El año judicial empieza con noticias. Hoy termina la vacancia judicial y la semana comenzará con movimientos en uno de los expedientes de corrupción más importantes en lo que queda del gobierno de Gustavo Petro: el de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Si todo sale como está planeado, el próximo martes 14 de enero, ante un juzgado de Bogotá, se conocerán detalles del proceso de negociación que adelanta la Fiscalía con los dos principales testigos y además confesos responsables de hechos delictivos: Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres. Mientras se conocen esos detalles, la Corte Suprema de Justicia sigue con sus averiguaciones sobre la presunta participación de congresistas en este entramado criminal.
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Una de las investigaciones más avanzadas dentro del alto tribunal es la que tiene en el blanco a los expresidentes del Congreso: el senador Iván Name Vásquez y el representante a la Cámara Andrés Calle Aguas. Dentro de las pesquisas que ordenó la Corte para verificar los hechos que tienen en aprietos judiciales a ambos congresistas está la de escuchar en declaración jurada a dos altos funcionarios del gobierno Petro involucrados en este escándalo: Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), y a Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones. Por ahora ella es la única persona cercana al presidente presa y vinculada formalmente a una investigación penal. El Espectador conoció ambos interrogatorios ante la Sala de Instrucción del alto tribunal.
El primero en contestar las preguntas de la Corte fue Carlos Ramón González. Su declaración ocurrió el 20 de mayo, cuando el escándalo apenas estaba empezando y Olmedo López y Sneyder Pinilla seguían negociando beneficios con la Fiscalía, mientras que ante medios de comunicación iban dando declaraciones a cuentagotas de lo que estaban revelando en el búnker. Para ese momento los exdirectivos de la Ungrd ya habían mencionado que, dentro del esquema de corrupción que desvió dinero del Estado a cuentas personales de funcionarios públicos y otros contratistas, supuestamente habían participado Name y Calle. En concreto, a través de dos pagos: uno de $3.000 millones al expresidente del Senado y otro de $1.000 millones para la cabeza de la Cámara de Representantes.
Según los testigos, el dinero serviría para que ambos congresistas apoyaran reformas del Gobierno, como la pensional y la del sistema de salud, que vivían momentos críticos en el Congreso. Carlos Ramón González fue interrogado por la Corte Suprema para entender cuál pudo haber sido su papel para supuestamente convencer a los congresistas para que apoyaran esos proyectos políticos. Su papel no era menor: no solo era el director del Dapre, sino que, por su trayectoria política, tenía contactos que podían servir para interceder a favor del Gobierno. En especial, con conversaciones con Iván Name, pues ambos se conocieron hace años en el Partido Verde, González como fundador y miembro de la junta directiva, y Name, desde 2010, como miembro de ese partido político.
“Conozco a Name y a Calle como personas honorables”, comenzó Carlos Ramón González su declaración. Luego de dar detalles de cómo conoció a ambos en labores políticas, explicó: “Mi labor en el Dapre fue odiosa. Cogí fama en el Congreso de no atenderlos. No quería quitarle esa vocería al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Por eso me gané más de un improperio por parte de los congresistas, pero esa fue mi decisión política. Por eso también tuve muy escasas conversaciones con los que me fueron a buscar a la oficina”. No obstante, sobre su cercanía con Name, aclaró que sí se reunió con él en varias ocasiones, que además gestionó un encuentro protocolario entre él y el presidente Petro, pero que el senador siempre fue “un férreo opositor de las reformas del Gobierno”.
Es más, González le explicó a la Corte que entre el expresidente del Senado y el ahora exministro Velasco había una relación tensa por desencuentros en temas de política. “Como vi que eso estaba complicado, entre Name y Velasco, ahí fue cuando le pedí al senador Name que habláramos, y me atendió dos veces en su oficina en la presidencia del Congreso. En ambas ocasiones fue para lo mismo: preguntarle cómo iban las reformas, porque todo el mundo decía que Name era el que se oponía al avance, y él siempre me dijo que, mientras no hubiera consenso en las bancadas, no iba a poner el tema a votación. Fue la única vez que intervine para el tema de las reformas. No había ambiente para más reuniones con Name”, puntualizó González sobre el tema.
Carlos Ramón González contestó a todas las preguntas que le hizo el alto tribunal. Incluso, las que no lo dejaron tan bien parado. La Sala de Instrucción quiso entender cuál fue su rol como director del Dapre sobre la Ungrd. La razón: es una entidad que depende del Departamento Administrativo de la Presidencia y, como el desvío del dinero y contratos para coimas nació en sus entrañas, González podía dar luces sobre lo que pasó.
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No obstante, el exfuncionario declaró que nunca tuvo nada que ver con la gestión de la Unidad y que lo único que sabía era de unas reuniones que se realizaban en su dependencia para supervisar que el presupuesto se estuviera ejecutando. Añadió que a esas reuniones estaba citado Olmedo López, pero que solía no asistir y enviaba a sus delegados.
La Corte insistió en por qué el Dapre nunca supervisó el trabajo de la Ungrd, ni siquiera en temas de La Guajira, que eran prioridad del Gobierno y en donde, además, ocurrió el primer hecho de corrupción que conoció el país: la compra con sobrecostos de carrotanques de agua. “Nunca interactué con Olmedo López para sacar adelante esos proyectos. Tenía un manejo muy institucionalizado y distante del detalle de la ejecución. A mí me tocaba estar pendiente de la agenda del presidente (...) No tengo ni la más mínima idea sobre la gestión de la Ungrd. Nunca estuve por allá”, confesó González. La Procuraduría también le insistió sobre el tema, pues no estaba muy clara la explicación de por qué el Dapre bajo su mandato no vigiló qué estaba haciendo la Unidad.
“¿Usted leyó el manual de funciones del director del Dapre antes de posesionarse?”, le preguntó el Ministerio Público. “La verdad, leí el decreto de mis funciones. No leí el manual”, contestó González. Cuando el exdirector del Dapre contestó el cuestionario de la Corte todavía era director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y poco se sabía de su presunta participación en el entramado criminal. Su panorama cambió hacia julio pasado, cuando la Fiscalía les imputó cargos a Olmedo López y Sneyder Pinilla, y dio los primeros detalles oficiales de lo que ambos procesados le contaron a la justicia de González: que habría sido uno de los altos funcionarios del gobierno Petro que estuvo detrás de la orden de repartir sobornos y contratos a congresistas para que votaran a favor de los proyectos del Ejecutivo.
No habría sido el único. Según los testigos López y Pinilla, también habrían participado el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y la exalta consejera Sandra Ortiz. Sin excepción, todos han jurado su inocencia, todos ya están por fuera del Gobierno y la única que está procesada es Ortiz. Su turno para hablar en la Corte fue el pasado 14 de junio, pero su declaración no fue tan fluida como la de González. De entrada hubo un problema: trató de guardar silencio ante las preguntas del alto tribunal, lo que desató una discusión jurídica en la que participaron casi todos los presentes en la audiencia. Lo que explicó su abogado fue que, al contestar dónde vivía en Bogotá, Ortiz podía autoincriminarse y que por eso no estaba obligada a contestar.
Ortiz continuó: “Aquí vinieron estos dos tipejos, discúlpeme, señor magistrado, a guardar silencio, ¿por qué no puedo hacerlo yo también? Yo le hablo con todo corazón: yo no tengo nada que ocultar. Soy una mujer decente con 15 años sin ninguna investigación”. Sin embargo, la Sala de Instrucción fue clara y explicó que, si bien no estaba la declaración de López, la situación de Ortiz era muy diferente a la de ellos y que no estaba haciendo preguntas que pudieran comprometerla, sino de pura referencia, por ejemplo, el lugar de residencia en Bogotá. Así, el interrogatorio continuó y contestó: primero en un apartamento en el barrio Rosales y luego en las dos sedes del hotel Tequendama (el lugar donde, al parecer, habría ocurrido el pago al senador Name).
La Sala de Instrucción le preguntó sobre cómo se enteró de que había sido mencionada en medio del escándalo de corrupción, y contestó que por medios de comunicación y que todo “fue muy sorpresivo”. Preguntada por la Corte, Ortiz explicó que trabajó muy cerca de la Ungrd, en especial en temas de La Guajira, pues ella había sido la designada por el Gobierno para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional que, en 2017, declaró que la situación en ese departamento era una violación sistemática de derechos humanos y decretó lo que en derecho se llama un Estado de Cosas Inconstitucional. No solo fue en La Guajira que se cruzó con la Unidad, sino en todos los otros departamentos donde había desastres, por ejemplo Nariño, Chocó y Cauca.
La exalta consejera dijo que sí conocía a López y a Pinilla, pero que siempre tuvo una relación complicada con el primero, pues no solía contestar el celular. Sobre Carlos Ramón González e Iván Name, Ortiz le explicó a la Sala de Instrucción que tiene una relación de amistad con ellos desde hace varios años, pues todos militaron bajo las banderas del Partido Verde. Además, dijo apreciar a la hija del expresidente del Senado, María Clara Name, y que sí intentó acercar al congresista a las reformas del Gobierno sin ningún éxito. Aunque luego se corrigió, la exalta consejera presidencial soltó la siguiente frase, confesando el alcance de su trabajo en el Congreso: “Le gasté tiempo en desayunos, almuerzos y comidas tratando de hablar con él. Nunca le había hecho tanto “lobby” a un hombre (risas)”.
Sobre la problemática reunión con Name en el Tequendama, en la que ella habría sido la emisaria de los $3.000 millones para el senador, Sandra Ortiz Nova guardó silencio, igual que ante la pregunta sobre si alguna vez habló con Carlos Ramón González sobre los nombres y hechos que estaban entregando Olmedo López y Sneyder Pinilla en la Fiscalía. Antes de acabar su declaración, la exalta funcionaria dejó claro que sí hubo alertas de corrupción que le hizo saber al exdirector del Dapre, pese a que él lo negó ante el alto tribunal. Ortiz cerró su testimonio diciendo que se arrepentía de haber renunciado a su cargo en el Gobierno, que lo hizo solo para proteger al presidente Petro, pero que ahora teme por su seguridad y por la de su familia. “Yo solo pensé en el presidente. Me he debido quedar”, concluyó.
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Ortiz está recluida en una celda de la Estación de Carabineros de la Policía en Bogotá, a la espera de que la Fiscalía avance en el llamado a juicio en su contra. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema también trabaja sin descanso para resolver la situación jurídica de los dos expresidentes del Congreso que juran su inocencia. Estas decisiones podrían ser las primeras en conocerse en este año preelectoral y de altísima tensión para el gobierno Petro, mientras que el ente investigador termina de darles las últimas puntadas a nuevas imputaciones que tienen en el blanco a fichas claves del presidente Petro.
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