El grupo de representantes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investiga al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en las cuentas de su campaña está dividido. Mientras dos de sus miembros sostienen que el primer mandatario debe ser investigado y llamado a indagatoria, otro pidió cerrar el proceso.
La propuesta de llamarlo a indagatoria quedó consignada en un salvamento de voto presentado por los representantes investigadores Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo frente a la ponencia del congresista Alirio Uribe, quien planteó un auto inhibitorio dentro del proceso. La decisión se dio tras concluir la investigación preliminar adelantada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La próxima semana, la Sala Plena de la Comisión tendrá que debatir ambas propuestas y tomar una decisión: ya sea que la investigación contra el presidente no continúe o, por el contrario, Gustavo Petro sea llamado a indagatoria por presuntamente haber recibido financiación ilegal y haber violado los topes de financiación en la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.
El pasado abril, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme la sanción contra el equipo de campaña del presidente y concluyó que sí hubo violaciones a los topes de financiación, sobrepasando el límite en COP 3.000 millones. Entre los sancionados se encuentra el gerente de la campaña, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien se encuentra en licencia, así como la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto. Todos podrían asumir una multa que asciende a COP 6.000 millones.
Además, el pasado 11 de mayo, la Fiscalía General de la Nación imputó a Ricardo Roa por el presunto delito de violación de topes electorales. Según el ente acusador, cuando se desempeñó como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022, habría permitido que se superaran los límites legales de financiación en al menos COP 1.664 millones y, además, no habría reportado varias contribuciones millonarias recibidas durante la contienda electoral. Durante la audiencia, el funcionario rechazó los cargos formulados en su contra.
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Frente a estos antecedentes, los representantes investigadores Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo señalan que es necesaria la indagación al presidente para que de su versión sobre estas posibles irregularidades. En su salvamento de voto, los miembros de la Comisión también pidieron que se ordene una “solicitud a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de la información que repose en sus archivos sobre operaciones financieras inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña presidencial de 2022″.
Por otro lado, está la ponencia del congresista Alirio Uribe, quien solicitó un auto inhibitorio dentro del proceso contra el presidente Petro. La ponencia sostiene que el aforado (Petro) no tuvo injerencia en la disposición material de los recursos. Así lo demuestran las declaraciones del propio Ricardo Roa, de la gerente de la campaña, Lucy Aidé Mogollón, y de la tesorera, Laura Sarabia Torres. Los tres explicaron a la Comisión que Petro se concentró exclusivamente en la agenda política y programática de la contienda, delegando la totalidad de la gestión financiera en la gerencia.
“El candidato no intervino en la ordenación de gastos ni en la ejecución de pagos, cumpliendo con la separación funcional que impone la normativa electoral para garantizar la transparencia”, se lee en el documento elaborado por el representante Alirio Uribe.
Ahora bien, frente al delito de fraude procesal, el representante Uribe explicó que, como las pruebas para relacionar a Petro con ese delito fueron excluidas del proceso, no había hechos que investigar. En concreto, el congresista recordó que esta conducta fue denunciada a raíz de lo que se denominó los “petrovideos”: un material audiovisual en el que, supuestamente, se escuchaban reuniones privadas de la estrategia de la campaña en 2022.
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Aunque varios denunciaron que esos audios incluían presuntos manejos ilegales del dinero de la campaña, los archivos fueron excluidos de la investigación porque nunca se logró comprobar su trazabilidad y porque fueron grabados sin autorización de los intervinientes. Además, dice la ponencia, la investigación “realizada no arroja evidencia de que el aforado investigado haya utilizado medios fraudulentos para alterar la realidad de las cuentas de campaña; por el contrario, los reportes financieros fueron avalados por auditorías externas independientes que certificaron la razonabilidad de las cifras en su momento y por el CNE, mediante resolución que ordenó la reposición de votos”.
“La investigación no ha arrojado evidencia material ni probatoria que permita afirmar que el investigado indujo en error a la autoridad electoral mediante informes mendaces”, explicó Uribe en su ponencia, en la que sostuvo que la campaña nunca mintió ni sobrepasó los topes electorales, porque todos sus ingresos y gastos fueron sometidos a un “riguroso sistema de pesos y contrapesos que incluyó auditorías internas y la supervisión técnica en tiempo real de la firma Nexia Montes & Asociados”.
De acuerdo con el representante, estos dictámenes periciales concluyeron que los estados financieros expresaban una imagen “fiel de la realidad económica de la contienda, lo que desvirtúa técnicamente la existencia de una maniobra engañosa orientada a viciar el juicio de la administración de justicia”.
Sobre los cambios que hizo la campaña en la plataforma de Cuentas Claras, los mismos que fueron utilizados por el CNE para sancionar a Roa, el representante Uribe explicó que “lejos de constituir una alteración fraudulenta, obedecieron a correcciones técnicas y operativas permitidas por el ordenamiento jurídico”.
En esa vía, la ponencia sostiene que hay pruebas periciales que también justifican la posición sobre la cual el congresista pidió cerrar el caso. Por ejemplo, una auditoría realizada por la firma Nexia Montes & Asociados, designada por el Consejo Nacional Electoral, que corroboró que el candidato no tenía acceso operativo a la cuenta bancaria de la campaña ni intervino en la ordenación del gasto.
Las únicas instrucciones que recibieron Roa y Sarabia por parte de Petro, dice la ponencia de Alirio Uribe, fueron: “Ser minuciosos con la procedencia de los recursos y no violar los topes”. Para Alirio Uribe, es claro que el entonces candidato Petro se situó en una posición de “supervisión política general, confiando la ejecución administrativa a un equipo profesional”, por lo que no hay ninguna conducta reprochable en contra del hoy presidente.
En ese contexto, la ponencia señala que, como no se logró probar que Petro hubiera aprobado actos de disposición, ordenación o manejo directo de los recursos de la campaña, “no se configura el elemento estructural del sujeto activo en cuanto al ejercicio de actos de administración, en ausencia de órdenes o control material sobre la ejecución de los gastos. En consecuencia, estamos ante un fenómeno de atipicidad”.
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