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Durante este 24 y 25 de mayo de 2023, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará la Audiencia Única de Aporte a la Verdad del sargento mayor (r), Gustavo Arévalo Moreno; el sargento viceprimero (r), Bernardo Alfonso Garzón Garzón, y el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez por los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
En la primera diligencia fue escuchado Bernardo Alfonso Garzón, considerado como uno de los involucrados en la toma y recuperación del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985. Especialmente, se le ha vinculado con la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco. El aspirante a comparecer se acogió a la JEP a finales de 2019, lo que en la práctica paralizó una diligencia de indagatoria que estaba prevista en ese proceso judicial ordinario.
El turno será mañana para Gustavo Arévalo Moreno. Por su parte, Óscar William Vásquez Rodríguez le manifestó a la JEP que no tiene interés en asistir a las audiencias. La diligencia de este 24 de mayo, que contó con la presencia de las víctimas, se realiza por orden de la Sección de Apelación, que revocó y condicionó el sometimiento de los tres exintegrantes de la Fuerza Pública a la JEP a que hicieran aportes tempranos, efectivos y relevantes a la verdad plena.
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Garzón Garzón no es cualquier militar dentro de la historia de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Desde 1978, el exmilitar perteneció al batallón Charry Solano –que luego pasó a llamarse Brigada 20–, y siempre estuvo ligado a tareas de inteligencia. Por eso, lo que Garzón contó en 1991 sobre el papel del Ejército durante el holocausto fue crucial.
Ante la Procuraduría, el sargento viceprimero dijo que el área de inteligencia del Ejército había secuestrado a la guerrillera del M-19 Irma Franco, la había retenido en una camioneta “condicionada para interrogatorios”, y “al parecer se encuentra muerta”. Su testimonió incluyó otro hecho no menos grave: “Conociendo las cosas que allí se pueden hacer, sé que en cualquier momento me pueden desaparecer”. Aunque años después el propio Garzón señaló que la Procuraduría lo había preparado para que dijera esas palabras, la justicia nunca investigó lo sucedido.
Sin embargo, por los vacíos investigativos y por lo que podía aclarar Garzón, la JEP aceptó escucharlo. La magistrada que lleva el caso en la Sala de Definición, Claudia Rocío Saldaña Montoya, insistió, en varias ocasiones de la audiencia, en preguntarle al Bernardo Garzón si tenía información relevante y detalles sobre las desapariciones forzadas ocurridas en la retoma del Palacio de Justicia. El exmilitar solo contestó: “No puedo aportar nada porque no estaba. Me encontraba en vacaciones (…). No tuve oportunidad de conocer absolutamente nada. Cuando me presenté ya habían sido muchos días de lo del Palacio de Justicia. No puedo aceptar absolutamente nada”.
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Durante toda la diligencia, Bernardo Garzón solo contó su trayectoria en el Ejército sin un aporte nuevo a los hechos relacionados con la violenta retoma del Palacio de Justicia. “No es este el espacio para saber qué hizo durante esos años. Es un espacio para hacer aportes a la verdad que no hayan sido trabajados en la justicia ordinaria”, le señalaba la magistrada Saldaña.
La procuradora del caso, Sandra Lucía Yepes, solicitó la exclusión de Garzón de la justicia especial. “Los hechos hablan por sí solos. Es claro, para el Ministerio Público, que están dados todos los presupuestos para que su defensa, que es lo que ha venido a hacer aquí, la haga en el escenario de la jurisdicción penal ordinaria”, expresó la Yepes.
Las víctimas solicitaron excluir a Bernardo Garzón Garzón
Germán Romero, uno de los abogados de varias víctimas del Palacio, también pidió la exclusión del exmilitar. Dijo que su papel en inteligencia militar está totalmente comprobado, así como que él era un agente de inteligencia de alto rango reconocido por sus superiores. Garzón Garzón ha dicho que no tiene conocimiento de los hechos, puesto que se encontraba en vacaciones en Cali, durante 30 días. Sin embargo, el defensor Romero dice que está probado que militares de todos los rangos fueron obligados a abandonar sus vacaciones para la retoma del Palacio.
“No necesitábamos que usted viniera a decir que sabe o no sabe, porque eso está probado. Esperábamos de usted un verdadero paso más allá”, expresó el abogado Romero. Además, señaló el sonido que hacía eco en la sala, de tambores que familiares de desaparecidos, acompañados por la Fundación Nidya Erika Bautista, tocaban en forma de protesta con carteles que tildaban al exmilitar de mentiroso, justo afuera de la JEP.
@nydia_erika ante la @JEP_Colombia ¡exigimos que los militares digan la verdad! Bernardo Garzón ¡Miente! pic.twitter.com/imkTYlL4oJ
— Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos H (@nydia_erika) May 24, 2023
En contexto: Corte Suprema inadmite demanda por la desaparición de Nydia Erika Bautista
Asimismo, Romero le recomendó a la magistrada que no solo se excluya a Garzón de la JEP, sino que envíe un mensaje contundente a la Corte Suprema de Justicia para que reactive de forma inmediata el proceso en su contra. Y que se tengan en cuenta todas las consecuencias que tiene un proceso ordinario, como las órdenes rápidas de privación de libertad.
Por su parte, el abogado Eduardo Carreño, otro defensor de las víctimas, mencionó que someter a los familiares y a ellos como defensores a las respuestas de Garzón debería tener un límite. Por ello, le solicitó a la JEP resolver pronto la situación del aspirante a comparecer, y argumentó que la actitud del exmilitar es una “burla a la justicia”.
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