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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos en contra de la concesionaria Ruta del Sol 2 por, supuestamente, haber violado los principios de la libre competencia y aprovechamiento de conflicto de intereses. La decisión la dio a conocer el superintendente, Pablo Felipe Robledo, justo antes de salir de la dirección de la entidad. Según la investigación de la SIC, las empresas que deben responder por estas irregularidades son: Odebrecht, Corficolombiana, del Grupo Aval, y Episol.
Asimismo, formuló pliego de cargos en contra de varios personajes conocidos en el mundo empresarial como: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval; Diego Fernando Solano Saravia, vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval; José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana; Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de Inversiones de Corficolombiana; Alejandro Sánchez Vaca, vicepresidente de banca de inversión de Corficolombiana; y María Victoria Guarín Vanegas, senior investment officer de la Corporción Financiera Internacional. Estas personas deberán responder por aprovechamiento del conflicto de intereses.
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"La Superintendencia encontró que no se adoptó ni por parte de Corficolombiana, ni por el Grupo Aval, ni por la Corporación Financiera Internacional (Ifc), medida alguna para impedir el aprovechamiento del conflicto de intereses, y en cambio lo que se logró advertir por la Superintendencia en las explicaciones ofrecidas, fue la negación contraevidente de la participación de los mencionados funcionarios en todas las etapas de la estructuración e implementación de la licitación pública", dijo Robledo.
De acuerdo con la SIC, el aprovechamiento del conflicto de intereses habría afectado el proceso de selección contractual de la Ruta del Sol II en la medida en que se habrían otorgado ventajas anticompetitivas a la estructura plural en la que participó Odebrecht y Episol, esta última controlada por Corficolombiana y Grupo Aval. Entre las pruebas que documenta la SIC está que Episol, supuestamente tramitó las expectativas que tenían sobre las condiciones del Proyecto Ruta del Sol, a pesar de un conflicto de intereses que existía entre Diego Fernando Solano Saravia (Vicepresidente De Planeación Corporativa De Grupo Aval) y María Victoria Guarín Vanegas, quien se desempeñaba como alta funcionara en la Corporación Financiera Internacional (IFC).
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¿La razón? que el INCO designó a la IFC como coordinadora del proyecto y a Guarín para esta labor. El conflicto de intereses radicaría en que Guarín es la esposa de Solano Saravia, del Grupo Aval. La SIC tiene en su poder correos electrónicos en los que José Elías Melo Acosta, presidente de Corficolombiana, supuestamente informó a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (Presidente de Grupo Aval) de ese vínculo entre Guarín y Solano. El correo, según la SIC, señala que se pondrían en contacto con ella para “exponer nuestras expectativas en relación con los términos de la operación“. Frente a esta información, dijo Robledo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez "mediante respuesta al correo electrónico expresó su interés de mantenerse informado del asunto".
El pliego de cargos que anunció la SIC por el caso Odebrecht tiene dos imputaciones más. En general, se cuestionan "varias prácticas anticompetitivas habrían sido ejecutadas, en cada caso, por algunas de las empresas y altos directivos investigados, y estarían relacionadas con el pago de un soborno a un alto funcionario del Estado vinculado con el INCO; el aprovechamiento de un conflicto de intereses; y la realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al Proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador, en violación de la regla que prohibía tales contactos con posterioridad a la apertura del proceso licitatorio”.
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La primera imputación que reseñala la SIC en su decisión tiene que ver con los sobornos que recibió el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales. Según las pesquisas de la entidad, Odebrecht habría acordado el pago de las coimas con el expresidente de Corficolombina, José Elías Melo, para quedarse con la contratación de la Ruta del Sol 2. Además, explicó la SIC, para realizar los pagos y quedar a paz y salvo, Odebrecht y sus socios en Colombia firmaron contratos falsos.
Por estos hechos, la Superintendencia formuló el cargo de pago de sobornos a Odebrecht, Corficolombiana, Episol, concesionario Ruta del Sol, y a Gabriel García Morales, Luiz Antonio Mameri, director de Odebrecht en América Latina, Luiz Antonio Bueno, exdirector de Odebrecht en Colombia, Luiz Eduardo Da Rocha, encargado del manejo de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Manuel Ricardo Cabral, empleado de la multinacional designado como Director del Contrato para el Proyecto Ruta del Sol, Yezid Arocha, director jurídico de los brasileños, y José Elías Melo, de Corficolombiana.
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La tercera imputación que anunció la SIC tiene que ver con el hecho de que Odebrecht habría propiciado y realizado contactos privados y directos (no formales) a través de sus empleados y directivos con el INCO y la Corporación Financiera Internacional (IFC). Los supuestos encuentros se habrían dado cuando ya se había iniciado los procesos de contratación para el segundo tramo de la Ruta del Sol. Según la Superintendencia, esta es una clara violación a los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva y competencia que se deben manejar en todos los procesos de este tipo en Colombia.
Para llegar a esta conclusión, la SIC tuvo en cuenta correos electrónicos y comunicaciones que mostrarían que Odebrecht y funcionarios de la IFC habrían acordado ventajas para los contratistas, violando los principios de transparencia de las empresas. Por estos hechos, el pliego de cargos es contra: Odebrecht, Luiz Antonio Bueno, Yezid Arocha, Manuel Ricardo Cabral y María Victoria Guarín, Senior Investment Officer de la Corporación Financiera Internacional.
La investigación de la Superintendencia estuvo a cargo del grupo élite contra colusiones de la entidad, durante 20 meses, en los que revisó información, declaraciones, documentos físicos, documentos y correos electrónicos que reposaban en computadores de varias empresas como Odebrecht, Corficolombiana, Episol, y el concesionario Ruta del Sol. Además, señaló la SIC, se realizaron visitas de inspección en la Procuraduría y la Fiscalía, en donde se recopilaron testimonios, especialmente los de Luiz Antonio Bueno Junior exdirector de Odebrecht en Colombia, y el de Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte y gerente encargado del INCO.
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