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En la mañana de este lunes 22 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que desde la Oficina Central de Interpol, con sede en Lyon (Francia), fue emitida la circular roja en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la presidencia de la República (Dapre). El exfuncionario y amigo cercano del presidente Gustavo Petro está asilado en Nicaragua, pero ahora tendrá que responder ante la justicia colombiana.
González, quien el 21 de mayo de este año había sido imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros, salió de Colombia en noviembre de 2024. Para entonces, las autoridades ya le seguían la pista por ser, al parecer, el cerebro detrás del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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En noviembre de 2024, el exdirector del Dapre salió de Colombia. En principio, no se sabía cuál sería su paradero; sin embargo, luego se supo, por medio de la VPN de su computador, que estaba en Managua (Nicaragua). Aunque en ningún momento la defensa del amigo del presidente confirmó esa información, el pasado 14 de agosto se conoció que el 21 de mayo, el mismo día de su imputación, Nicaragua le renovó la residencia en ese país.
La noticia causó revuelo pues, al parecer, funcionarios de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua, habrían mediado para que ese trámite se diera en tiempo récord. Aunque hasta el propio presidente ha negado esos señalamientos, la Procuraduría ya adelanta una investigación para determinar qué sucedió. Un par de días después, el país centroamericano le dio asilo político a González, lo que complicó aún más su retorno a Colombia.
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¿Quién es Carlos Ramón González?
El otrora alfil del presidente Gustavo Petro y uno de los hombres más cercanos a él en la Casa de Nariño tiene orden de captura en Colombia, pues las declaraciones entregadas a la Fiscalía por los otros implicados en el entramado de corrupción de la Ungrd señalan que él sería el cerebro detrás del desfalco a la entidad pública encargada de atender desastres y emergencias.
Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd y quienes hoy colaboran con la justicia luego de negociar beneficios jurídicos, lo han señalado directamente. Según las versiones de los exfuncionarios, de González directamente habría salido la orden de entregar dádivas a congresistas para abrirle camino a los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso.
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Entre lo que Olmedo López ha declarado ante las autoridades, está una supuesta reunión de septiembre de 2023 en la que se habría concretado el pago de coimas a congresistas. El exdirector de la Ungrd ha dicho que en ese encuentro, González dio la orden de entregarle $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, como soborno para que destrabaran las reformas pensional y a la salud.
Esa declaración ante la justicia hizo que aparecieran otros dos nombres claves en el expediente: Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y capturado el pasado 7 de mayo, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y hoy privada de la libertad en una guarnición militar de Bogotá, por su presunta participación en el entramado de corrupción.
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Según ha señalado López, la orden de González de entregar los sobornos a Name y Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, la habría hecho efectiva Ortiz. Las declaraciones del exdirector de la Ungrd la señalan de haberle entregado los $3.000 millones a Name en un apartamento en Bogotá y de gestionar un soborno extra, de $1.000 millones, que se le habría entregado a Calle en Montería (Córdoba).
Con el anuncio de la imputación del exdirector del Dapre, en mayo de este año, esa versión entregada por López, y corroborada por Pinilla, cobró mayor importancia para la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo que las pruebas recolectadas por la Sala de Instrucción de la Corte, que permitieron las capturas de Name y Calle, y por María Cristina Patiño, fiscal del caso, y que la defensa de González había pedido no tener en cuenta.
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La Corte Suprema negó las pretenciones de la defensa de González y le dio aval a esas pruebas, entre las que hay registros de comunicaciones, rastreos financieros, migratorios, digitales y geográficos, y un elemento clave: las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, que darían cuenta de la reunión de septiembre de 2023 entre González, Ortiz y López, las caras más visibles del escándalo de corrupción.
Pese a que González negó en su momento ante la Corte Suprema haber dado las órdenes por las que será investigado, la justicia ha encontrado cada vez más razones para creerle a López y Pinilla, los testigos estrella del caso, e intentar comprobar su responsabilidad. Esa es una de las razones por las que la circular roja de Interpol era clave para lograr la captura de González, que regrese al país y comparezca por su presunta participación en el escándalo de corrupción.
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