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Un miembro del Ejército abusó de una mujer indígena en medio de los actos de violencia por parte de militares contra la población civil en Tierralta (Córdoba) la semana pasada. Así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo, asegurando que fue la misma comunidad la que confirmó los hechos. También, manifestaron que esos son casos recurrentes en la zona.
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“Lo ocurrido en Bocas del Manso a inicios de la semana anterior no es una situación aislada, son hechos reiterados en esa zona del departamento de Córdoba, así lo denunciaron sus habitantes a nuestra comisión de la Defensoría del Pueblo, que estuvo haciendo verificación de derechos humanos durante varios días en el lugar”, manifestó el defensor del pueblo Carlos Camargo este martes.
Sigue a El Espectador en WhatsAppAsimismo, expresó que “el presunto caso de abuso sexual contra una mujer indígena fue confirmado por la comunidad. A causa de lo sucedido, cuyo victimario, dicho por ella, fue un integrante del Ejército, nuestro equipo defensorial activó la ruta psico-jurídica para darle el acompañamiento necesario; además, el hecho fue denunciado en una fiscalía seccional del departamento”, afirmó Camargo.
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La comisión de la entidad que fue hasta Córdoba para corroborar los hechos y hablar con la comunidad, se reunió con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas Palestina, Llanos del Tigre, Gloria 1, Gloria 2, Sancón, Ballenas, Tucú, Gilgal, San Pablo, Bocas de Cruz Grande y Crucito. Según la Defesoría, “en las sesiones, los líderes sociales también mostraron su temor por el actuar del Ejército cuando está de patrullaje”.
De igual manera, dice la entidad, “la comunidad indígena del resguardo Alto Sinú, perteneciente al pueblo Embera Katío, también manifestó haber sido víctima, el mes anterior, de lo que serían vulneraciones a sus derechos cometidos por militares”.
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El defensor Camargo dijo que “las comunidades indicaron sentir temor cada vez que los militares patrullan. Recibimos quejas de hechos que atentan contra los derechos humanos y contrarían lo establecido en el derecho internacional humanitario (DIH). Además, nuestro equipo en terreno les brindó asesoría a personas víctimas del conflicto armado”.
En su declaración, el funcionario manifestó que lo ocurrido, que “se constituiría como violaciones a los derechos humanos en el desarrollo de operaciones legítimas hechas por agentes del Estado, sumado a la presencia de actores armados ilegales que restringen las libertades y atentan contra los derechos fundamentales de la población civil, podría generar un desplazamiento de grandes proporciones”.
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