Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Carlos Ramón González, alfil del presidente Gustavo Petro, tiene hoy una cita ante la justicia. La Fiscalía está lista para imputarle cargos por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El ente investigador le imputará tres delitos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. La diligencia arrancó este miércoles 21 de mayo, con algunas dificultades de conexión de las partes.
Además, la Fiscalía pedirá cárcel en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Sin embargo, todavía no es claro el futuro de esta petición, pues González está por fuera del país. En todo caso, el exfuncionario sí estuvo en la presentación de las partes de la audiencia.
Carlos Ramón González se presenta ante el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá
Hacia las 9:20 de la mañana de este miércoles 21 de mayo, ante el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Leonel Rogeles Moreno, arrancó la audiencia de imputación de cargos en contra de Carlos Ramón González, con algunas dificultades en la conexión virtual.
La atención estaba puesta en si el exfuncionario del gobierno Petro aparecería en la diligencia, pues desde hace varias semanas salió del país y no era claro si iba a responder el llamado de la justicia. De manera virtual, el exdirector del Dapre apareció en pantalla y se presentó ante la audiencia.
La Fiscalía arrancó la diligencia explicando que tiene pruebas suficientes para llevar ante la justicia González por su supuesta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Según el relato del ente investigador, durante el segundo semestre de 2023, “en la oficina del Dapre, González le solicitó a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, entregar a los entonces presidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, unas coimas para que respaldaran iniciativas del gobierno en el Congreso.
Según la Fiscalía, lo que en principio ofreció González fueron $60.000 millones para Name, y $10.000 millones para Calle a través de contratos de la Ungrd. Sin embargo, el fiscal del caso explicó que, como ambos estaban pidiendo los recursos con urgencia, esos montos tuvieron que ajustarse.
Por eso, explicó el ente investigador, Carlos Ramón González habría dado al orden de hacer dos pagos de menor valor: a Name entregarle $3.000 millones y a Calle $1.000 millones. La Fiscalía agregó que, por instrucciones del exdirector del Dapre, Olmedo López se reunió con los congresistas para coordinar los sobornos.
Carlos Ramón González sabía que estaba ofreciendo sobornos: Fiscalía
Para lograr el entramado ilegal, habría sido clave el papel de la entonces alta consejera para las regiones de Presidencia, Sandra Ortiz, quien coordinó un desayuno con el senador Name.
Ambos congresistas ya fueron capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia y Sandra Ortiz también cumple una medida de aseguramiento por estos mismos hechos.
“Usted sabía que ofrecía contratos y luego dinero a los congresistas para que apoyaran los procesos del gobierno en el Congreso”, sostuvo la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos. Y agregó: nada de esas conductas ilegales “tenían una causa justa”.
La Fiscalía recordó que, según las pruebas del expediente, Sandra Ortiz habría sido la encargada de entregarle la coima a Iván Name, en dos pagos que se realizaron en el apartamento del senador capturado.
Sobre el pago a Calle, el ente investigador señaló que Sneyder Pinilla, exdirector de la Ungrd, fue quien le habría entregado la coima al suspendido representante Calle en Córdoba. “Usted hizo prevalecer los intereses personales y no los generales”, le dijo la Fiscalía a González.
Durante la audiencia, el ente investigador recordó que el exdirector del Dapre, quien además fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tenía cómo saber que estaba cometiendo actos ilícitos y que estaba defraudando a quienes más necesitaban los recursos que puso en juego: víctimas de desastres naturales.
Los hechos del desvió de dinero del erario público
Sobre el delito de peculado (que no es otra cosa que la apropiación indebida o desviación de dinero del erario público por un funcionario), la Fiscalía explicó que González habría sido el encargado de dar la orden a Olmedo López de entregar a los congresistas $4.000 millones producto de actos de corrupción en la Ungrd.
Como ya lo ha dicho la Fiscalía y la Corte Suprema, ese dinero tuvo como origen contratos de la Unidad como, por ejemplo, el de la compra de 40 carrotanques para La Guajira, por un valor de $46.800 millones. Para conseguir el soborno, la Ungrd le entregó el negocio a Luis Eduardo López, quien también se encuentra procesado y negociando beneficios penales a cambio de información.
Los hechos del lavado de activos
Según la Fiscalía, Carlos Ramón González habría cometido el delito de lavado de activos, pues habría coordinado con Sandra Ortiz el transporte de la coima para el senador Iván Name. Esos hechos ocurrieron en dos ocasiones en octubre de 2023, en los que Ortiz habría transportado $1.500 millones en cada viaje.
Para llegar a esta imputación, la Fiscalía recordó que han sido claves los testimonios que han entregado Olmedo López y Sneyder Pinilla. Ambos son los testigos claves del ente investigador y de la Corte Suprema de Justicia y han entregado información, a cambio de beneficios penales.
Para la Fiscalía, Carlos Ramón González “actuó con dolo directo, en la medida que conocía los hechos constitutivos de la conducta punible. Usted sabía que ofrecía a Name y a Calle contratos y luego dinero en efectivo. A cambio de estos, apoyarían los intereses del Gobierno”.
Además, que fue él quien determinó al entonces director de la Ungrd y le ordenó, “contrariando el ordenamiento jurídico, la entrega de las coimas”.
Carlos Ramón González no aceptó los cargos
Ante la pregunta del magistrado de si aceptaba los cargos imputados, Carlos Ramón González contestó que no. “Todos son calumnias sin fundamentos”, agregó el exfuncionario ahora procesado. Aunque la Fiscalía estaba lista para pedirá cárcel en su contra, el magistrado explicó que no se podía realizar este miércoles por la carga laboral del despacho. Así, el próximo 6 de junio a las 9:00 am se llevará a cabo esa diligencia.
El Tribunal Superior de Bogotá, en audiencia virtual presidida por el Magistrado Leonel Rogeles Moreno, imputó cargos a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del DAPRE, por cohecho, peculado y lavado de activos. La próxima audiencia será el 6 de junio a las 9:00 AM. pic.twitter.com/ggkDIbmNHa
— Tribunal Superior de Bogotá (@TSB_Bogota) May 21, 2025
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.