupo Aval reclaman que esa infracción no existe y que se trata de un “cargo exótico”.

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En la publicación, este diario contó que María Victoria Guarín hacía parte del organismo al que el gobierno Uribe confió estructurar la licitación de la Ruta del Sol 2 y que, para la SIC, había evidencias de que ella ocupaba “una posición de privilegio para determinar los contenidos de la estructura del proyecto”, y que la información que manejaba la conoció también el Grupo Aval. La SIC sostiene que de ese conflicto de intereses estuvieron enterados también el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, y el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.

En la audiencia pública del 8 de septiembre de 2009, el asunto del matrimonio entre Solano y Guarín salió a relucir gracias a un anónimo que se envió ese día. El mensaje hablaba de un conflicto de intereses “camuflado” y lo firmó la “Sociedad de Veedores Colombianos”. El ministro de Transporte de la época, Andrés Uriel Gallego -quien murió en 2014 de cáncer-, reclamó en ese momento que algo tan importante se tramitara por medio de una comunicación cuya autoría se atribuía a una sociedad que ni siquiera existía.

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En ese espacio, también se oyeron voces en favor del trabajo de Guarín. “Como esto tiene que ser transparente y público queremos tratar con ustedes el tema de ese anónimo”, comenzó diciendo Gallego. “Yo a la Doctora María Victoria no la había tratado en procesos de estructuración, ni de audiencias ni de contratos, pero tengo claro, tengo que dar testimonio (…) de que he quedado muy impresionado de su conocimiento, de su carrera, de su fortaleza, y yo no he visto (…) que haya hecho recomendaciones a favor o en contra del interés de ningún grupo interesado”.

Enseguida habló Richard Cabello en nombre del IFC: “Este es un tema que se ha identificado desde el inicio del proceso, que se ha tratado con el profesionalismo que se merece y que se han tomado medidas tanto en la parte de toma de decisiones como en el manejo de instrucción de información para mitigar cualquier posible efecto negativo en esta situación. Como ustedes entenderán, nosotros somos asesores del Gobierno, no somos tomadores de decisiones (…) la doctora Guarín, si bien es un miembro importante del equipo, no toma decisiones independientes del grupo ni mucho menos que no sean aprobadas por mí”.

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Cabello, un alto funcionario del Banco Mundial, explicó que en Colombia el manejo de la información para esos procesos era “de lo más transparente” y que se seguirían tomando medidas para así garantizarlo. “La confianza que le expresa el doctor Richard a la doctora María Victoria Guarín yo la ratifico y, además, las decisiones finales, como dice Richard, las toma el Gobierno”, agregó el entonces ministro Andrés Uriel Gallego. “Este proceso es muy importante y es el más grande”, añadió, en referencia a la Ruta del Sol 2.

Entre las pruebas que tiene la SIC para estudiar este tema, hay correos que podrían comprometer el rol de Guarín en la estructuración de la licitación de la Ruta del Sol. “María V. Guarín, esposa de Diego, es quien en la IFC está con el tema. Ya hemos hablado con ella y de hecho Gustavo Ramírez (vicepresidente de inversiones de Corficolombiana) va a participar en una conferencia telefónica para exponer nuestras expectativas”, le dijo, por ejemplo, José Elías Melo a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en un correo.

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Otros correos, sin embargo, podrían mostrar que Solano sí se apartó de este tema, como lo ha sostenido el mismo Solano desde el inicio. “Gustavo/José Elías: Asumo que en el documento de Ruta del Sol que viene en este correo no hay nada confidencial sobre Ruta del Sol. En todo caso, les pido que no me manden nada sobre el tema. Prefiero no saber nada sobre cómo va a licitar (o no licitar) el Grupo”, les escribió Diego Solano a Gustavo Ramírez y José Elías Melo el 13 de agosto de 2009. Esos mensajes también los tiene la SIC.

Fuentes cercanas al Grupo Aval que conocen el expediente en la SIC le dijeron a este diario: “El proceso (de licitación) se surtió con base en los canales regulares y las comunicaciones que se pudieron tener con el Estado y con la IFC fueron las mismas que tuvieron todos los competidores”. Según estas fuentes, “el pliego de condiciones no se modificó a petición del Grupo Aval, sino de las aseguradoras. “La SIC no ha logrado demostrar que hubo un canal ilegítimo, menos ha logrado demostrar que se haya interferido en las condiciones competitivas”. El Grupo Aval presentó descargos ante la SIC el pasado 31 de octubre.

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