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Hacia las 9:40 de la mañana de este jueves 8 de mayo arrancó la audiencia de imputación de cargos contra María Alejandra Benavides, quien fuera la mano derecha en el Congreso del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Los hechos por los que tendrá que responder esta exfuncionaria del gobierno tienen que ver con el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
María Alejandra Benavides es imputada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía arrancó la audiencia, aclarando que imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos y no el de tráfico de influencias, como había informado el pasado 24 de abril de 2025.
La fiscal encargada del caso, María Cristina Patiño, tomó la palabra para identificar a la indiciada y explicar que los hechos por los que es investigada María Alejandra Benavides ocurrieron entre julio de 2023 y marzo de 2024.
Según la investigadora, “Benavides se interesó indebidamente” en la firma de varios contratos que habrían exigido congresistas miembros de la Comisión de Crédito Público del Congreso, al parecer a cambio de sus votos a favor de millonarios préstamos que necesitaba el gobierno Petro.
El exministro Ricardo Bonilla dio la orden: Fiscalía
La fiscal Patiño fue clara: el exministro Bonilla le dio la orden a Benavides de recibir los proyectos de interés de los congresistas para garantizar su participación en los debates para aprobar los créditos.
De acuerdo con los detalles de la investigación de la Fiscalía revelados durante la audiencia, los congresistas que habrían pedido los contratos a cambio de sus votos son: Karen Manrique, Julián Peinado, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz Cabrera (este último ya no es parlamentario). Todos ya rindieron indagatoria por la Corte Suprema de Justicia.
La fiscal Patiño agregó que Benavides sostuvo varias reuniones con el exministro Ricardo Bonilla, algunas de ellas, incluso, con el también exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en las que los altos funcionarios del gobierno supieron del avance de la firma de los negocios exigidos por los congresistas y del interés indebido en esos contratos de todos los mencionados.
Además de estos dos exalfiles de la administración Petro, la Fiscalía aseguró que en este entramado ilegal también participó Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Presidencia en el Congreso, quien fue clave para la firma de los contratos con los recomendados de cada congresista.
La investigación de los representantes del búnker confirmó que, en todo momento, el exministro Bonilla estuvo al tanto de todos los movimientos de los congresistas y Benavides y de la presión que los primeros ejercieron sobre la segunda para gestionar los contratos que exigían a cambio de sus votos.
Como ya se sabe, esos proyectos estaban localizados en tres municipios: Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Para concretar los contratos, la Fiscalía señaló que, desde el comienzo de estas gestiones ilegales, quedó claro que todo tenía que tramitarse a través de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La fiscal Patiño aseguró que en una reunión en diciembre de 2023, el exministro Bonilla le aclaró a Benavides que todo lo debía tramitar con Olmedo López, entonces director de la Unidad. Este último designó la tarea a su exdirector del Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla. Ambos ya aceptaron cómo funcionó este esquema de corrupción y son testigos claves de la Fiscalía.
La Fiscalía insistió durante su intervención que el delito de interés indebido en la celebración de contratos, al parecer perpetrado por María Alejandra Benavides, ocurrió mientras ejerció como asesora del despacho del exministro Bonilla.
Además, que todos, incluido su exjefe y el exministro Velasco, sabían lo que estaba ocurriendo entre la Ungrd, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Todos ellos han insistido en que nada ilegal ocurrió entre julio de 2023 y marzo de 2024 y que su actuación estuvo siempre apegada a la ley.
Jueza del caso avala la imputación
La Contraloría y la representación de víctimas acreditadas, en este caso, la Ungrd, y la jueza del caso pidieron varias aclaraciones a la fiscal. En especial, para aclarar si hubo apropiación de recursos públicos. La respuesta de la Fiscalía fue contundente: “No hubo apropiación de recursos públicos”.
Luego de resolver la duda, la jueza del caso explicó que lo anunciado por la Fiscalía fue claro y estuvo bien sustentado, por lo que decidió avalar la imputación.
María Alejandra Benavides no aceptó el cargo imputado
A continuación, la jueza le explicó a María Alejandra Benavides que, ya vinculada formalmente a la investigación penal, tenía dos opciones: aceptar el cargo imputado o negarlo. Ella contestó: “No aceptó los cargos porque estoy adelantando un principio de oportunidad con la Fiscalía”.
Como lo reveló este diario, Benavides lleva varios meses negociando con la Fiscalía para recibir beneficios en su proceso penal. En medio de esas conversaciones, la exasesora ha entregado información clave para probar cómo se gestó este entramado ilegal y la supuesta participación de altos cargos de la Presidencia, como los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Con esa imputación, se despeja el camino para que esa colaboración se concrete en el principio de oportunidad que busca firmar Benavides con la Fiscalía.
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