Una juez de control de garantías de Bogotá avaló la solicitud de la Fiscalía para aplicar el principio de oportunidad al contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, investigado por su participación en el robo de recursos públicos al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este 4 abril también se conoció la condena de 5 años y 8 meses de prisión contra Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad, y el primer condenado por el escándalo de corrupción.
Con esta decisión, el proceso penal en contra de López Rosero será suspendida por un período de tres años, mientras el empresario colabora con la justicia y entrega información relevante sobre el entramado de direccionamiento contractual y apropiación indebida de recursos públicos que compromete a otros funcionarios y congresistas del Gobierno. Este acuerdo fue aprobado por una juez penal especializada de Bogotá y se encuentra a la espera del respectivo pronunciamiento de sentencia.
De acuerdo con la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el empresario nariñense López Rosero habría recibido información privilegiada sobre procesos contractuales de la Ungrd, lo que le permitió ajustar propuestas y cotizaciones para beneficiar a sus empresas. Gracias a ese favorecimiento, logró adjudicarse contratos para el suministro de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, camiones de bomberos y materiales de construcción en distintas regiones del país. A cambio, pagó sobornos y se apropió de recursos públicos.
Además del principio de oportunidad, López Rosero firmó un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. También se comprometió a reintegrar $7.722 millones, correspondientes a los recursos desviados.
Lea: Con recursos de la Ungrd: así busca reparar “el Pastuso” a la propia Unidad
En el amplio entramado de todos los contratos corruptos de la Ungrd, la Fiscalía se centró únicamente en una línea específica de la investigación: el contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira, el cual presenta la mayor cantidad de evidencia recopilada hasta el momento.
Este contrato, suscrito por $46.800 millones, dejó un presunto sobrecosto de $14.163 millones, según determinó el ente acusador. La investigación apunta directamente a Olmedo López (exdirector de la entidad), Sneyder Pinilla (exsubdirector) y al contratista nariñense Luis Eduardo López Rosero, el Pastuso.
La fiscal Andrea Muñoz sostuvo durante varias semanas reuniones con los tres señalados, en las que recabó sus versiones sobre el funcionamiento del esquema de corrupción. Según explicó, de los sobrecostos detectados habrían salido el dinero apropiado por los implicados y también los presuntos sobornos entregados a los expresidentes del Congreso: Iván Name, entonces presidente del Senado, y Andrés Calle, quien ocupaba la presidencia de la Cámara de Representantes. Ambos fueron mencionados meses atrás por su presunta participación en maniobras para favorecer las reformas del Gobierno Nacional.
De acuerdo con la información obtenida por la fiscal Muñoz y sustentada con las declaraciones de los exfuncionarios y el contratista López, los pagos irregulares habrían sido posibles gracias a una orden directa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mediante la cual se adicionaron $700.000 millones al presupuesto de la Ungrd en 2023. De esa suma, al menos $100.000 millones se habrían destinado al contrato de los carrotanques y otros convenios relacionados.
Le recomendamos: Los detalles de la imputación contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y el “Pastuso”
La adjudicación de ese contrato a Impoamericana Rogers S.A.S., firma propiedad de López Rosero, fue el punto de partida para la presunta repartición de dineros públicos. Según la Fiscalía, Olmedo López recibió $724 millones, Sneyder Pinilla $342 millones y el mayor beneficiario habría sido Luis Eduardo López, con un total de $7.821 millones.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
