El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá que en máximo 15 días le entregue a la familia de Rosal Elvira Cely las grabaciones de las llamadas hechas a la línea de emergencias 123 relacionadas con su feminicidio en mayo de 2012. Esa instancia resolvió una insistencia que había presentado la hermanda de la víctima, quien tiene la calidad de “víctima indirecta y cotitular de la información requerida”.
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Lo que pedía Adriana Aranda Cely, hermana de Rosa Elvira Cely, era la “copia íntegra del cd que contiene la grabación en audio de las dos llamadas hechas por mi hermana” a la línea de emergencia 123 el día que fue atacada. La hermana de la víctima de feminicidio insistió ante la justicia después de que la Secretaría Distrital de Seguridad se negara a entregarle las grabaciones.
Según dijo en su insistencia, lo que quería con las grabaciones era “poder oír la voz de mi hermana y oír sus últimas palabras. Me gustaría poder oír la voz final de mi hermana”. Asimismo, expuso que “el acceso a estos audios forma parte de mis derechos a la verdad y a la reparación. Oírlas, por fuerte que sean, es algo que permite que la memoria del trauma no me ancle al pasado”.
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El Tribunal ordenó al secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá que, en un término máximo de 15 días, entregue las grabaciones a la hermana de Rosa Elvira Cely. Sin embargo, autorizó a la entidad suprimir los nombres de los funcionarios que atendieron las llamadas si ellos no dan la autorización. Asimismo, se refirió a la “confidencialidad” alegada por la Secretaría y dijo que es equivalente a invocar una reserva legal para no entregar información pública.
Por otra parte, la decisión señala que “la peticionaria es cotitular de la misma en calidad de víctima y hermana de la persona asesinada, por lo cual tiene derecho a acceder a la misma”. Además, que dado que el proceso penal terminó hace más de 13 años con sentencia ejecutoriada, no hay peligro para la investigación ni para el interés público. “Ya no constituiría daño a intereses públicos ni a personas naturales ni se pone en peligro la investigación que ya terminó, y con su entrega no se viola reserva alguna pues no comprometen derechos a su privacidad e intimidad”.
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El 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Cely, de 35 años y dedicada a la venta de minutos frente al Hospital Militar de Bogotá, fue atacada sexualmente y empalada en el Parque Nacional por uno de sus compañeros de colegio: Javier Velasco Valenzuela, condenado a 48 años de cárcel. Luego de cuatro días, el 28 de mayo de ese año, la madre soltera que estaba validando bachillerato, murió en la Clínica Santa Clara.
Los trágicos hechos de Rosa Elvira Cely llevaron a la creación de la ley que creó el delito de feminicidio, con la cual se castiga con penas más fuertes a todo aquel que asesine a una mujer por su misma condición de mujer. Según la Fiscalía, desde 2015, hay más de 700 condenas por crímenes tan atroces como el de Cely, violada y torturada en Bogotá en 2012.
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