Este martes 7 de abril, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra de los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La diligencia se adelantó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Bonilla y Velasco son los dos exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro de más alto nivel en estar procesados judicialmente por cuenta del escándalo de corrupción que también ha salpicado a varios congresistas. Según la Fiscalía, ambos hicieron parte de una “organización delincuencial” que habría intentado comprar al Congreso con contratos y coimas, a cambio de destrabar la discusión de los proyectos del Gobierno en el Legislativo.
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El 1 de diciembre de 2025, ante el despacho de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó a los dos exministros por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Además, por orden de la togada, fueron enviados a medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.
Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, los exfuncionarios lideraron una red de corrupción para destrabar proyectos del Ejecutivo en el Congreso, ofreciendo a congresistas la entrega de contratos por más de COP 612.000 millones. Pero no solo habrían negociado con recursos de la Ungrd, sino también del Instituto Nacional de Vías (Invías). Los exministros resultaron salpicados en el escándalo de corrupción tras las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, y de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
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En su imputación, la Fiscalía documentó que Bonilla y Velasco habrían comprometido la entrega de 74 proyectos del Invías, por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Esos contratos, que sumaban más de COP 612.000 millones, estaban dirigidos a congresistas de las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Senado, las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes y la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CIPC).
Para el ente investigador, Velasco y Bonilla “lideraron, promovieron y dirigieron la organización criminal”. Además, habrían dado órdenes, coordinado reuniones y verificado los proyectos que se movían en el Invías y la Ungrd, para asegurar que fueran a dar a manos de los congresistas. Según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, los exfuncionarios “se enfocaron en satisfacer intereses individuales” y habrían ordenado “aceitar” con contratos a congresistas, para asegurar sus votos favorables a las reformas sociales del gobierno y millonarios préstamos para la Nación.
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Aunque en principio la Fiscalía pidió medida de aseguramiento domiciliaria para los dos exfuncionarios del gobierno Petro, en diciembre pasado la magistrada Rosero Baquero ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. Bonilla fue enviado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), ubicado al norte de Bogotá. Y Velasco permanece en la Escuela de Carabineros de Cali (Valle del Cauca).
El abogado Alejandro Carranza, quien defiende al exministro Bonilla, se pronunció tras la radicación del escrito de acusación. “Al tener conocimiento de que, del 1 de diciembre, fecha de la imputación, a la fecha, han transcurrido más de 120 días, la Fiscalía procedió a radicar la acusación vencida, informando a la magistrada que la causal se ha subsanado y que se debe mantener la privación de la libertad del profesor Ricardo Bonilla. ¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía General de la Nación en este asunto?”, cuestionó el jurista. Ahora le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia estudiar los más de 280 folios que tiene el expediente.
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