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La Fiscalía anunció este miércoles 14 de mayo una nueva imputación en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El ente investigador está listo para vincular oficialmente a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Con esta decisión, González se convierte en el funcionario del gobierno Petro de más alto rango en ser procesado por este escándalo. Además de imputarle cargos, la Fiscalía anunció que pedirá medida de aseguramiento en su contra. Aunque todavía no hay fecha para la audiencia, la petición de la Fiscalía ya llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que definirá la hora y fecha.
Según las pesquisas del ente investigador y de la Corte Suprema de Justicia, González habría sido determinante en las órdenes que salieron de Presidencia para, supuestamente, sobornar a los presidentes del Congreso, el senador Iván Name y el representante a la Cámara, Andrés Calle, quienes fueron capturados por orden del alto tribunal el pasado 7 de mayo.
Lo que han contado testigos del caso es que González y otros altos funcionarios de la Presidencia habrían dado la orden de entregarle millonarias sumas de dinero a los congresistas capturados así: a Name $3.000 millones y a Calle $1.000. Según la Corte Suprema, estas dádivas habrían servido para que los ahora suspendidos congresistas impulsaran y apoyaran reformas claves para el gobierno, como la pensional y la del sistema de salud.
Los dos testigos claves de la Fiscalía en este proceso han dado detalles de la presunta participación de González en este entramado criminal. Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Gestión para el Manejo de Desastres, señalaron que uno de los episodios clave que compromete a este hombre de confianza del presidente Petro —a quien conoce desde sus días en la guerrilla del M-19— es una reunión de septiembre de 2023.
En ella, según el testimonio del exdirector de la Ungrd, González habría dado la instrucción de entregar un soborno de $3.000 millones al congresista hoy detenido. La investigación contra Name y Calle, adelantada por la Sala de Instrucción, incluye evidencia que vincula a González con estas actuaciones ilícitas, en complicidad con una antigua aliada: Sandra Ortiz, entonces Consejera Presidencial para las Regiones.
Esta exfuncionaria, ahora tras las rejas, está acusada de haber entregado personalmente la millonaria suma a Name en su residencia en Bogotá, además de gestionar un soborno de $1.000 millones destinado a Calle en Montería (Córdoba). Sobre esa reunión de septiembre, López le aseguró a la Fiscalía que fue González quien le ordenó ofrecer los sobornos a los expresidentes del Senado y la Cámara.
Más allá de las sospechas por su supuesta implicación en estos sobornos, Carlos Ramón González también estaría vinculado a los llamados “cónclaves”, mencionados por Olmedo López ante la Fiscalía. Hace dos semanas, la investigación dio un paso importante: la Corte Suprema de Justicia avaló un conjunto clave de pruebas recopiladas por la fiscal María Cristina Patiño.
Este material, que la defensa de González intentó excluir del caso, incluye registros de llamadas, movimientos financieros, migratorios y digitales, además de grabaciones de cámaras de seguridad en la Casa de Nariño, que podrían ser decisivas. Estas grabaciones serían fundamentales para comprobar un encuentro en la oficina de González con Sandra Ortiz y Olmedo López, en el que, supuestamente, se dio la orden de sobornar a Iván Name.
En su testimonio ante la Corte, González negó haber dado esa instrucción, pero reconoció su cercanía con Ortiz y Name, con quienes compartió militancia en el Partido Verde. Para los magistrados, esa amistad previa también sugiere que ambos exfuncionarios del Ejecutivo tenían razones de peso para buscar el apoyo del senador en los proyectos del gobierno.
“No resultaba bien visto que, siendo del mismo partido, González y Ortiz no lograran sumar a Name”, expresó la Corte. Desde hace varios meses, González salió del país. Aunque primero dijo que su destino era Costa Rica y otros países de Centroamérica, el exdirector del Dapre ahora estaría en España y todavía no es claro si va a dar la cara en este llamado de la justicia.
Su abogado, Iván Cancino, señaló en entrevista en Blu Radio que su cliente ha respondido a todas las audiencias citadas por la Fiscalía y que “no se ha volado”. Ahora bien, aclaró: “Las decisiones personales que tome él sobre si se queda o vuelve, si pide o no pide asilo, en este momento las desconozco y no las hemos contemplado porque estamos absolutamente seguros y tranquilos de que, si se obra solamente con un componente jurídico, hoy no habría la más mínima posibilidad de imputarle cargos a Carlos Ramón González”.
En todo caso, la Fiscalía sostiene lo contrario y dice estar lista para vincular penalmente a este alfil del gobierno Petro al peor escándalo de corrupción que haya tocado a la Casa de Nariño. La noticia de su imputación se conoce un día después de que el ente investigador anunciara otras ocho imputaciones dentro de este mismo expediente.
El pasado 13 de mayo, se conoció que la Fiscalía le imputará cargos a otro hombre cercano del presidente, César Manrique, y a otras siete personas, por la presunta desviación de recursos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la Ungrd. Manrique, exdirector de Función Pública, habría ordenado transferir ilícitamente $100 mil millones a la Unidad para que terminaran en bolsillos de terceros.
Todos los implicados han dicho que nada tienen que ver es los señalamientos que han hecho testigos en el expediente. Sin embargo, ahora tendrán que sostener su inocencia en los estrados judiciales.
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