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Los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, se convirtieron en los primeros congresistas salpicados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en ir a prisión. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia le confirmaron a El Espectador que la Sala de Instrucción del Alto Tribunal ordenó la captura de los congresistas por los delitos de cohecho y peculado, en medio de las investigaciones que se adelanta por su supuesta participación en el saqueo a las arcas de la entidad.
El magistrado Francisco Farfán adelanta la investigación en contra de los políticos. Busca determinar si el senador Iván Leonidas Name, del Partido Verde, y el representante a la Cámara Andrés David Calle Aguas, del Partido Liberal, recibieron $4.000 millones a cambio de apoyar las reformas del gobierno Petro durante su trámite en el Congreso. En particular, se indaga si estos dineros habrían servido para impulsar la reforma a la salud y la reforma pensional, ambas iniciativas claves para el actual gobierno.
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema reunió información recolectada por la Policía Judicial, declaraciones obtenidas directamente por el magistrado Farfán y pruebas previamente recaudadas por la Fiscalía. A partir de este conjunto de elementos, el despacho concluyó que existían fundamentos suficientes para abrir una investigación formal en contra de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, lo cual dio paso a ordenar sus capturas, este 7 de mayo.
Un testimonio clave en este proceso es el de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, quien aseguró que en 2023 se repartieron $4.000 millones provenientes de actos de corrupción dentro de esa entidad. Según su relato, él mismo entregó esos dineros: $3.000 millones para Iván Name y $1.000 millones para Andrés Calle.
Las entregas se habrían realizado entre septiembre y octubre del año pasado, luego de varias reuniones en las que también habrían participado Olmedo López, entonces director de la Ungrd; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quien también se encuentra en prisión por este caso.
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Pinilla señaló que los recursos para los pagos salieron de un contrato con sobrecostos, destinado a la compra de 40 carrotanques que debían llevar agua potable a La Guajira, pero que actualmente están fuera de servicio. Al parecer, parte de ese dinero se habría utilizado para financiar campañas políticas de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023.
El caso en el alto tribunal arrancó en julio del año pasado, cuando la Sala de Instrucción recibió una compulsa de copias de la Fiscalía por las pesquisas del ente investigador sobre las presuntas irregularidades en la Ungrd, en las que aparecían los nombres de algunos políticos.
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Los documentos y pruebas que llegaron desde la Fiscalía dieron pie para que la Sala de Instrucción abriera varios casos, que actualmente están repartidos en tres despachos. Por su parte, el magistrado Misael Rodríguez adelanta las averiguaciones sobre la presunta participación en la red de corrupción de los congresistas Juan Pablo Gallo Maya, Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
Estos últimos hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y también resultaron salpicados en el entramado de corrupción, por presuntamente haber negociado contratos a cambio de destrabar unos concepto emitidos por el Ministerio de Hacienda y los proyectos del Ejecutivo. Una red de corrupción que ya involucra a varios altos funcionarios.
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