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Un nuevo capítulo se abrió en las investigaciones que rodean a altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La Fiscalía confirmó que se encuentra indagando las cuentas bancarias, los celulares y los movimientos migratorios de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien ha sido mencionado en el expediente.
El grupo de tareas especiales del ente investigador para el caso de la Ungrd, liderado por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, analiza la información financiera del también exdirector nacional de Inteligencia en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con el objetivo de establecer si existen transacciones irregulares durante la gestión de González al frente del Dapre.
La investigación sobre el celular de González tiene que ver con su ubicación en fechas claves del proceso. Por ejemplo, el ente investigador busca verificar si el exfuncionario estuvo presente el 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, día en que se habrían cuadrado los presuntos sobornos para Iván Name y Andrés Calle, quienes para el momento fungían como presidente del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente.
Además, la Fiscalía también indaga sus movimientos migratorios, pues desde hace más de una semana que González habría salido del país por motivos de descanso. De igual manera, el grupo investigador del caso también tiene en cuenta los chats y conversaciones que sostuvo el exdirector del Dapre con Olmedo López, exdirector de la Ungrd.
Las pesquisas de la Fiscalía, con base en los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla (exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd), señalan que, por una supuesta orden de González, se habrían pactado contratos por $60.000 millones para el expresidente del Senado, Iván Name, y otros por $10.000 millones para favorecer al expresidente de la Cámara, Andrés Calle con el fin de que ambos agilizaran el trámite de las reformas del Ejecutivo en el Congreso.
No obstante, esos convenios nunca se materializaron y, en su lugar, se habrían entregado unos presuntos sobornos de $3.000 millones para Name y de $1.000 millones para Calle. Para cumplir ese cometido habría sido clave la participación de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y cercana tanto a Name como a González por la militancia de los tres en el partido Alianza Verde. Ortiz es la más alta ficha del gobierno en ir a prisión por estos hechos.
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